viernes, 31 de mayo de 2013

Injustos repartos


Gente León, Ana Isabel Ferreras / alcaldesa de Gradefes, 31/5/2013 - Es necesario aclarar cómo funciona esto del reparto de obras en ésta, nuestra querida Diputación (prácticamente sucede lo mismo en el resto de instituciones). El partido que gana las elecciones, además de obtener la representación mayoritaria, lo cual es del todo legítimo, se otorga el "derecho de pernada" al repartir los dineros públicos (esos que son de todos los ciudadanos), entre los municipios que conforman la provincia. Esta "reserva" consiste en lo siguiente: del montante total presupuestado para obras, tanto en los municipios, como en las Juntas Vecinales, el PP en este caso, mete en su saca más del 60% para los de su mismo color político y deja el % restante para la oposición. Con las cifras en la mano, los afortunados del PP siempre reciben otras de mayor cuantía y los que están enfrente comienzan a hacer chiribitas intentando una distribución que pueda dejar contento a todo el mundo. Pero ¡!eh ahí que ni siquiera lo consiguen!! Y no me extraña...

A sabiendas de la terrible injusticia que se comete ya de base, cuando esa adjudicación beneficia a unos y perjudica a otros, encima lo convierten en uno de los argumentos más utilizados en las campañas electorales... así hicieron en mi pueblo, sin cortarse ni un pelo: "no votéis a otros, que recibiréis menos dinero porque gobernamos nosotros y nos repartimos la mejor parte del pastel". Esto es así de duro, pero real y cierto al cien por cien. ¿Es que los vecinos de un pueblo tienen menos derecho que otros en función de a quién han elegido democráticamente en las urnas?. ¿Realmente esto es lo que queremos que suceda en esta provincia, en este país?. Afirmar que los repartos de subvenciones para obras obedecen a criterios que nada tienen que ver con la justicia, la solidaridad y la necesidad, es una certeza y por ello pido que dejemos de ser copartícipes de semejante brutalidad y lo denunciemos donde corresponde y con valentía. Por mi parte, así se hará.

jueves, 30 de mayo de 2013

Los Concejos como origen de la Democracia


Blog de Paco Sierra.- Recientemente la Fundación Leonesa Cerezales Antonino y Cinia, entidad de carácter cultural, ha firmado un convenio de colaboración con la Confederación Española de Centros y Clubes Unesco, y otras entidades culturales para solicitar el reconocimiento de los Concejos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, declaración que corresponde a la Unesco en París.

Esta iniciativa leonesa, digna de aplaudir, pone en valor una institución muy común entre los pueblos que habitan el norte peninsular, y que como el cántabro, disfruta de más de mil años de existencia: los Concejos.

La génesis de los Concejos en Cantabria hay que buscarla en la Behetría, que, según Carmen González Echegaray, “era un sistema político que dejaría asombradas a las que ahora llamamos democracias”.

De esta institución nació el “Concejo abierto”, auténtica democracia directa. Cada pueblo, sin injerencias extrañas, elegía señor a quien quería y éste desempeñaba las funciones administrativas y judiciales. De ahí que muchos estudiosos de la Historia Medieval catalogaron a Cantabria como un rincón de la Europa medieval en el que la población fue libre política y económicamente.

Durante siglos, los habitantes de los Concejos han resuelto por votación, en lo que algunos especialistas han denominado “academia de la cortesía”, todos sus conflictos, así como los problemas económicos, la preservación de los montes, puentes, caminos, edificios y, en siglos pasados, hasta la defensa armada de los vecinos.

Y es de esta institución de los Concejos abiertos de donde se pueden extraer tres de sus principales pilares:

1. La convivencia y respeto que reinaba entre todos los vecinos como bien supremo y determinante; en esta época tan convulsa y tan poco dada a la convivencia en la sociedad, es más que nunca necesaria la confianza mutua entre los vecinos.

2. La libertad, en la que todos los vecinos tenían plena facultad de administrarse en el gobierno de sus asuntos sin injerencias de ninguna “Troika” o poder financiero, en un ejemplo de régimen casi democrático de autogobierno.

3. El colectivismo en la dedicación de recursos por y para el Concejo, trabajando en común en jornadas gratuitas a favor de la comunidad, en un precedente claro de la solidaridad, frente al individualismo en lo laboral y lo económico actuales.

Son estos valores (confianza, solidaridad, libertad), que en estos tiempos de crisis, no sólo económica, suponen casi especies en vías de extinción. A pesar de tener su apogeo en otra época de la historia, se asientan sobre la esencia y la raíz que se repite a lo largo de la historia, facilitando el desarrollo y prosperidad de cualquier sociedad.

A veces, lo esencial sobrevive en el tiempo, y el hecho es que los Concejos abiertos ahora denominadas Juntas Vecinales suponen un ejemplo vivo de esos valores a proteger.

Por ello, mi aplauso a la iniciativa leonesa que pretende conseguir la declaración como patrimonio inmaterial del Concejo abierto. De la que espero que en Cantabria se tome nota y se siga por el mismo camino, en la defensa de un patrimonio inmaterial mas que necesario en nuestros días con la que está cayendo.

Artículo publicado en “El Diario Montañés” el Domingo 28 de abril de 2.013

Entidades Locales Menores llevarán "tierra" de sus pueblos a Montoro para exigir su reconocimiento en la reforma local

La Voz Libre, 30/5/2013.- La Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM) ha convocado este viernes a los alcaldes y vocales de las más de 3.700 entidades locales autónomas del país a una concentración frente a las puertas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para reivindicar su existencia y la necesidad de que se tenga en cuenta su financiación y la definición de sus competencias en la futura reforma de la Administración Local.

Durante la concentración, que tendrá lugar a las 12 de la mañana frente al Ministerio de Hacienda, los alcaldes de las entidades locales menores (EATIM) defenderán "la importancia de sus pueblos y el arraigo de sus gentes a cada una de estas poblaciones", y para ello "depositarán frente al Ministerio un puñado de tierra traída desde sus lugares de origen".

"Nuestro objetivo es trasladarle al ministro Montoro un pedacito de nuestros pueblos, de tierra de cada una de las entidades locales menores que no se han tenido en cuenta en la elaboración de este Anteproyecto de Ley, para recordarle que hay más de 700.000 españoles y españolas que vivimos en estos núcleos, que amamos a nuestros pueblos y que queremos que no se supriman", asegura el presidente FEEM, Antonio Martín Cabanillas, en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, Martín Cabanillas explica que "no se trata de pedir más financiación", sino de que la futura ley garantice que lo que, a su juicio, les corresponde a las entidades locales en función de sus habitantes en la PIE y en los presupuestos de cada autonomía"

PROTESTA ANTE EL CONGRESO Y LA FEMP

Tras la concentración frente a Hacienda, los alcaldes tienen previsto dirigirse el Congreso de los Diputados para trasladarle al presidente de la cámara baja y a los Grupos Políticos Parlamentarios un documento con sus reivindicaciones. Asimismo, invitarán a todos los diputados a sumarse a la concentración ya que, tal y como asegura la FEEM, "alcaldes de todos los partidos políticos están en contra de esta reforma".

Desde la FEEM han previsto que, en el caso de que no les permitan esa concentración, se trasladarán "en fila india" hasta la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), situada en la calle Nuncio, para dejar allí también sus peticiones y denunciar que el organismo no les ha defendido "en absoluto como entes autónomos municipales" que son.

miércoles, 29 de mayo de 2013

286 Juntas Vecinales Bercianas convocadas el sábado 1 de Junio en Columbrianos

Concejos.org,  29/5/2013.- El Bierzo es en estos momentos la zona de la provincia en donde más apatía está existiendo por parte de los presidentes de las juntas vecinales para plantar cara a la nueva reforma legislativa que, según la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, supondrá una merma en el poder de gestión y las convertirá en meras asociaciones si en breve plazo no presentan sus cuentas. El presidente de dicha federación, Marcos Cubelos, aseguró ayer que ahora mismo el 80% de las 286 juntas vecinales del Bierzo no están al día con sus obligaciones contables y apenas el 8% lo hizo el año pasado.

Cubelos, que es pedáneo de Magaz de Abajo por Independientes-PB, compareció ayer ante los medios de comunicación acompañado por el presidente de la Junta Vecinal de Columbrianos, Andrés Vuelta (PP), y por la de Villabuena-San Clemente, Silvia Ríos (PSOE), y los tres hicieron un llamamiento a sus homólogos de la comarca para que acudan el próximo sábado en Columbrianos (16.00 horas) a una especie de cumbre de pedanías con el fin de integrarlas en la federación y así, unidos, poder hacer más fuerza para no perder poder de gestión y decisión.

