jueves, 28 de febrero de 2013

Pueblos a la intemperie


Diario de León, ernesto escapa 28/02/2013.- Los ruidos crecientes del guirigay político, donde no pasa un día sin su escándalo, van dejando de lado y como al descuido la reforma local, cuyos trazos conocidos muestran su vertiente más facinerosa en la provincia de León. Aunque, de momento, nadie repara en lo esencial, que es el destino de ese patrimonio comunitario gestionado durante siglos por las Juntas Vecinales. Los montes, los espacios comunales, los recursos naturales, la caza, los templos, las antiguas escuelas recicladas como centros de reunión y convivencia. Pero no sólo eso. Los trabajos de mantenimiento, mediante hacenderas, del sistema de regadíos, de los caminos y cunetas, de las sendas, el repaso de los tejados, la limpieza de los montes. ¿Qué saben de todo eso en los gatuperios funcionariales?

Le han visto el rédito a la puja de los montes, de la caza, de la explotación micológica y han hecho números con su subasta centralizada, sin reparar en que todo ello, sin los cuidados cercanos, es pura cisquera. Los fuegos acabarían de inmediato en el primer verano con ese manto natural que ahora arropa el entorno de los pueblos. O son muy necios o tienen que darse cuenta. Es verdad que no podemos fiar mucho a la labor mediadora de nuestros representantes, porque tanto procuradores como diputados o senadores padecen olvidos transitorios que les duran cuatro años. Pero alguien tendrá que advertir a los proyectistas de este atropello que la coexistencia en nuestro territorio de entidades menores y municipios, cada cual con su gobierno, es un signo de madurez democrática.

Si los gestores públicos, a la hora de legislar, leyeran algo que no fuera la pragmática recadería de sus consultores, habrían advertido que la estructura administrativa básica de León no es el resultado de un capricho, sino la consecuencia de un poblamiento singular, muy bien estudiado por geógrafos como Martín Galindo o juristas como Azcárate, López Morán y Posada. No son estudios exóticos: la mayoría están publicados en la colección Administración y Ciudadano del ministerio de Montoro. Pero ahí no van a mirar, porque esos autores no facturan y aquí ya sólo cuenta quien aplica una tarifa desmedida. Tampoco cabe esperar mucho de nuestros parlamentarios, que se limitan a darle al botón y embaular.

Lo que vamos conociendo del anteproyecto Montoro para la administración local no es la reforma que necesita este grave problema de la estructura pública. Embiste a ciegas contra la base municipal, mientras consolida y refuerza unas diputaciones que después de doscientos años olvidan a menudo cuáles son sus obligaciones y dónde no pintan nada. Y todo porque Rajoy empezó su carrera en la Diputación de Pontevedra. Cuando el Aznar autonómico recaló en el gobierno de España, concedió de inmediato la gestión del tráfico a Cataluña y la prórroga indefinida al concierto vasco, convirtiendo en eterna la excepción fiscal transitoria. Pero la semana no agota sus traspiés con estos excesos. También se ha sabido que el ministerio de Soria niega ahora el pago de las subvenciones al carbón a los empresarios leoneses del sector. Son millones de euros en el aire. El motivo: las deudas empresariales a la Seguridad Social. El consejero Villanueva califica la extorsión como un escándalo. De esta, acaban con el carbón.

miércoles, 27 de febrero de 2013

La Diputación podría ampliar las ayudas a las juntas vecinales más allá de 2013


Leonoticias, 27/2/2013.- La Diputación de León ha aprobado en el pleno de este miércoles la convocatoria de ayudas del Plan de Juntas Vecinales para 2013, que se estudiará entre los grupos políticos, la posibilidad de ampliarlo más allá de este año, tal y como se venía realizando en las convocatorias anteriores, para que el mayor número de entidades locales posible pueda acogerse a las ayudas.

El portavoz del Grupo Mixto, Matías Llorente, ha pedido durante el pleno que en anteriores convocatorias se llegaron a recibir un millar de solicitudes, por lo que en esta ocasión, con un plan articulado para sólo un año, ha reclamado establecer las “prioridades” que determine una comisión.

Así, ha pedido que las “prioridades pendientes” se extiendan a “próximos años” hasta acabar la legislatura para que la mayor parte de las juntas vecinales puedan optar a la financiación para la realización de obras y otras inversiones.

En este sentido, la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha recordado que “encima” se encuentra la reforma de la administración local, por lo que se está “a la expectativa” de que se configuren mapas y competencias. En función de esto y de las condiciones económicas actuales, ya que se trata de un plan financiado con 1,3 millones aportados al cien por cien por la institución, se decidió circunscribir las ayudas a un año.

