Leonoticias, Luis V. Huerga /@luisvhuerga 29/03/2014.- La Federación de Entidades Locales considera que existe un “claro ejercicio discriminatorio” entre los ayuntamientos y las juntas vecinales, después de que la Diputación de León haya establecido precios públicos para el asesoramiento de las entidades locales menores de cara a la realización de sus cuentas para presentarlas antes de concluya el año y evitar su desaparición, según contempla la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Pública.
El presidente de la federación, Carlos González Antón, ha explicado que la institución provincial les ha confirmado una “estimación parcial” de las alegaciones presentadas a la propuesta de establecer ese precio público para la prestación del asesoramiento, después de que desechara establecer esos cobros mediante el concepto de tasas.
González Antón, sin embargo, ha señalado que algunas de las juntas vecinales ya han acudido a la Diputación de León en busca de apoyo antes de que se decidiera establecer ese precio público, por lo que considera que existe una “discriminación” entre las entidades que ya han “pedido auxilio” y las que deberán hacerlo próximamente para regular su situación económica.
Un cobro en un año clave
Además, ha lamentado que esa labor de asesoramiento también se presta, en su caso de forma gratuita, a los ayuntamientos, a través del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM). “La prestación de servicios a los municipios no se cobra y, justo el año que la junta vecinal tiene que rendir cuentas, se plantea cobrar, a pesar de que, también, la Junta subvenciona a las diputaciones para prestar ese servicio, que es importante”.
Por eso, Carlos González Antón ha afirmado que “desaparezcan las diputaciones” porque “no cumple su función”, en un momento en el que la supervivencia de las juntas vecinales depende de que presenten antes de que finalice el año sus cuentas actualizadas. “Algunas sabemos que no tienen ingresos, pero no es un problema de la cuantía que se cobre, es un problema de colaboración en la prestación de servicios”.
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