El objetivo es crear un movimiento fuerte que despeje los temores existentes sobre la pérdida de entidad jurídica de las juntas vecinales, que incluso les impediría acceder a documentación. «Se baraja la pérdida de la entidad jurídica de las mismas y esto haría que, si bien podríamos mantener el nombre, no tendríamos ningún tipo de movilidad, nuestra existencia estaría totalmente cortada porque no tendríamos muchos derechos, como acceso de determinados contratos, a realizar labores que hoy en día sí hacemos; Con lo cual, creemos que aunque no sea una supresión barajada en un principio, sí conllevaría que las juntas vecinales fueran desapareciendo poco a poco», expresa Cubelos.

En la provincia de León existen 1.232 pedanías y en la zona del Bierzo poco más de una treintena se han integrado en la Federación de Entidades Locales Menores. Frente a los números de la comarca, en el resto de la provincial hay más de 150 juntas vecinales integradas y más concienciadas con la situación que se avecina. «Hay que combatir esa pasividad», expresó el presidente de la Federación.

Indican desde la Federación Leonesa de Entidades Menores que es importante que las juntas vecinales se integren para crear un grupo fuerte, dado que serán muchas más las ventajas de las que podrán beneficiarse. Hasta ahora la mayoría de los pedáneos están asesorados, según el presidente de la Federación, por sus respectivos partidos políticos. «Los del PP les dicen que no va a pasar nada y los del PSOE les aseguran que ellos lo solucionarán cuando gobiernen ahora que están en la oposición», resalta Marcos Cubelos, quien indica que estar más asociados permitirá un mejor asesoramiento y mejoras en las orientaciones que podrán tener los pedáneos por ejemplo a la hora de llevar adelante explotaciones que supongan ingresos para los pueblos. «Es un momento histórico y por eso invitamos a los pedáneos del Bierzo a la reunión del sábado en Columbrianos, porque es muy importante dado que nos pueden quitar la capacidad jurídica y entonces poco nos quedaría ya», advierte Cubelos. Para integrarse en la federación hace falta un acuerdo plenario y pagar una cuota anual de 50 euros.

El 80% de las pedanías bercianas teme por su futuro al no haber presentado las cuentas

Diario de León, 29/5/2013.- El Bierzo es en estos momentos la zona de la provincia en donde más apatía está existiendo por parte de los presidentes de las juntas vecinales para plantar cara a la nueva reforma legislativa que, según la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, supondrá una merma en el poder de gestión y las convertirá en meras asociaciones si en breve plazo no presentan sus cuentas. El presidente de dicha federación, Marcos Cubelos, aseguró ayer que ahora mismo el 80% de las 286 juntas vecinales del Bierzo no están al día con sus obligaciones contables y apenas el 8% lo hizo el año pasado.

Cubelos, que es pedáneo de Magaz de Abajo por Independientes-PB, compareció ayer ante los medios de comunicación acompañado por el presidente de la Junta Vecinal de Columbrianos, Andrés Vuelta (PP), y por la de Villabuena-San Clemente, Silvia Ríos (PSOE), y los tres hicieron un llamamiento a sus homólogos de la comarca para que acudan el próximo sábado en Columbrianos (16.00 horas) a una especie de cumbre de pedanías con el fin de integrarlas en la federación y así, unidos, poder hacer más fuerza para no perder poder de gestión y decisión. El objetivo es crear un movimiento fuerte que despeje los temores existentes sobre la pérdida de entidad jurídica de las juntas vecinales, que incluso les impediría acceder a documentación. «Se baraja la pérdida de la entidad jurídica de las mismas y esto haría que, si bien podríamos mantener el nombre, no tendríamos ningún tipo de movilidad, nuestra existencia estaría totalmente cortada porque no tendríamos muchos derechos, como acceso de determinados contratos, a realizar labores que hoy en día sí hacemos; Con lo cual, creemos que aunque no sea una supresión barajada en un principio, sí conllevaría que las juntas vecinales fueran desapareciendo poco a poco», expresa Cubelos.

En la provincia de León existen 1.232 pedanías y en la zona del Bierzo poco más de una treintena se han integrado en la Federación de Entidades Locales Menores. Frente a los números de la comarca, en el resto de la provincial hay más de 150 juntas vecinales integradas y más concienciadas con la situación que se avecina. «Hay que combatir esa pasividad», expresó el presidente de la Federación.

IU impugnará el reparto de obras en las juntas vecinales por discriminar a 49 pedanías

Leonoticias, 29/5/2013.- Izquierda Unida de León impugnará el reparto de obras en juntas vecinales aprobado por unanimidad este miércoles en el pleno de la Diputación y cuyo importe ronda los dos millones de euros. “Iremos directamente a Fiscalía con un informe jurídico ya emitido por el Procurador del Común en el que simplemente vamos a considerar que el tipo penal de tráfico de influencias y prevaricación ha quedado clarísimo en los 25 diputados provinciales que han votado a favor de robar a las juntas vecinales su derecho a tener una obra digna en el que puede ser su último año”, anuncia el coordinador provincial de IU de León, Santiago Ordóñez.

Una decisión que ha tomado al entender que el reparto de las mismas se corresponde con “una política de rapiña” que ha excluido “a cualquier Junta Vecinal que no forme parte del Partido Popular, del Partido Socialista, de UPL o de los no adscritos”, lo que supone la discriminación de cerca de medio centenar de entidad locales de IU. “Se han atribuido una representación que no tienen, porque hay 49 juntas vecinales de IU que han pagado proyectos para presentarlos a este Plan de Obras que a lo mejor el año que viene no tienen dinero o igual ya no existen por culpa de los planes del gobierno”, critica.

Por ello entiende que los “criterios objetivos” a la hora de aprobar obras para las juntas vecinales deben primar sobre los “intereses caciquiles de las estructuras de los partidos políticos que están representados en la Diputación”, denuncia Ordoñez.

Preguntas a Herrera

IU pondrán en marcha una iniciativa para hacer llegar la voz del pueblo leonés hasta el presidente de la Junta de Castilla y León. Los izquierdista, al igual que hicieron con la campaña #arajoyqueledirias coincidiendo con el debate del Estado de la Nación, saldrán a la calle a preguntar a los leoneses qué cuestiones les gustaría trasladar a Juan Vicente Herrera. 
Una campaña que se pondrá en marcha en todas las provincias de la Comunidad y que en la provincia se desarrollarán en varios puntos como León, Ponferrada o Villablino y con la que esperan recibir más de un centenar de preguntas.

El pleno de la Diputación de León aprueba por unanimidad el Plan de Juntas Vecinales con un presupuesto de 1,3 millones

LEÓN, 29 May. (EUROPA PRESS) - La Diputación de León ha aprobado por unanimidad en el pleno celebrado este miércoles el Plan de Juntas Vecinales para el presente año, que cuenta con un presupuesto total de 1.334.000 euros.

   El objetivo de la puesta en marcha de este Plan es apoyar a los diferentes ayuntamientos en la realización de diferentes obras y cuyo reparto ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos representados en la Institución provincial, priorizando las más necesarias y urgentes.

   Gracias a la aportación de la Institución provincial con estas subvenciones, se llevarán a cabo 262 actuaciones en la provincia, con el objeto de mejorar los servicios básicos de las entidades locales.

   El portavoz del PSOE en la Institución provincial, Luis Rodríguez Aller, ha destacado que se trata de "un buen plan" en un momento de dificultades económicas y restricción del presupuesto. No obstante, ha solicitado que en la próxima convocatoria del Plan sean incluidas las actuaciones que han tenido que quedar fuera en esta ocasión.

   Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Matías Llorente ha señalado que es necesario "superar" la forma de reparto de los fondos, ya que cada partido político lo ha adaptado a sus criterios. "No tendría que haber discriminación según el partido", ha declarado y ha añadido que es preciso determinar unos parámetros para que la cuantía del Plan se destine a todas las juntas vecinales de la provincia, de manera que las que han quedado fuera en esta convocatoria sean tenidas en cuenta en los próximos años.

ESFUERZO PRESUPUESTARIO

   Al respecto, el portavoz del PP en la Diputación de León, Jaime González, ha expresado que la intención de la Institución es atender todas las demandas, pero hay que hacer un "importante esfuerzo" en el actual escenario económico.