Ponferrada-Orense

No obstante, Carrasco cree “correcto” que se establezcan esos criterios y, una vez que se publique la convocatoria de las ayudas, consensuar con los grupos políticos un aplazamiento del Plan de Juntas Vecinales.

Por otro lado, todos los grupos políticos han validado una moción de apoyo institucional ante la “necesidad de la ejecución” de la autovía A-76 (Ponferrada-Orense) al considerarse “prioritaria” por parte de la Diputación. Así, se reclama a la Junta que traslade al Gobierno de España que incluya este proyecto en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Pitvi) como una vía necesaria “para vertebrar el país”.

Las juntas vecinales, ayer y hoy

Diario de León, David Díez Llamas. Sociólogo 27/02/2013

Las juntas vecinales tienen un papel fundamental en la organización territorial leonesa. Fuera de las burocracias institucionales, que son maquinarias que han demostrado en demasiadas ocasiones su ineficacia, los leoneses han buscado formas de organización propias que de manera directa y más eficaz afronten sus problemas. Diríamos que en ellas se hace un ejercicio de democracia directa y son ejemplo de cómo con pocos recursos se puede actuar con eficacia para dar soluciones que no son teóricas sino reales y que afectan al día a día.

La lucha de las juntas por mantener su capacidad de gobierno no es nueva. Así en 1875 un dictamen ministerial ya trataba de eliminarlas. Ante esa situación Elías López Morán (en su obra Derecho Consuetudinario Leonés) nos reflejaba la situación de los pueblos leoneses cuando nos decía que los ayuntamientos leoneses «nunca han hecho ordenanzas municipales; en primer lugar, porque cada pueblo tenía la suya para su propio régimen, resultando, por tanto, aquéllas enteramente inútiles; y en segundo porque es harto difícil, si no imposible, hacer unas buenas ordenanzas comunes para ocho pueblos que tienen necesidades diferentes y muchas veces encontradas: siempre resultarían inaplicables, o por demasiada deficiencia, o por falta de adaptación a las diarias exigencias de la vida del común».

Así se rechazaba ese proceso centralizador por cuanto se calificaban a las juntas administrativas que pretendían sustituir a las juntas vecinales como enteramente inútiles.

La razón era que se consideraba que «no responden a ninguna necesidad, porque lo que les está recomendado puede hacerlo y lo hace, la reunión de todos los vecinos del común con su correspondiente órgano de ejecución: y porque implica un desconocimiento completo de los más elementales principios de derecho natural. La representación huelga cuando los que han de estar representados pueden practicar directamente, o por sí mismos, con más probabilidades de acierto, puesto que se trata de la dirección de sus propios intereses, y sin obstáculos ni inconvenientes que dificulten de ninguna manera su intervención inmediata, los actos que han de ejecutar los representantes». ¿No creen que esto que se decía hace más de un siglo es enteramente aplicable hoy? A veces es importante tener memoria para evitar caer en los mismos errores.

Son muchos los casos de corrupción que se conocen por diferentes ámbitos geográficos y políticos en distintas instituciones de ámbito municipal, autonómico o del Estado. Sin embargo no conozco ejemplos de esto mismo en el marco de las juntas vecinales. Sencillamente creo que ello se debe a que los cargos de las juntas vecinales en su gran mayoría no cobran por ejercer sus funciones. Además el control social es mucho más directo.

El arraigo de las juntas vecinales está asociado a la propia historia leonesa por cuanto se dice que «son su forma de gobierno desde antes de los tiempos en que se redactó el Fuero Juzgo». Sin embargo también hay otros valores como la eficacia o la representatividad.

Uno de los problemas importantes que tiene nuestra sociedad actual es el profundo desapego de la ciudadanía a sus instituciones. Alguien debería de reflexionar en base a qué motivos surge esa situación y que circunstancias distintas hacen que en los pueblos leoneses exista una profunda sintonía entre los deseos ciudadanos y sus juntas. En mi opinión el motivo es claro, mientras que en las juntas vecinales hay una implicación directa de la ciudadanía en las decisiones y en la acción de gobierno, en otras instituciones la acción de gobierno se ejerce con independencia de la ciudadanía.

