Diario de León, MARÍA CARNERO | LEÓN 02/12/2015.- Tanto la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, como la de Castilla y León, manifestaron ayer su malestar y estupefacción por quedar excluidos del grupo de trabajo creado por la Junta de Castilla y León y la Federación Regional del Municipios y Provincias para diseñar la ordenación del territorio en la comunidad.
Según Andrés Buelta, presidente de la Federación que en la actualidad engloba a un total de 2.224 entidades locales menores en todas las provincias de la comunidad, «el nuevo mapa del territorio de Castilla y León no puede concebirse sin la opinión de las juntas vecinales que son las que en muchas ocasiones prestan los servicios básicos a los vecinos».
Por su parte, el secretario de esta Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón recordó ayer además que en la última reunión que mantuvieron con el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, el pasado mes de septiembre, para precisamente abordar las distintas modificaciones que se plantean en la ordenación del territorio, se acordó que la institución provincial solicitara a la Junta de Castilla y León la creación de una mesa de trabajo conjunta, petición que más tarde fue rechaza por el Gobierno autonómico al no considerarla necesaria.
«Lo menos que podían hacer es invitar a las pedanías a participar en este debate sobre todo cuando el objetivo es el reparto de las competencias», aseguró González-Antón.
El secretario de la Federación leonesa explica que muchas pedanías asumen en este momento competencias propias de los Ayuntamientos. «Si lo que se quiere es municipalizar esos servicios hay que negociar con las pedanías una cesión voluntaria y fijar una indemnización antes de llegar a una expropiación forzosa», explicó. Por eso insiste en la necesidad de favorecer el diálogo con las juntas vecinales a la hora de orquestar la nueva ordenación territorial.
Por eso puso como ejemplo la apuesta de la Diputación de crear una mesa de trabajo específica «que no debe quedarse a nivel municipal, ya que los ayuntamientos que no tienen a su cargo juntas vecinales tienen una visión totalmente diferente a las que sí las tienen».
Según explicó el pasado lunes el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, «se ha dado un paso más», el último, precisó, para culminar el nuevo modelo de ordenación del territorio con la constitución de este grupo de trabajo que se volverá a reunir después de las navidades y que lo hará cuatro o cinco veces para en el inicio de la primavera poder aprobar la delimitación de la cartera de 27 funciones a las que se podrán adherir de forma voluntaria las mancomunidades.
El consejero recordó que hasta ahora se ha aprobado la Ley de Ordenación del Territorio hace dos años que delimita las áreas funcionales estables en los municipios de más de 20.000 habitantes y los alfoces, que suponen 1,6 millones de habitantes, al tiempo que se ha aprobado la participación de los tributos propios de la comunidad, se dio luz verde también al decreto de organización y funciones de las mancomunidades de interés general y desde el 30 de septiembre está en información pública el Mapa de unidades básicas rurales.
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