   Asimismo, no ha mostrado inconveniente en que sean tenidas en cuenta en el reparto de los próximos años las obras de las juntas vecinales que no forman parte de la actual convocatoria para que, al menos, cada pedanía cuente con financiación para una de las actuaciones solicitadas durante la legislatura.

   Además, ha destacado que la financiación del Plan de Juntas Vecinales es una "aliento" para los pueblos de la provincia y demuestra el compromiso de la Diputación de León hacia el mundo rural.

RECURSO

   Tras la celebración del pleno, el coordinador provincial de IU en León, Santiago Ordóñez, ha anunciado que la formación política recurrirá el resultado de este plenario ante la Fiscalía con un informe jurídico ya emitido por el Procurador del Común en el que se considerar que el tipo penal de tráfico de influencias y prevaricación "ha quedado clarísimo" en los 25 diputados provinciales que han votado a favor de "robar" a numerosas juntas vecinales su derecho a tener una obra.

   Al respecto, ha precisado que en el pleno celebrado este miércoles se ha visto el "fracaso" del cuatripartito que gobierna en la Diputación de León, así como la "política de rapiña y reparto" entre los grupos con representación en la Institución, que han "dejado fuera" del Plan a las obras de cualquier junta vecinal que no sea del PP, el PSOE, la UPL o los no adscritos.

   En su opinión, los criterios objetivos de necesidad a la hora de aprobar obras para las juntas vecinales deberían estar por encima de los "intereses caciquiles" de los partidos políticos con representación en la Diputación Provincial y ha apuntado que dichas formaciones se han arrogado una representatividad que no tienen porque hay 49 juntas vecinales de IU que han pagado proyectos para presentarlos al Plan y no tienen ningún tipo de asignación.

CONCURSO DE MÉRITOS

   En la sesión plenaria también se debatieron otros asuntos, como la propuesta de resolución de las alegaciones presentadas sobre la definición de funciones del puesto de trabajo de la jefatura del servicio del SAM y la propuesta de definición, sistema de provisión y valoración del puesto de trabajo del jefe de sección o coordinador de la unidad de asesoramiento del SAM. Estos puntos han salido adelante sin el apoyo del PSOE, el Grupo Mixto y la UPL, quienes consideran que la plaza debería cubrirse mediante un sistema de concurso de méritos.

   En este sentido, Isabel Carrasco ha precisado a los diputados de la oposición que los asuntos del personal de la Diputación "son escandalosos" desde hace tiempo y el PP intenta "ponerlos en su sitio".

   Sobre este asunto también se ha pronunciado Jaime González, quien ha apuntado que el sistema de provisión de la plaza de la jefatura del SAM se aprobó por parte de todos los grupos políticos.

NEPOTISMO O DESVIACIÓN DE PODER

   Los grupos de la oposición no han dado su apoyo al PP, ya que las alegaciones presentadas exponen cuestiones graves como la posibilidad de que exista nepotismo o desviación de poder.

   Los representantes de los trabajadores han explicado al término del pleno que su postura pasa por convocar un concurso de méritos para cubrir las plazas en la Diputación, ya que las bases que han salido son "tan concretas" que limitan la presentación de otras personas al puesto.

   Finalmente, ha apuntado que el convenio colectivo caduca el próximo mes de julio y los representantes de la Institución provincial "ha bloqueado" la negociación. Los empleados no están dispuestos a que dicho convenio "muera" y pasen a regirse mediante el Estatuto Básico de los Trabajadores Públicos, por lo que emprenderán las acciones legales que sean necesarias al respecto.

Ante la reforma Administrativa y la Ordenación del territorio: La disolución de municipios y juntas vecinales y el expolio rural

Se ha llevado a efecto en la Casa de León en Madrid la conferencia titulada “Ante la reforma Administrativa y la Ordenación del territorio: La disolución de municipios y juntas vecinales y el expolio rural”, teniendo como ponente a Valentín Cabero Diéguez, Catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca y leonés de La Bañeza como ponente.

El tema central se desarrolló a partir de un erudito y exhaustivo análisis del proyecto de profunda reforma administrativa que, en lo que a administración territorial y su legislación se refiere, está siendo abordado por los Gobiernos de España y Autonómicos. La disertación centró su atención en las consecuencias de tales actuaciones en la Comunidad de Castilla y León y nuestra provincia, El discurso, claro, ordenado y conciso, cautivó y sorprendió con la profunda interpretación que el profesor Cabero hizo del texto legal de referencia. En el mismo subrayó sus errores de concepto y consecuencias para formas de gobierno ancestral y directo como son, a nivel de toma de decisiones, la figura del concejo y las  Juntas Vecinales. Así como su traducción en una pérdida de poder social, patrimonio y capacidad de intervención en lo que a gestión de servicios por parte de los ciudadanos del medio rural se refiere. 

 Valentín Cabero arrancó con la puesta de manifiesto de algunas contradicciones entre las directrices europeas al respecto  de la reorganización y administración territorial y los “interesados apaños” de enfoque de las medidas legales tomadas en nuestro País. Asimismo advirtió sobre las consecuencias de una interpretación equivocada del significado de algunos conceptos del lenguaje jurídico implicados en esta reforma en marcha, como son los de sostenibilidad, racionalización, cohexión o externalización. Igualmente apuntó detalles relativos a la filosofía e ideario conductor de la reforma y su  relación con la realidad territorial y poblacional. 

Resaltó también el profesor Cabero algunas perversiones de un planteamiento de organización del territorio que, amparada falazmente en modernizar el estado y hacer frente a la crisis actual con diversos criterios de ahorro, en el fondo plantea intervenir en el medio rural transformándolo radicalmente. Una acción que, además, se plantea en muchos casos desde perspectivas urbanitas desconocedoras del mismo y a través de medidas aplicadas de modo generalizado y sin sensibilidad para otras realidades de solución a los supuestos problemas existentes. Así y con beneplácito y pacto de los partidos más numerosos, los planteamientos creados por la realidad de déficit en lugares muy poblados, como son los ayuntamientos de las capitales de provincia y contados municipios de más de cincuenta mil habitantes, se trasladan equivocadamente a áreas rurales de escasa población donde, además en muchos casos, no existe tal situación por diversos motivos que también analizó.   

De todo lo expuesto se deduce que figuras ancestrales de gobierno como concejos y  juntas vecinales verán complicada en el futuro su justificación de razón de existencia.  Para ello argumentos como el manipulado criterio de ahorro en la organización y gestión económica, se justifican y amparan en eliminar duplicidades y aspectos como la asumción de “competencias impropias”. Unas competencias surgidas en las Juntas Vecinales de modo resolutivo y directo por parte de los ciudadanos afectados ante la no solución de problemas por quien debería asumirlos. Todo enmaraña un conflicto competencial administrativo que afecta a juntas vecinales, diputaciones, ayuntamientos y gobiernos autonómicos donde supuestamente “se va a cortar por lo sano”. Frente a este múltiple e interdisciplinar expolio competencial, patrimonial, de soberanía de poder, etc. resaltó Cabero el surgimiento defensivo liderado a nivel popular, entre otras asociaciones, de las plataformas rurales que, lamentablemente, poseen escasa repercusión social en el ámbito ciudadano. La figura de la Comarca y su controvertido tratamiento por la reforma, en concreto en nuestra comunidad autónoma, también fue revisada y reivindicada por Cabero. 

En suma, toda esta realidad constituye la que calificó como “Tercera Desamortización”, lo que en su docta opinión se traduce en el mundo rural norteño y en concreto leonés, en una pérdida de derechos, de capacidad de gestión directa, de patrimonio material e inmaterial y, finalmente, también de servicios para sus ciudadanos, lo que conllevará además entre otras consecuencias, profundos cambios en el bienestar, las formas de vida y su repercusión en el asentamiento de la población en el territorio, e incluso modificaciones en el propio paisaje derivadas de ello. Algo que, ante situaciones similares pasadas, en otras áreas de Europa no se han producido o no lo han hecho de modo tan agresivo, debido a otras intervenciones y planteamientos por parte de las administraciones y de la propia población implicadas, como razonó. 

Un prolongado, interesante y participativo debate cerró el acto y, como es costumbre en la Casa de León, todo se remató de modo confraternal con un animado vino leonés ofrecido a los asistentes, donde se prolongó el debate.
   