Los leoneses levantan su voz por los intentos de suprimir sus juntas vecinales pero tal vez si la supresión fuese de la Junta de Castilla y León entonces esas voces serían mayoritariamente de apoyo. ¿Reducir administraciones para racionalizar el gasto público?, de acuerdo. Pero entonces vamos a eliminar aquellas que generando muchos gastos actúan con muy poca eficacia y muchas veces incluso en abierta oposición a los intereses de la ciudadanía. En unos casos los ciudadanos levantan su voz en defensa de las instituciones que ellos mismos han elegido, mientras en otros lo hacen para rechazar la que se le ha impuesto de modo antidemocrático (la Junta de Castilla y León).

martes, 26 de febrero de 2013

Rubinat solicita a Chamorro que convoque a las cuatro juntas vecinales al Pleno de febrero


Leonoticias, 26/2/2013.- El portavoz del Grupo municipal de Independientes por San Andrés (IxSA), Luis Herrero Rubinat, ha dirigido un escrito al alcalde para que cite a las cuatro juntas vecinales del municipio al próximo pleno municipal que se celebrará el jueves.

Invocan los independientes lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León que establece que “el Alcalde pedáneo, o el Vocal de la Junta Vecinal que él designe, tendrá derecho a asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Ayuntamiento, siempre que en las mismas haya de debatirse algún asunto que afecte a la entidad local menor”. Además, la propia ley garantiza que “para el ejercicio de este derecho deberá ser citado a la reunión de la corporación como un miembro más de la misma y tendrá acceso a la documentación necesaria”.

En el pleno correspondiente al presenta mes, entre otros, se debatirá una moción de IxSA, exigiendo que el ayuntamiento garantice la asistencia de la Secretaría municipal a las Juntas Vecinales. Luis Herrero ha destacado que “sin la asistencia del secretario o funcionario cualificado, los actos de las juntas vecinales son nulos de pleno derecho o, lo que es lo mismo, las cuatro juntas vecinales verían atrofiada su capacidad de gestionar y de realizar la mayoría de las competencias que tienen encomendadas”.

Rubinat teme que, precisamente por ese condicionante, la asistencia del secretario municipal “el gobierno de Rajoy, que no esconde su interés en la desaparición de todas las juntas vecinales de León, encuentre la disculpa perfecta para fagocitar una de las señas de identidad más representativas del acervo cultural leonés”.

La Diputación de León da luz verde a las bases del Plan de Juntas Vecinales, dotado con dos millones de euros


Diario de León, 26/2/2013.- El Pleno de la Diputación de León que se celebrará mañana miércoles dará luz verde a las bases para las subvenciones del Plan de Juntas Vecinales de 2013, que está dotado con dos millones de euros. De ellos, 1.333.000 euros serán para León y 666.000 euros para la comarca de El Bierzo, cuyo Consejo Comarcal será el encargado de gestionar estas ayudas.

El plan permitirá la ejecución de todo tipo de obras en las pedanías. La Diputación subvencionará el 90 por ciento del gasto y el diez por ciento restante lo aportarán las juntas vecinales. Se subvencionarán hasta 9.000 euros.

Una vez recibidas las peticiones por parte de los pueblos, la insitución provincial llevará a cabo el reparto de las ayudas con el consenso de todos los grupos políticos. La intención es que en el verano se puedan estar ejecutando las obras. También se considera este plan como un importante generador de empleo para la provincia, ya que en la contratación de las obras primarán las empresas de la zona y las empresas leonesas, además de dar trabajo a personal de los diferentes municipios.

Desde el año 2007 se han invertido en este plan cerca de 11.700.000 euros, 7.867.718 euros en León y 3.831.523 euros en El Bierzo, lo que ha permitido la ejecución de un total de 1.255 obras en León y 465 en El Bierzo. El año pasado el importe de este plan fue de 1,8 millones y permitió la ejecución de 292 obras, 216 en León y 76 en El Bierzo. Por su parte, la media de obras desde 2007 ha sido en León de 200 y en El Bierzo de 75.

El Pleno también aprobará mañana una moción de todos los grupos en relación al Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. En ella, la institución provincial se compromete a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres «para que sea un hecho y no una mera aspiración», con una serie de medidas destinadas a «una transformación real de la sociedad donde las mujeres sean ciudadanas en plenitud de derechos».

Además, se aprobará la cesión al Ayuntamiento de San Pedro Bercianos de la carretera provincial LE-6531 desde la CL-622 por San Pedro Bercianos, de 1.448 metros de longitud, correspondiente a la antigua travesía de la carretera León-La Bañeza a su paso por San Pedro. Se considera necesaria la cesión por tener contar con la mayor parte de su longitud incluida en el trazado urbano y servir únicamente de acceso a la localidad.

lunes, 25 de febrero de 2013

Reivindican más apoyo y asesoramiento a las juntas vecinales

Ileon.com, 25/2/2013.- La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclama a Junta y Diputación que refuercen los servicios a las juntas vecinales para evitar su desaparición por la no presentación de presupuestos. 