Información: Héctor-Luis Suárez (Vocalía de Cultura Casa de León)

martes, 28 de mayo de 2013

Luchas Concejiles: Pasado, presente y futuro

Leonoticias, 28/5/2013.- El próximo día viernes 31 de mayo Agora País Llionés -asociación leonesista de izquierda integrante del leonesismo social-, con la colaboración del Frente en Defensa de las Juntas Vecinales, organiza las jornadas Luchas concejiles: pasado, presente y futuro' con la que tendrán lugar en la biblioteca pública de León desde las 18:00 hasta las 21h.

Las jornadas estarán dispuestas en dos charlas: la primera correrá a cargo del historiador y escritor Siro Sanz, autor del libro 'Los Señoríos de la Montaña Oriental de León', entre otros muchos libros referentes a la historia de la Montaña Oriental Leonesa. Siro Sanz abordará los hechos históricos acontecido en la montaña oriental leonesa referente a las luchas que mantuvieron las comunidades campesinas, organizadas entorno a los concejos, contra los señores jurisdiccionales. La segunda exposición correrá a cargo de Jesús M.

Albarrán, portavoz de la Plataforma para la Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña, que acudirá en representación del Frente en Defensa del Frente en Defensa de las Juntas Vecinales. Su exposición abordará la situación actual de las Juntas Vecinales y el valor que atesoran las Juntas Vecinales, anteriores concejos, por sus principios rectores democráticos y comunales.

Con estas jornadas quieren acercar a la sociedad leonesa, sobre todo a la gente no tan familiarizada con este sistema tradicional del mundo rural leonés, la importancia que tienen los concejos, actuales juntas vecinales, por los principios que atesoran y por ser el pilar fundamental donde se asienta la base de nuestros pueblos. Con estas jornadas queremos, ademas, rememorar la memoria histórica de los concejos por ser de gran valía el conocimiento de nuestra historia.

La historia de los concejos es la historia de las comunidades campesinas y las vicisitudes que tuvieron que soportar para seguir manteniendo esta institución que ha llegado hasta nuestro días. Recordar el coraje que pusieron nuestros antepasados supone un ejemplo de lucha y una enseñanza en estos tiempos donde la vigencia de nuestras Juntas Vecinales pende de un hilo con el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La Diputación de León aprobará en el pleno de mañana el Plan de Juntas Vecinales 2013 con un presupuesto de 1,3 millones


LEÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) - La Diputación de León celebra mañana un pleno ordinario en el que se llevará a cabo la aprobación del Plan de Juntas Vecinales que para el presente año, que cuenta con un presupuesto total de 1.334.000 euros.

   El objetivo de la puesta en marcha de este Plan es apoyar a los diferentes ayuntamientos en la realización de diferentes obras y cuyo reparto ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos representados en la Institución provincial, priorizando las más necesarias y urgentes.

   Gracias a la aportación de la Institución provincial con estas subvenciones, se llevarán a cabo 262 actuaciones en la provincia, con el objeto de mejorar los servicios básicos de las entidades locales.

   Por otra parte, durante la sesión plenaria se aprobará la modificación del catálogo de Carreteras Provinciales para incluir la vía que da acceso a la localidad de Mallo de Luna y un tramo de la carretera a Abelgas de Luna, según ha informado la Diputación de León en una nota recogida por Europa Press.

   Esta entrega se ha realizado conforme al convenio de colaboración que mantienen desde 2011 la Diputación Provincial y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para la reparación y la cesión de estas dos vías.

   Aunque en ambas carreteras se habían realizado trabajos de mejora, puesto que habían sido afectadas por la construcción del embalse de Barrios de Luna, aún no se habían entregado formalmente a la Institución provincial, que es la titular de las competencias en materia de carreteras en el ámbito de la provincia leonesa.

lunes, 27 de mayo de 2013

PP de León ve con preocupación la reforma de la administración local aunque espera que el documento final sea positivo

Europa Press, 27/5/2013.- El PP de León ha expresado este lunes la preocupación ante la reforma de la administración local, ya que afectará a 211 municipios y más de 1.234 juntas vecinales en la provincia, aunque confía en que el documento definitivo sea positivo para el municipalismo.

En este sentido, el PP espera que la reforma final no suponga la supresión de entidades locales y que sirva para clarificar competencias, para que cada administración "haga lo que tiene que hacer", para evitar duplicidades, para garantizar la financiación, así como para garantizar y hacer sostenibles los servicios públicos a los ciudadanos, "vivan donde vivan". En su opinión, el Gobierno debería tener en cuenta las peculiaridades de provincias como León.
El PP ha tratado este asunto en el Comité Ejecutivo Provincial y la reunión de la comisión permanente celebrados este lunes, donde también se ha dado cuenta de la constitución de las comisiones de estudio que serán el órgano competente para elaborar los programas electorales del partido en el ámbito provincial, así como para emitir informes sobre cualquier problema que afecte a León.
Hasta el momento se habían constituido las comisiones de Sanidad y Consumo, cuyo presidente es Juan Luis Burón; Derechos Sociales, presidida por Teresa González y Empleo, que dirige Fernando Franco. A propuesta del Comité, este lunes se han constituido la de Agricultura, que presidirá Pedro Cañón y la Educación y Cultura, que será presidida por el concejal Javier Reyero Gutiérrez.
Además, se ha dado cuenta de los nombramientos de los delegados locales. Esta figura se puede nombrar en aquellos municipios donde no se constituya Junta Local. Se han nombrado Javier del Valle Cuadro en Villafranca y Manuel Casado Pérez en Valderas, según ha informado el PP en una nota recogida por Europa Press.
DESEMPLEO
Por otra parte, el Comité Ejecutivo ha abordado la necesidad de buscar fórmulas que palien el desempleo, ya que es el principal problema que preocupa a los ciudadanos. En este sentido, se ha analizado la nueva Ley de Emprendedores, diseñada para favorecer la creación de nuevo tejido productivo.
El PP ha destacado que esta nueva normativa permitirá a miles de autónomos leoneses, pyme y empresarios pagar el IVA cuando cobren las facturas, una medida, en su opinión, "imprescindible" para salir de la crisis y "muy necesaria" para la provincia puesto que ha sido una reclamación constante de empresarios y autónomos.
Asimismo, se ha valorado de forma positiva que dentro del paquete de medidas incluidas en la nueva Ley de Emprendedores uno de los principales objetivos del Gobierno sea el de impulsar la creación exprés de empresas. Al respecto, ha subrayado que con esta normativa constituir una sociedad sin escritura pública supondrá un tiempo 24 horas y costará 40 euros, mientras que para hacerlo con escritura pública se prevé un plazo de 48 horas y un coste de 100 euros.
JÓVENES EMPRENDEDORES
Igualmente, el PP ha alabado el Plan de Jóvenes Emprendedores de la Diputación Provincial, dotado con un presupuesto de 90.000 euros y dirigido a menores de 40 años. Pese a que la Institución no tiene competencias, ha decidido apostar por el mundo rural y por aquellas personas que decidan emprender en los pequeños municipios.
Por último, el Comité Ejecutivo se ha comprometido a defender y a explicar la nueva Ley de Educación en todos los rincones de la provincia. Según se ha explicado, esta es una de las leyes "más importantes" que ha puesto en marcha el Ejecutivo central.
En este contexto, ha recalcado que la nueva normativa está orientada hacia la calidad, a buscar una "verdadera" inclusión social y oportunidades tras 20 años con el mismo modelo educativo de la LOGSE, que ha conducido a un resultado "negativo" y a unos "niveles inasumibles de fracaso y abandono escolar".



La Asociación de Pueblos Olvidados de Burgos se manifiesta contra la reforma de la Administración Local


El Norte de Castilla, 27/5/2013.- La Asociación de Pueblos Olvidados de Burgos participará en la manifestación de protesta del próximo viernes 31 frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en Madrid. El objetivo es mostrar su malestar por la reforma de la Administración Local que pretende acometer el Gobierno de España y que, en algunos supuestos, contempla la supresión de las entidades locales menores.
«No son el problema económico de este país, por más que le pese al Ministerio de Hacienda, y por más que sea éste el que más interesado esté en hacer creer a la ciudadanía que las causantes de esta situación son las pedanías y que con su supresión, los problemas económicos van a desaparecer», explica el presidente de la Asociación de Pueblos Olvidados de Burgos, Ismael Alonso.
Por ello, la Asociación registrará en el Ministerio un escrito dirigido a su titular, Cristóbal Montoro, trasmitiéndole su parecer sobre el anteproyecto de Ley de Sostenibilidad Local y «en el que le reclamamos sensatez y responsabilidad política a la hora de abordar esta cuestión».
La Asociación de Pueblos Olvidados de Burgos pondrá a disposición de los interesados un autobús que saldrá de la capital burgalesa, parando en Lerma y Aranda de Duero, con destino Madrid, para que puedan participar en la manifestación.

El artículo que liquida las pedanías


Diario de León, 27/5/2013.- El coordinador provincial de IU, Santiago Ordóñez, denunció que el proyecto de ordenación del territorio que «pactaron Junta y PSOE» incorpora «el ataque» a las juntas vecinales leonesas del Gobierno central. Ordóñez lamenta que el proyecto de ley recoja en su artículo 61 que «la obligación de cohesión territorial y solidaridad desaparecerá en supuesto de supresión de una entidad local menor», cuando debería de enfatizar la defensa de sus competencias exclusivas en materia de regulación de las juntas vecinales o poner sobre la mesa el deber de defensa de las mismas recogido en el estatuto de autonomía. El articulado que alude Izquierda Unida enfatiza que la supresión de las entidades menores se realizará «en la forma y con los requisitos previstos en la legislación básica de régimen local» y «sin perjuicio de que se especifique el destino de sus bienes y la atribución de su titularidad y aprovechamientos al respectivo municipio en el Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se suprima».

Visiblemente molesto por la interpretación que realiza IU sobre los apoyos que encontrará la Junta para sacar adelanta la ordenación territorial, Tino Rodríguez negó ayer que existiera acuerdo alguno de conformidad con el gobierno de Valladolid para dar el apoyo a la norma. Al contrario. «De momento, el próximo miércoles presentaremos en Pleno en la Diputación una moción para que se rechace la ordenación del territorio tal y como la ha planteado la Junta; y además se insta a que se garantice la viabilidad de las Juntas vecinales». Rodríguez recordó que el PSOE leonés también combatió en la ejecutiva autonómica la ley territorial.

domingo, 26 de mayo de 2013

Las pedanías gallegas reivindican su plena vigencia en el siglo XXI


La Región, 26/5/2013.- Los 'segundos alcaldes' de los 10.000 gallegos que viven en una pedanía están preocupados por la reforma de la administración local y no les acaban de satisfacer las noticias que llegan de Madrid ya que las entidades menores piden su 'reconocimiento' en la norma y también que se elimine 'del todo' la posibilidad de que puedan desaparecer si no cumplen 'de forma inmediata' con el requisito de la rendición de cuentas.

La singularidad de las pedanías, más de 3.500 en toda España, la comparten en la comunidad autónoma de Galicia nueve poblaciones, ocho de ellas en la provincia de Pontevedra -Bembrive (Vigo), Arcos da Condesa (Caldas de Reis), Camposancos (A Guarda), Chenlo (O Porriño), Morgadáns (Gondomar), Pazos de Reis (Tui) y Queimadelos y Vilasobroso, ambas en Mondariz-. La novena, la de Berán, pertenece al municipio ourensano de Leiro. 

Con competencias, color de gobierno y orígenes distintos, en algún caso derivado de antiguas formas feudales de ocupación de la tierra como Morgadáns, que podría haber recibido su nombre de la antigua figura del 'morgadío' que habría existido en esta pedanía, así como en las vecinas de Chenlo y Pazos de Reis, las entidades locales menores comparten determinados problemas diarios, su temor hacia la reforma local y la convicción de que su papel es 'plenamente vigente' en el siglo XXI. 


LA VOZ CANTANTE

Para hacer frente a una norma que inicialmente promovía la 'supresión de un plumazo' de las pedanías, aunque 'se está dulcificando', varias de las entidades existentes en Galicia han decidido 'unir fuerzas', en palabras de quien lleva 'la voz cantante', según sus homólogos, el alcalde pedáneo de Bembrive, Roberto Ballesteros, que preside la entidad más grande, que da servicio a 4.413 vecinos. 

'Menos las entidades de Morgadáns y Chenlo, las siete restantes nos hemos reunido y tratamos de hacer frente a la reforma como podemos', señaló Ballesteros, antes de insistir en que 'todas' las pedanías coinciden en que hay que 'rendir' cuentas, aunque los últimos datos del Consello de Contas evidencian que algunas tienen dificultades para hacerlo.



En este escenario, conforme a lo recogido en la declaración de León, que entidades de Galicia y de otras comunidades con pedanías suscribieron recientemente, tanto Ballesteros como otros pedáneos gallegos insisten en que 'rendir sí', pero también demandan que se 'simplifiquen' los documentos contables a presentar a los órganos de cuentas y a otros administraciones. 

Además, reivindican que el Estado comparta el uso de instrumentos de la administración autonómica y advierten de que es 'claramente contrario a Derecho y al principio de igualdad' con otras administraciones públicas 'la supresión' de las mismas por el hecho de 'no cumplir a tiempo con las obligaciones contables'. 

'Queremos un tiempo de adaptación, una moratoria, un trato igual a los ayuntamientos, que tienen una deuda enorme y no pasa nada. Es absolutamente ilógico, un agravio comparativo', resumió Ballesteros.

IU denuncia que la Ordenación del Territorio "es un ataque" a las juntas vecinales

Noticiascastillayleon.com, 26/5/2013.- EL Coordinador Provincial de IU de León, Santiago Ordóñez, ha denunciado hoy que el proyecto de ordenación del territorio de la Junta pactado con el PSOE "incorpora el ataque a las Juntas Vecinales del Gobierno Central".

Hasta el día de hoy las causas de desaparición de una Junta Vecinal vienen recogidas en la Ley de Régimen Local de Castilla y León. Si Las Cortes permitiesen aprobar este artículo como está redactado, la Junta simplemente "estará permitiendo que el Estado Central imponga su criterio en competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, de facto se permitirá que una Ley Ordinaria pase por encima de una Ley Orgánica de rango superior como el Estatuto de Autonomía". 

Por ello, IU asegura que un acuerdo cerrado entre el PP de CyL y el Gobierno Central, junto con el PSOE, "permitirá que las Juntas Vecinales empiecen a desaparecer una a una en medio del campo de minas diseñado por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local".

"Esta Ley roba su personalidad jurídica reduciendo su categoría de entidades locales menores a entidades de ámbito territorial inferior al municipio”, han criticado desde IU de León y han añadido que solo las entidades locales menores "conservarían sus competencias actuales pero con unos condicionantes muy duros para no ser disueltas: primero presentar sus cuentas en los primeros tres meses tras la aprobación de la Ley, segundo pasar una evaluación de las competencias que ejercen bajo la premisa de unos estándares de calidad que se fijarán por Decreto" 

Por tanto, IU opina que "un mecanismo diseñado para intervenir municipios de menos de 5000 habitantes y fusionarlos, para privatizarlos en el resto de los casos, o traspasarlos a las Diputaciones se aplicaría a las Juntas Vecinales bajo la amenaza de disolución". "Una herramienta para terminar con los concejos que la Junta asume en su acuerdo con el PSOE para imponernos un modelo de Ordenación del Territorio que simplemente no hay por donde coger", han sentenciado

sábado, 25 de mayo de 2013

Las pedanías gallegas reclaman "simplificar" la rendición de cuentas y reivindican su "vigencia" en pleno siglo XXI