La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, ante la premura de los plazos para la presentación de los acuerdos de aprobación de cuentas de ejercicio pasado y de la aprobación de presupuestos, manifiesta:

Que la Diputación de León, como Gobierno de la provincia de España que tiene más ELM debería requerir a la Junta de Castilla y León para que aprobase el reglamento del servicio de asistencia a las ELM, algo exigido por la Ley de Régimen Local de Castilla y León y requerido por el TSJ de Castilla y León. Debería aprobarse con la máxima urgencia el reglamento autonómico de asistencia de las Entidades Locales Menores, y reformar los reglamentos de los SAM provinciales, para regular la asistencia a las Juntas Vecinales y concejos. El Reglamento del SAM de León debería regular el principal problema actual de las Juntas Vecinales, que es la legalidad de sus acuerdos y saber de antemano qué funcionario-secretario debe intervenir en sus acuerdos.
Que el SAM de la Diputación de León debería reforzar el número de funcionarios de habilitación estatal, actualmente existe un solo funcionario, para poder cumplir con las obligaciones de prestación de los servicios de secretaría a las ELM que prevé la Ley de Régimen Local de Castilla y León.
Que las ELM de León tienen una gran preocupación por el hecho de que se les puedan rechazar o anular los presupuestos y cuentas tramitados por el SAM, al no ser aprobados con la intervención de Secretario funcionario con habilitación estatal.
Que muchas de las ELM de León están preocupados por los plazos de tramitación en el SAM de su documentación, ante la avalancha de presentaciones motivadas por la reformas legislativas.
La Federación Leonesa reitera la necesidad de que se reúna la Diputación de León con la Federación, a los efectos de coordinar las actuaciones no sólo administrativas, y que la Diputación se posicione de forma clara en los procedimientos legislativos en marcha.

La Diputación de León elaboró 470 presupuestos de juntas vecinales durante 2012


El Norte de Castilla, 25/2/2013.- El Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de León elaboró 470 presupuestos de otras tantas juntas vecinales durante 2012, lo que supone un 44% de todas las existentes en la provincia, que suman 1.050 en total sin considerar a las pertenecientes al Consejo Comarcal del Bierzo.

Además, en lo que va de este 2013, ya se han pedido la tramitación de 120 nuevos presupuestos, por lo que desde la Diputación se espera que en este ejercicio se superen las cuentas elaboradas por este servicio provincial durante el pasado año.
Se confirma así el éxito del Servicio de Asistencia a Municipios, puesto que cada año aumenta el número de presupuestos que elabora, ya que en 2006 se tramitaron 90 cuentas locales, mientras que sólo en 2011 fueron 301.

Este servicio se ha reforzado durante el último ejercicio, tras la aprobación del reglamento que regula este organismo, con el que se ha ampliado el ámbito de colaboración con las entidades locales. Y es que ahora también presta otro tipo de ayudas a las juntas vecinales, como es la supervisión de proyectos o la asistencia jurídica, económica, técnica y administrativa.

3.500 pedanías rurales desaparecerán con la reforma de los Ayuntamientos


El País, 23/2/2013.- Nogarejas es un pueblo de la comarca de La Valdería, perteneciente al municipio de Castrocontrigo, en León. Una junta vecinal gestiona allí los servicios para sus 260 habitantes, la mayoría jubilados. Con un presupuesto anual de medio millón de euros —que consiguen con lo que rinden sus 3.000 hectáreas de monte— pagan el alumbrado público, el consultorio médico, la gestión del tanatorio, la limpieza de los jardines, el abastecimiento de agua, la máquina quitanieves y hasta se han hecho cargo de la restauración de la iglesia, del siglo XII. Sus cuentas las lleva una gestoría porque, según el alcalde pedáneo, Olivio Campo, el secretario municipal del que dependen (en un Ayuntamiento de 895 habitantes) no tiene tiempo para atender a las seis parroquias de la zona.