Lainformacion.com, 25/5/2013Presumen de "superávit" y se definen como "las más democráticas" por la elección "directa" de sus representantes, pero apuestan por modernizarse
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)Los "segundos alcaldes" de los 10.000 gallegos que viven en una pedanía están preocupados por la reforma de la administración local y no les acaban de satisfacer las noticias que llegan de Madrid ya que las entidades menores piden su "reconocimiento" en la norma y también que se elimine "del todo" la posibilidad de que puedan desaparecer si no cumplen "de forma inmediata" con el requisito de la rendición de cuentas. La singularidad de las pedanías, más de 3.500 en toda España, la comparten en Galicia un total de nueve poblaciones, ocho de ellas en Pontevedra --Bembrive (Vigo), Arcos da Condesa (Caldas de Reis), Camposancos (A Guarda), Chenlo (O Porriño), Morgadáns (Gondomar), Pazos de Reis (Tui) y Queimadelos y Vilasobroso, ambas en Mondariz--. La novena, la de Berán, pertenece al municipio ourensano de Leiro. Con competencias, color de gobierno y orígenes distintos, en algún caso derivado de antiguas formas feudales de ocupación de la tierra como Morgadáns, que podría haber recibido su nombre de la antigua figura del 'morgadío' que habría existido en esta pedanía, así como en las vecinas de Chenlo y Pazos de Reis, las entidades locales menores comparten determinados problemas diarios, su temor hacia la reforma local y la convicción de que su papel es "plenamente vigente" en el siglo XXI.Para hacer frente a una norma que inicialmente promovía la "supresión de un plumazo" de las pedanías, aunque "se está dulcificando", varias de las entidades existentes en Galicia han decidido "unir fuerzas", en palabras de quien lleva "la voz cantante", según sus homólogos, el alcalde pedáneo de Bembrive, Roberto Ballesteros, que preside la entidad más grande, que da servicio a 4.413 vecinos. "Menos las entidades de Morgadáns y Chenlo, las siete restantes nos hemos reunido y tratamos de hacer frente a la reforma como podemos", ha señalado Ballesteros, en declaraciones a Europa Press, antes de insistir en que "todas" las pedanías coinciden en que hay que "rendir" cuentas, aunque los últimos datos del Consello de Contas evidencian que algunas tienen dificultades para hacerlo.SIN "AGRAVIOS COMPARATIVOS"En este escenario, conforme a lo recogido en la declaración de León, que entidades de Galicia y de otras comunidades con pedanías suscribieron recientemente, tanto Ballesteros como otros pedáneos gallegos consultados por Europa Press, insisten en que "rendir sí", pero también demandan que se "simplifiquen" los documentos contables a presentar a los órganos de cuentas y a otros administraciones. Además, reivindican que el Estado comparta el uso de instrumentos de la administración autonómica y advierten de que es "claramente contrario a Derecho y al principio de igualdad" con otras administraciones públicas "la supresión" de las mismas por el hecho de "no cumplir a tiempo con las obligaciones contables". "Queremos un tiempo de adaptación, una moratoria, un trato igual a los ayuntamientos, que tienen una deuda enorme y no pasa nada. Es absolutamente ilógico, un agravio comparativo", ha resumido Ballesteros. COMPARTIR RECURSOSBajo la premisa de que "la unión hace la fuerza", el pedáneo de Bembrive ha manifestado que su entidad, al ser la más grande y al "no correr peligro" porque lo tiene "todo al día", ha ofrecido medios y asesoramiento a otras más pequeñas y que pueden tener mayores dificultades para el proceso de rendición de cuentas como es el caso de Vilasobroso, con menos de 400 habitantes, o Queimadelos, con 92. "Asesoramos a las entidades que lo precisan para que se pongan al día, si hace falta las ponemos en contacto con el secretario y el interventor o con la gestoría que se encarga de lo nuestro", ha subrayado, para insistir en que, a nivel estatal, las pedanías "siguen luchando" y, en principio, está prevista una nueva protesta contra la reforma local a finales de este mes de mayo. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la entidad de Camposancos, Rafael Martínez, quien incide en los "escasos medios" y en la "burocracia" que estipula la administración, lo que dificulta a unas entidades "muy centradas en afrontar los problemas de los ciudadanos", cumplir con los trámites para presentar las unas cuentas.Unas cuentas "muy saneadas", por otra parte, según subraya Martínez, pero también otros pedáneos como el de Queimadelos, Manuel Portas. "Tenemos todas superávit y las cuentas muy limpias", defiende Portas, quien subraya además que, en el caso de su entidad, ni él ni los vocales cobran "ni un euro". "Sólo le pagamos al administrador y no recibimos nada del ayuntamiento, ingresamos del monte", ha esgrimido.SITUACIONES DISTINTASY es que, al igual que las competencias, que en algunos casos están centradas en la gestión del monte y en otros son más amplias --yendo desde la limpieza de los viales a la organización de fiestas parroquiales, en el caso de Bembrive, por ejemplo--, las fuentes de financiación y las condiciones salariales de los integrantes de las pedanías también varían. Así, hay pedanías en las que disponen de subvenciones de los ayuntamientos a los que pertenecen con cuantía variable. En otras entidades los ingresos se ciñen prácticamente a los aprovechamientos del monte o de otras fuentes que, a veces, están directamente vinculadas con su origen. Éste es el caso de la entidad ourensana de Berán que, según ha explicado a Europa Press su pedáneo, José María Doval, recibe "una pequeña subvención de 2.000 euros del ayuntamiento", al margen de su parte en los beneficios que da el balneario ligado a los orígenes de la propia pedanía y que ahora "vuelve a estar abierto".Doval, al igual que su homólogo de Queimadelos no cobra "nada" como pedáneo, como tampoco lo hace, por ejemplo, Alejandro Lorenzo, de Chenlo. "No percibo nada y llevé la propuesta a pleno para que ni alcalde ni vocales cobren por dedicación exclusiva, por dedicación parcial o por asistencia", ha defendido, antes de matizar que sí hay un vocal que percibe remuneración por su labor "al cien por cien" para la pedanía.En el caso de Bembrive, la mayor pedanía de Galicia, recibe una subvención anual de 260.000 euros del ayuntamiento de Vigo, pero tiene unas competencias más amplias que las de otras entidades. Su presidente cobra 550 euros brutos por asistir a cada pleno y los vocales, 225. Además, hay un máximo estipulado de 24 plenos, en el que se incluyen "incluso los extraordinarios", y la media es de "uno o dos al mes"."PLENA VIGENCIA"Con un funcionamiento "de ayuntamientos a pequeña escala", todos los pedáneos consultados insisten en la "plena vigencia" de sus instituciones y reafirman su vocación de servicio ante los vecinos de la parroquia. "Aquí si hay un problema con una carretera no puedes escudarte en si es de la Diputación, de la Xunta o del Estado, te ven la cara todos los días y te buscas la vida para solucionarlo", ejemplifica Ballesteros. Además, aunque entienden y apuestan por "modernizarse" porque "hay que ir con los tiempos", defienden que las entidades locales menores son "las más democráticas" y ejemplifican con la elección "directa" de sus representantes. En palabras del pedáneo de Bembrive, "aquí no hay pactos, hay votación directa; ganas por un voto y eres el alcalde".La "atención 24 horas" o los conflictos que a veces se producen en la parroquia no desaniman a los presidentes de las entidades locales menores. "Hay que vivirlo y querer hacerlo; no estoy diciendo que hagamos la mejor función del mundo, pero sí es muy necesaria para nuestros vecinos", resume el pedáneo de Chenlo, Alejandro Lorenzo.(EuropaPress)

jueves, 23 de mayo de 2013

La FRMP pide que el coste de los servicios incluya la despoblación


Diario Palentino, 23/5/2013.- La Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) se felicitó ayer de que el anteproyecto de Ley de Reforma de Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local presentada el martes por Montoro recoja alguna de las alegaciones presentadas por este organismo, pero insistió en que lo «preocupante» es que se ha de incluir en el establecimiento del coste estándar de los servicios «aspectos tan importantes» para Castilla y León como la despoblación, el envejecimiento, la dispersión territorial y el número de núcleos de población a efectos de un solo ayuntamiento.
«Desde la Federación reivindicamos por tanto esta singularidad y particularidad de nuestra tierra con respecto al espectro nacional», sostiene la FRMP.  Por otra parte, desde la Federación se reprochó al PSOE su actitud en los órganos internos, con respecto a la presentación de mociones, comunicados y resoluciones de la que se desprende «un interés de utilización política». Por eso, le recuerda que «no debe ser un ariete para golpear a ningún gobierno».

entidades Locales Menores. Por su parte, la Federación de Entidades Locales Menores de Castilla y León valoró de forma «crítica, aunque con matices» la reforma local propuesta por el Gobierno. Como señaló su asesor jurídico, Carlos González Antón, se trata de una normativa restrictiva y que parte del «recelo y el desconocimiento» hacia el funcionamiento de las juntas vecinales. «Algo que queda reflejado en su contenido».
Según dijo, la reforma partió de un planteamiento inicial que apostaba por la supresión de las pedanías y que «se ha ido corrigiendo» con el tiempo. Sin embargo, destacó que el texto todavía no deja claros aspectos fundamentales, como que se reconozca la personalidad jurídica pública de las entidades locales menores o «sus competencias propias».
González Antón indicó que es necesario que las juntas vecinales sean consideradas como verdaderas administraciones que cuentan con un carácter territorial. Un aspecto que, en su opinión, no queda plasmado dentro de la norma del Gobierno. También considera que la reforma debería potenciar a las entidades locales menores como primera entidad pública en aquellas zonas en las que la población se encuentra más dispersa. En este sentido, destacó que las pedanías son las administraciones más próximas al ciudadano, y también las que prestan los servicios básicos a los pueblos.