Como Nogarejas hay en Castilla y León 2.227 entidades locales menores, el 60% de las 3.720 que funcionan en España. El Gobierno asegura que el 96% de estas unidades administrativas que en muchos casos tienen origen medieval no presenta sus cuentas en ninguna parte, lo que anticipa un coladero de irregularidades y un foco de corruptelas. Por eso les ha planteado un ultimátum: si la reforma de la administración local entra en vigor tal y como está redactada, unas 3.500 desaparecerán automáticamente a menos que presenten sus balances en el plazo de tres meses. “Es de lo más razonable obligar a todas las administraciones a que expliquen en qué se gastan el dinero”, reflexionan en el Ministerio de Hacienda. Hasta ahí todo claro. El pequeño matiz es que, en el caso de Castilla y León, la comunidad con más pedanías, la ley de Régimen Local que las regula desde 1998 no desarrolla la obligatoriedad de que los secretarios municipales lleven el control sobre sus presupuestos y remitan esa información al Ministerio.


Ahora que quieren ponerse las pilas con la cuenta atrás que ha lanzado el Gobierno, muchas de ellas están encontrándose con que los interventores locales se desentienden del asunto y las Diputaciones no tienen personal para gestionar miles de liquidaciones, lo que las aboca a desaparecer.

“Es un genocidio administrativo”, reflexiona Carlos González-Antón, catedrático de Derecho y miembro de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. “Que las sancionen si no cumplen, pero no pueden eliminarlas. Son organizaciones con más de diez siglos detrás, que defienden el carácter colectivista y la democracia participativa. Que el Estado no tenga datos de las entidades locales menores no quiere decir que éstas no rindan cuentas a sus vecinos”. En muchos casos los alcaldes pedáneos apenas tienen formación. En otros gestionan barrios o parroquias con menos de 20 vecinos o presupuestos de pocos miles de euros.


Mónica Villacorta, la alcaldesa pedánea de Tarilonte de la Peña, un núcleo rural en Palencia, está igual de desesperada que el de Nogarejas. Su pueblo tiene 41 habitantes, muchos ancianos, y el hospital más cercano está a 120 kilómetros. “La Junta no se ha preocupado nunca de nosotros, no cobramos un duro por lo que hacemos, lo que les interesa es controlar los recursos naturales”. Esa parece ser la verdadera razón de esta revolución rural. Las entidades locales, muchas veces esquivas con el poder —sus representantes se eligen entre los vecinos con listas abiertas, y a menudo están adscritos a los partidos de manera simbólica—, tienen un inmenso patrimonio forestal. “Sólo los Montes de utilidad pública en manos de las entidades suponen un tercio de la superficie de la provincia [de León], alcanzando el 40% si se suman los montes de libre disposición, también de su titularidad”, señala González-Antón, que ha estudiado a fondo las particularidades de las pedanías. “Muchos alcaldes se frotan las manos con esta reforma porque pueden perder de vista un foco de contrapoder poco sumiso con la dictadura de un partido político”.

En Asturias el 46% de los montes es administrado por alguna de las 39 entidades locales menores de la región que atienden a una población de 12.000 habitantes. Su presupuesto el año pasado fue de 7,6 millones. “Aquí, gracias a un acuerdo con el Principado, llevamos 16 años presentando cuentas, no tenemos el problema de Castilla y León”. José Manuel García del Valle, de la federación de parroquias rurales asturiana, insiste en que “el dinero público hay que controlarlo al máximo”, pero sospecha que ese “no es el motivo último de esta reforma”. No se le escapa, igual que a otros pedáneos, que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende ingresar este año 45,6 millones de euros por la venta de fincas públicas. Porque el argumento de la deuda no parece muy sólido. Desde la federación andaluza Antonio Martín asegura que, entre las 3.720 entidades locales menores no tienen “ni un millón de euros”, en números rojos, porque apenas tienen margen para endeudarse.


viernes, 22 de febrero de 2013

“El PP criminaliza los municipios para potenciar las diputaciones”