Sombras nada más

Diario de León, Ernesto Escapa, 23/5/2013.- Es lo que hay entre la dudosa expectativa de la mina y la inminente condena de las juntas vecinales. Para qué engañarse. También van a ir desapareciendo trenes, aunque en esa carrera León parte con ventaja: ya tiene en la misma capital dos estaciones sin servicio con las que disputar la competición del absurdo. Aeropuertos sin aviones, estaciones sin trenes. El convite popular del fin de semana en Salamanca no sirvió para esclarecer el cumplimiento de los compromisos con la minería, ni el horizonte de las entidades locales, ni la financiación autonómica. Más bien, vino a enturbiar un poco más todo. Empezando por lo esencial, que es la situación límite de los valles mineros, ayer en las Cortes de Castilla y León saltaron chispas, cuando la socialista Ana Redondo increpó al consejero Villanueva por el juego de aplazamientos que se trae el gobierno de España. Vino a recordarle que no vale ponerse gallito en el corral doméstico para arrugarse cuando está ante el ministro. Y calificó esa actitud como falta de vergüenza. Luego, accedió a retirar la expresión del acta. La tesitura a la que se ven abocadas las comarcas mineras es tan dramática, por el incumplimiento del gobierno, que no vale derivar su solución al diseño de una nueva estrategia energética en el mes de junio. Lo que exigen los mineros, y con razón, es el pago de unas ayudas cuya idoneidad certificó la Intervención General del Estado. Así que ni un atisbo de optimismo cabe deducir de esa conferencia sectorial del carbón celebrada en el Ministerio con las cuatro Autonomías afectadas. Según Villanueva, va a exigir que en la nueva estrategia energética, que se empezará a diseñar en junio, España cuente con el carbón y con las centrales térmicas. «Esto es lo que puedo decir», concluyó.

Lo que sí ha conocido un acelerón reciente es el proceso de reforma de la administración local, inspirado por la factoría Faes y puesto en marcha por Montoro. Mientras se corrigen algunas de sus tentativas más groseras y disparatadas, como poner de forma indiscriminada y a barullo competencias municipales en manos de las Diputaciones, sigue en pie la amenaza de intervenir a las entidades locales menores, para apropiarse de su patrimonio vecinal. Todo ello, con una justificación de ahorro. A la reunión asisten siempre los mismos: alcaldes urbanos y presidentes de Diputación acuciados por su propia deuda. Ahí tejen una fantasía que les lleva a propuestas tan disparatadas como la que pretende encomendar la gestión de los consultorios locales a la Autonomía. Claro, ninguno de estos negociadores ha pisado un pueblo en su vida y no saben que los consultorios, por seguir con el ejemplo, hay que limpiarlos y calentarlos, regulando la calefacción los días que no se usan. Nadie parece reparar tampoco en que la deuda municipal radica en los ayuntamientos urbanos, no en las juntas vecinales. Y sobre todo, que estas entidades están para dar servicio a la gente de su ámbito. El problema es que cuentan con un patrimonio secular que en este momento resulta muy tentador.

Mientras, la porfía de los preferentistas entra en un proceso que puede conducir al desánimo. Para los de Ceiss, ya sólo cabe la vía judicial. Buena parte de ellos son ancianos y la comunicación enviada por la entidad es tan opaca como estúpida e insolente. Y entretanto, los responsables del engaño disimulan, mirando para otro lado.

La Diputación distribuye 1,3 millones para actuaciones en 262 juntas vecinales

Diario de León, 23/5/2013.- La institución provincial ya ha decidido el reparto de las obras que podrán realizar este año las pedanías a través de los fondos del Plan Juntas Vecinales 2013. Una distribución, realizada con el consenso de todos los grupos, que deja fuera 448 de las 710 peticiones recibidas por parte de las entidades locales menores de León.

Finalmente serán 262 las pedanías incluidas en este plan, el 37% de las que aspiraban a contar con ayudas de esta convocatoria. Un reparto que mañana será refrendado por la Comisión de Cooperación y aprobado por el Pleno el próximo miércoles.

El plan, diseñado para las juntas vecinales del área de León (las del Bierzo tienen uno propio de 660.000 euros que reparte el Consejo Comarcal), cuenta con una consignación total de algo más de 1,3 millones de euros. Las arcas del Palacio de los Guzmanes aportan el 90% de esta montante, mientras que las pedanías beneficiadas deben financiar el 10% restante.

Las dudas que se plantean por el futuro de la existencia de estas entidades, ante la reforma de la Ley de Régimen Local, provocó que este año la Diputación únicamente realizara la convocatoria para el plan de obras en las juntas vecinales para un solo ejercicio, frente a los tres que incluyó la última (2010, 2011 y 2012). Un periodo en el que pudo hacer frente, con cuatro millones de euros, a más de 600 actuaciones en entidades locales menores.

La cuantía máxima fijada para cada pedanía en esta ocasión se ha marcado en el límite de los 6.000 euros, una cantidad a la que llegan un buen número. Otras oscilan entre los 4.000 y los 5.500 euros, con una excepción: los 9.000 que tendrá la Junta Vecinal de Mondreganes (municipio de Cebanico) para obras de renovación de su red de abastecimiento.

En cuanto a las actuaciones previstas en este plan, se centran fundamentalmente en mejoras de infraestructuras básicas, como saneamiento, asfaltado, alumbrado o captaciones de agua. También obras en zonas de ocio y deporte, así como reformas en edificios de usos comunes de la localidad como el consultorio, casas del pueblo, casas concejo, viejas escuelas, centros cívicos, salones sociales, adquisición de mobiliario de espacios públicos, cementerios y también rehabilitación de arquitectura popular (molinos, fuentes...).

Ante el reparto acordado por los grupos de la Diputación, de acuerdo a la representatividad, la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores ha mostrado su disconformidad por la «arbitrariedad» de los criterios de la distribución y exigen voz a las pedanías sin color político.

miércoles, 22 de mayo de 2013

Una ley antiayuntamientos


Lacronica.es, 22/5/13.- Desde el  colectivo local de Joves EUPV desaprobamos el beneplácito y la pasividad de Mercedes Alonso con el anteproyecto de Ley de la Administración Local del Gobierno central, una ley “anti-Ayuntamientos” que supondrá el vaciado de competencias de nuestra localidad, pasando las competencias de índole local a la Diputación Provincial, una institución de lo más retrógrada, herencia incuestionable del franquismo; o, en el mejor de los casos, al ámbito competencial del Consell y su deplorable gestión de los recursos públicos, que ha dejado a millones de familias sin acceso a los servicios sociales mínimos para garantizar una vida digna.

Esta reforma es una clara involución para la democracia; acabará con la realidad del pueblo y alejará a los ilicitanos e ilicitanas de la toma de decisiones sobre el bien común, ya que el Ayuntamiento se convertirá en una mera reunión de ciudadanos con un presidente, el alcalde o alcaldesa, sin capacidad para dar respuestas a los problemas locales. En esta línea claramente antidemocrática, centralista y –hablemos claro- franquista va la supresión de 3.725 entidades locales menores, es decir, las tradicionalmente denominadas “pedanías”.

De tal manera, desde Joves EUPV Elx aprovechamos para preguntar a la alcaldesa qué ocurrirá con las entidades locales menores adscritas a nuestro municipio, si perderán su identidad jurídica y su representación en las alcaldías pedáneas, tal y como está contemplado en el anteproyecto. Exigimos saber, incluso, si el patrimonio que ahora gestionan comunalmente pasará a la gestión “metropolitana” del Ajuntament d’Elx, que tanto ha castigado la calidad de vida de los vecinos y vecinas de pedanías como El Altet, a causa de la construcción de un aeropuerto sin garantías de sostenibilidad medioambiental.

Los y las joves d’Esquerra Unida rechazamos esta democracia falsa en la que Gobiernos fraudulentos pueden tomar decisiones contra los intereses de la ciudadanía. Denunciamos esta política neoliberal de privatización de los servicios públicos y la desactivación del a democracia local y la autonomía local a la que nos abocan nuestras autoridades locales. Este sistema ilegítimo es culpable de lo que somos: una generación perdida, condenada al exilio y la precariedad. Por eso, exigimos una democracia local, real, descentralizada y directa en la que podamos tomar las riendas de nuestro propio destino.