La Crónica de León, 22/2/2013.- “El Gobierno del PP pretende criminalizar los municipios para potenciar las diputaciones”, aseguró ayer el secretario de Ordenación del Territorio del PSCyL, Santiago Dorado. Junto al secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, analizó tanto el anteproyecto de ley para la reforma de la administración local presentado en el último consejo de ministros como la nueva ordenación del territorio que está desarrollando la Junta de Castilla y León.
Dorado aseguró, en su intervención ante los medios de comunicación, que “no se ha pactado nada con la Mesa de Ordenación del Territorio, ni siquiera se han aclarado cuáles van a ser las que se consideran como referencias de la nueva ordenación, las unidades básicas, que no sé si están esperando a comunicarlas después, una vez que todo esté ya decidido y, como están haciendo las cosas, sin contar con los ayuntamientos”. 
Sobre la futura ley que se prevé que el Gobierno apruebe en un plazo máximo de un año, dorado aseguró ayer que “de los 700.000 millones de euros que debe la administración española, ‘sólo’ 28.000 millones corresponden a los ayuntamientos. Sólo el Ayuntamiento de Madrid acumula el 25% de la deuda de todos los consistorio de España”. 
Por su parte, el secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, aseguró que “León es la provincia más castigada por la nueva ley, ya que aquí están una de cada tres juntas vecinales de España Lo que pretenden es concentrar los servicios pero no para ahorrar costes, sino para después privatizarlos, con lo cual se reducen servicios y, sobre todo, se reduce el estado de bienestar en el medio rural”. Para Rodríguez, “el ahorro será mínimo y los recortes sociales máximos. Lo que ha defraudado Bárcenas es mucho más que el déficit de todas las juntas vecinales a Hacienda. La conclusión es que el Gobierno hace una ley para salvar a los defraudadores y otra para hundir el medio rural y su histórico sistema de democracia”.
Por todo ello, el PSOE presentará mociones de rechazo al anteproyecto de ley de la administración local en todos los ayuntamientos de la provincia de León. 
Sobre la ordenación del territorio que plantea la Junta, Rodríguez afirmó que “la ordenación debe servir para cohexionar y para el PP es simplemente un arma para hacer negocio”.
Por su parte, el Frente en Defensa de las Juntas Vecinales de León aseguró recientemente en una asamblea organizada por Izquierda Unida que la medida anunciada de que las entidades locales menores tendrán tres meses a partir de la aprobación de la ley para presentar sus cuentas que “estamos ante un atropello y una medida desproporcionada que intenta acabar con la democracia directa y participativa que significan los ayuntamientos y las entidades locales menores”. Para los representantes de muchas de las juntas vecinales leonesas, “esto demuestra que el objeto de la nueva regulación no es facilitar a los concejos cumplir sus obligaciones, es eliminarlas mediante un proceso administrativo sumarísimo y desproporcionado. Aplicando medidas de excepción dignas de una república bananeraa los ayuntamientos”. Desde este Frente concluyen que “estamos ante un proceso de vaciado de los municipios a favor de las Diputaciones donde las entidades locales menores sobran y pierden hasta su nombre, con ello su estatus legal de entidades locales”.

jueves, 21 de febrero de 2013

El PSOE tacha de "dinamita para el mundo rural" el anteproyecto de la reforma local


Leonoticias.com, 21/2/2013.- El PSOE ha tachado de “nefasta” la reforma de la Ley Local que ha presentado el Gobierno al ser un claro ataque a la provincia de León que será la más castigada de toda la provincia por los importantes ajustes que supondrá en el medio rural.
El secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, ha asegurado este jueves que esta reforma sumada al anteproyecto de Ordenación Territorial de Castilla y León supondrá una reducción de servicios y por tanto de bienestar social en todos los pueblos de la provincia. Dos anteproyectos que castigan con dureza a las juntas vecinales –una de cada tres se encuentra en la provincia- y que por tanto sería un nuevo “mazazo a la democracia vecinal”.

Una ley que bajo un claro carácter privatizador, según señaló Rodríguez, busca una concentración de los servicios en las Diputaciones y las grandes ciudades para posteriormente fragmentarlos y sacarlos a subastas a compañías privadas. “Muchos de nuestros pueblos estaría vendidos a la administración provincial o a las empresas concesionarias. Una realidad que sería insólita y muy negativa para el mundo rural”.

Rodríguez, que ha recordado que la reforma de la Ley Local como una herramienta de ahorro económico mínimo frente a los máximos recortes sociales que provocará en el mundo rural, denunció cómo lo que defraudado por el señor Bárcenas es una cuantía bastante superior al déficit de las juntas vecinales de la provincia de León. “Una muestra más de que estamos ante un gobierno del PP que hace las leyes a medida; una ley para salvar a las defraudadores y otra para hundir el futuro del medio rural en la provincia”.

Por su parte, el secretario de Ordenación del Territorio del PSCyL, Santiago Dorado, ha denunciado cómo ambos anteproyectos  a pesar de estar elaborados uno en Madrid y otro en Valladolid siguen el mismo camino “que no es otro que el de los recortes y el carácter privatizador de los servicios esenciales y vitales en el medio rural".

Armas para cortar y privatizar servicios en el mundo rural

Respecto al anteproyecto de la Junta, Dorado ha recordado que se establecerán nuevas demarcaciones a través de la creación de unidades básicas de ordenación que, según ha denunciado, supondrán recortes en servicios básicos como la Sanidad y la Educación. Herramientas “peligrosas” dado que cada unidad ha de tener como mínimo a 5.000 habitantes lo que supondría la desaparición, por ejemplo, de algunas de los ocho centros de saludad cuya población es inferior.

Por su parte, Dorado ha asegurado que el anteproyecto de reforma local “dinamita” la autonomía local dejando a los alcaldes del medio rural sin capacidad de atender demandas que necesitan sus ciudadanos. “El Gobierno está criminalizando a los ayuntamientos a los que quiere hacer responsables de la deuda de las administraciones publicas cuando sólo representan el 4,5% del total”.

Así, esta reforma potenciará a las diputaciones mientras vacía a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes a través de la elaboración de un real decreto que marque un coste estándar de los servicios que se han de prestar en los Ayuntamiento. Así, en aquellos donde el coste sea superior, la competencia de gestión y la capacidad para la modificación de ordenanzas y tasas pasará a manos de la Diputación lo que supondrá, según denunció el socialista, un proceso de privatización y encarecimiento de los servicios. 

 “Para nosotros la ordenación territorio es un medio para avanzar en la cohexión social de los ciudadanos sobre todo los del medio rural. Sin embargo para el PP sólo es un arma para hacer negocio y cortar y privatizar servicios esenciales de los ciudadanos”.

Mociones con la reforma de la Ley Local

Por ello, el PSL y con el objetivo de evitar que este anteproyecto se haga efectivo, enviará a todos los alcaldes y portavoces municipales una moción de rechazo y retirada del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Asimismo, Rodríguez ha asegurado que desde el PSOE están estudiando la posibilidad de solicitar la inconstitucionalidad del texto “por la vulneración de la autonomía local que supone” y ha recordado cómo ya han se han presentado alegaciones al Anteproyecto de Ordenación del Territorio de Castilla y León.

miércoles, 20 de febrero de 2013

IU insta a la Diputación a consignar una partida de refuerzo a las juntas vecinales


Leonoticias, 20/2/2013.- El coordinador provincial de IU, Santiago Ordoñez, ha registrado este miércoles una solicitud en el Palacio de Los Guzmanes, dirigida a la Presidenta de la Diputación Provincial, para que consigne una partida extraordinaria de refuerzo para el SAM, que permita apoyar a las Juntas Vecinales en el proceso de regularización sus cuentas, elaboración y tramitación de las liquidaciones y presupuestos, pendientes para todas las entidades locales menores de la provincia de León.

La formación exige al mismo tiempo que la presidenta de la Diputación convoque una reunión urgentísima con los alcaldes pedáneos de León al fin de informarles sobre la “cacicada” perpetrada por el Gobierno del PP, poniendo los medios que sean necesarios para evitar que se disuelva ni una de las Juntas Vecinales por “una imposición administrativa fuera de lugar, con un plazo de cumplimiento miserable y diseñado ex profeso para acabar con las entidades locales menores”.

Este concejo abierto de pedáneos servirá también para analizar de forma pormenorizada la nueva Ley de Bases de Régimen Local, debatir como combatirla y comenzar a organizar la respuesta organizada por parte de la provincia contra una Ley que intenta acabar con la democracia municipal y los concejos en un doble plazo de tres y doce meses. Un primer plazo con la excusa de los incumplimientos en materia de cuentas y un segundo tras analizar por decreto los estándares de calidad con que ejecutan sus competencias tanto ayuntamientos como juntas vecinales.

“El PP ya se ha quitado la careta ahora nos queda por conocer si el PP de León volverá a cruzarse de brazos como en el desmantelamiento de la minería del carbón o, por una vez, luchará en defensa de una de nuestras tradiciones más importantes”.

Expolio, usurpación y desamortización

El Diario.es, 21/2/2013.- Valentín Cabero - Catedrático Geografía. Universidad Salamanca. La Ley presentada en el Congreso de los Diputados sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone la aniquilación de las entidades locales menores y la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León pretende la concentración de servicios en unidades supramunicipales y la resurrección in excelsis de las Diputaciones Provinciales.

Nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León camina hacia la ruina total. La debacle demográfica ha sido puesta de relieve una y otra vez, sin que la Agenda de la Población de la Junta de Castilla y León haya sido capaz de dar respuestas positivas. Hasta ahora todo ha sido retórica política. ¿Qué decir de la catástrofe financiera que estos días ha llegado con los retales de Caja España-Caja Duero al corazón de la ciudad de León, y deja llenos de rabia y pesimismo a miles de honestos y honrados ciudadanos? ¡Qué decir de los recortes y pérdida de autonomía de nuestras universidades publicas frente al creciente poder y generosidad con las privadas!

La política neoliberal y tecnocrática que estamos viviendo bajo el discurso de los recortes, de la austeridad, de la racionalidad y del socorrido mantra de la sostenibilidad esconde a verdaderos lobos y lobeznos cubiertos con pieles de ovejas y de corderos. Cubiertos eso si con un manto legislativo que busca adueñarse de las joyas ambientales, de los recursos forestales, de los dominios pratenses, de las reservas hídricas, de los yacimientos mineros, etc. que nos quedan, y que son señas de identidad y de referencia común. De momento, y aprovechando la crisis o justificando “la consolidación fiscal como máxima prioridad”, dos instrumentos legislativos se han puesto manos a la obra para derrumbar definitivamente el armazón de las estructuras locales más antiguas y reconocidas, y para arramblar con sus pertenencias y recursos más valiosos.

Por un lado, la Ley presentada en el Congreso de los Diputados sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone la aniquilación de las entidades locales menores, y por otro lado, la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León pretende la concentración de servicios en unidades supramunicipales y la resurrección in excelsis de las Diputaciones Provinciales. De la comarcalización nada se dice.


Menos mal que las asociaciones de entidades locales menores se han puesto en movimiento, redescubriéndonos los valores y ventajas de su presencia y gestión en el territorio, y denunciando cómo los intereses desamortizadores y las aves de rapiña de la privatización sobrevuelan sobre nuestros paisajes y nuestras tierras preñadas de memoria, de esfuerzo colectivo y de riquezas para el futuro. Mientras tanto, el partido de la oposición sigue en Babia y perdido por los Cerros de Úbeda.

Recordemos que en Castilla y León de los casi 2 millones de hectáreas forestales gestionadas por la Comunidad Autónoma, 1.664.206 hectáreas son montes catalogados de Utilidad Pública pertenecientes a las entidades locales. Sobre estos recursos el expolio y las usurpaciones son ya visibles. El 20% de esta superficie está contratada por la Consejería de Medio Ambiente, y las dentelladas que se avecinan sobre estos bienes serán mayúsculas de materializarse las amenazas previstas y puestas en marcha. El traspaso de las Entidades Locales Menores a los municipios es el primer paso, y vaciarlas de competencias, el segundo. La despoblación ya hizo su labor de zapa y de erosión territorial. Ahora llega la almoneda y la subasta.

Recuerdo aquí y ahora las palabras escritas por Francisco Tomás y Valiente, presidente en su día del Tribunal Constitucional y vilmente asesinado por ETA, cuando nos señalaba en 1974 en una magnífica lección quienes eran los compradores y beneficiarios de las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX: “ En primer lugar, un puñado de negociantes… de profesionales de las subastas, de especuladores o acaparadores más o menos escrupulosos o tramposos, hombres a quienes no ofenderíamos calificando de oportunistas. En segundo lugar, grupos típicamente burgueses de comerciantes, abogados, funcionarios (con frecuencia titulares de cargos burocráticos responsables de la aplicación de la legislación desamortizadora), industriales y políticos…”.

Junto a estos protagonistas podemos indicar también la presencia de grandes hacendados, de algunos nobles, y de muy pocos, poquísimos campesinos.

Traslademos estos datos, estas figuras del inmediato pasado, al momento actual, y hagamos una hipótesis acerca del futuro de nuestros bienes comunales y del patrimonio público. ¿Quiénes serán los nuevos acaparadores y beneficiarios en la nueva desamortización del siglo XXI realizada bajo la bendición de una legislación y ordenación que priva a los pueblos de sus derechos y propiedades históricas? Me atrevo a señalar, en palabras de Cervantes y Quevedo, a los bellacos, malandrines y tramposos de nuestros días: a los defraudadores amnistiados por Montoro, a los empresarios vinculados a la CEOE y protegidos por la administración, a los burócratas instalados en los altos intersticios del poder, a los constructores con dinero negro, negrísimo, agazapados ahora en los escondrijos de la crisis, a las corporaciones industriales y bancarias que acogen en sus consejos de administración a altos expertos en tráfico de influencias para pagarles los favores y “servicios” prestados. Muchos de ellos, con sus cumquibus, se han refugiado hace tiempo en grandes cotos redondos. Muy pocos, poquísimos, campesinos tradicionales y emigrantes que engrosaron el éxodo rural se beneficiarán de esta nueva desamortización.

Adiós a la agricultura y ganadería familiar y a las prácticas concejiles respetuosas con el medio ambiente.