Francisco Pardines
Joves d'Esquerra Unida Elx

martes, 21 de mayo de 2013

La entidades locales menores, esperanzadas en que PP defienda sus propuestas


El Confidencial, 21/5/2013 (EFE).- El presidente de la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM), Antonio Martín Cabanillas, se ha mostrado esperanzado sobre la posibilidad de que el Gobierno recoja algunas de sus propuestas en la reforma local.

Una delegación de esta Federación se ha reunido con Juan José Matarí, Rafael Merino y José Alberto Martín, diputados del PP, en el Congreso, para presentarles un análisis jurídico y sus propuestas sobre la ley que cambiará la administración local.

En declaraciones a EFE después de este encuentro, Martín Cabanillas ha señalado que su propuesta es "de adición", con la definición de la organización, competencias y financiación de estas entidades, de las que hay en España 3.725, entre ellas, pedanías, parroquias o concejos, y de las que más de la mitad están en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias.

Otra de sus reivindicaciones es que los ayuntamientos en los que están enclavados atiendan sus necesidades o que haya partidas para los entes locales menores en sus presupuestos municipales.

Martín Cabanillas ha insistido en que las entidades locales menores deben participar en los ingresos del Estado, como hacen el resto de ayuntamientos, y en los de las comunidades autónomas.

Ha agregado que los diputados del PP han valorado sus propuestas y se han comprometido a transmitir sus inquietudes al resto de su grupo parlamentario y al Gobierno.

Tras manifestar su satisfacción por esa receptividad, se ha mostrado complacido porque la ley, finalmente, mantenga la personalidad jurídica propia de estas administraciones, lo que no hacía el primer borrador de la reforma local.

"Otra cosa será si se pueden crear a partir de que se apruebe la ley", que estará en vigor, según el Gobierno, el próximo 1 de enero, ha dicho el presidente de esta Federación. EFE

lunes, 20 de mayo de 2013

Los servicios en los municipios pequeños cuestan el triple que en los grandes


ABC, 20/5/2013.- El coste de los servicios obligatorios municipales en las localidades de menos de 5.000 habitantes cuesta el triple que en las de más de 100.000 ciudadanos: 1.219,98 euros frente a 445,44, según fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En un encuentro informativo para explicar el coste estándar de los servicios que prestan las entidades locales, las mismas fuentes han destacado que la puesta en práctica de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el anuncio de reforma local han supuesto "importantes avances en la consolidación fiscal".
Así, 4.623 municipios cerraron con superávit el ejercicio de 2012 frente a los 4.018 de 2009.
El personal al servicio de las entidades locales ha disminuido en un 12,27 por ciento entre julio de 2011 y julio de 2012 y se han reducido las entidades públicas locales, principalmente empresas públicas y organismos autónomos, de las 3.656 de 2009 a 3.294 en 2013.
Asimismo, en mayo de 2013 ya habían liquidado sus presupuestos 6.033 entes locales frente a los 3.920 de mayo de 2012.
Según Hacienda, la previsión de impacto económico de la reforma local para 2013-2015 será de 7.129 millones, de los que 2.232 obedecen a la clarificación de competencias; 3.282 a la eliminación de duplicidades; 73 a ahorros en mancomunidades y entidades locales menores; 145 a supresión de eventuales y cargos electos y 1.397 a diferentes modificaciones del sector público local.
Cuando fue presentada la ley, el Gobierno señaló que su puesta en marcha supondría un ahorro de 8.000 millones.
El descenso se justifica ahora por el "impacto en los salarios públicos", aunque han descartado que vaya a haber más de 800 millones de recorte para los empleados públicos.
Sí han reconocido que habrá "rangos salariales" y "retribuciones por grupos" para evitar la actual "dispersión de los sueldos", principalmente en los complementos específicos existentes.
En cuanto al coste estándar, han explicado que se trata de un valor de referencia que sirve para comparar los gastos en los que incurren los municipios en la prestación de los servicios y determinar cuánto se ahorraría si esa prestación es más cara que el valor de referencia.
Este valor se debe escoger de manera que implique "eficiencia en la prestación de los servicios", que se ha establecido a partir de los valores medios de los municipios más grandes, ponderado por la densidad del municipio.
Para el Ministerio, el coste per cápita de prestación es mayor en los municipios más pequeños y observan "una amplia ineficacia" en el 92,11 % de los municipios de menos de 5.000 habitantes (5.586).
Esa ineficacia supondrá que, si no mejoran la gestión de sus servicios antes de la puesta en marcha de la ley, el próximo 1 de enero, ésta será asumida por las diputaciones.
Además, estos órganos provinciales también asumirán la prestación de servicios obligatorios en los ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes si es ineficaz.
Cuando sean de más habitantes, sólo será posible la absorción si la corporación la solicita de forma voluntaria, aunque si la gestión no es la correcta se les aplicará la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé, incluso, la intervención.
El traspaso a las diputaciones será por cinco años, periodo en el que los ayuntamientos tendrán que elaborar un plan económico y financiero o "de ajuste", que será analizado por el Ministerio de Hacienda, para poder recuperar la gestión de dichos servicios.
Fuentes de Hacienda han agregado que "la financiación sigue a la prestación", por lo que si la diputación asume la prestación, será este órgano quien cobre los impuestos para tal fin, aunque "el conjunto de los tributos locales es competencia de los ayuntamientos".
Preguntado por la actividad de éstos si se quedan sin competencias obligatorias (cementerios, iluminación, pavimentación o basuras), el Ministerio ha precisado que en ningún caso podrán ejercer las no obligatorias.
Asimismo, han añadido que las corporaciones seguirán manteniendo "toda su competencia política" y serán los que "defiendan los intereses de sus ciudadanos ante la diputación".
El Ministerio está convencido de que éstas podrán asumir esa nueva prestación de servicios y ha desvelado que la de Ourense se ha ofrecido a desarrollar un plan piloto estratégico, ya en marcha, para que los ayuntamientos comprueben la eficacia de la prestación de servicios centralizados.

Las entidades menores exigen su reconocimiento y financiación en la reforma local que se presenta mañana

Tele 5, 20/5/2013.- La entidades locales menores (EATIM) quieren que la reforma de la administración local que ultima el Gobierno reconozca su existencia y les conceda una financiación suficiente y directa, sin que intermedie el municipio. Según interpretan, con esta modificación legal se busca "la desaparición total de estas entidades territoriales".
Así lo plantean en un escrito elaborado por la Federación en la que se agruman y que presentarán al PP este martes, el mismo día que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentará el texto definitivo de su reforma en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).

Además de entregar sus propuestas, la federación ha convocado a todos los alcaldes de las entidades menores a una concentración el 31 de mayo, a mediodía, frente a la sede del ministerio que dirigen Cristóbal Montoro.

La iniciativa tiene que pasar aún por el Consejo de Estado, volverá al Consejo de Ministros y de ahí, al Congreso y al Senado. La Federación Española de Entidades Locales Menores ha elaborado una propuesta que entregará al PP con el objetivo de que alguno de sus planteamientos se incluyan en el texto en algún momento.

COMPETENCIAS Y FINANCIACIÓN

Para esta federación, la reforma es "una oportunidad inmejorable" para revisar el estatutos de estas entidades inferiores al municipio y establecer unos "parámetros comunes a todas las comunidades autónomas" y aplicables en todo el territorio nacional.

Entre sus objetivos, su reconocimiento como entidad municipal y un nuevo sistema de financiación para ellas que parta de una "revisión radical" del actual. La base es que estos organismos deberían ejercer "casi todas" las competencias atribuidas a los municipios y, a partir de aquí, deberían recibir la financiación correspondiente, pero de manera directa del Estado o de la comunidad, no a través del municipio.

"En la inmensa mayoría de los casos, esas cantidades nunca llegan a la población de las EATIM, verdadera destinataria de las mismas", asegura la federación en su escrito, en el que acusan a los municipios de "ahogarlas económicamente".

Ayuntamientos: Reducción drástica ya


Madridpress.com, 20/5/2013.- En la mayor parte de los países de Europa la Administración Local se ha reducido de forma significativa. Recientemente hemos visto los ejemplos de Grecia e Italia, donde la austeridad se ha llevado por delante más de de la mitad de los entes locales; pero antes de la crisis, países de Europa tenidos como eficientes, efectuaron reordenaciones mucho más drásticas, como Alemania, Suecia o Dinamarca, con el precedente del Reino Unido en los años 50. Si Rajoy hubiese querido, algo similar estaría hecho hoy en España.

Lo remarco, reducir a la mitad el número de concejales es tan fácil como querer. Basta con leer el artículo 179 de la Ley Electoral, para saber que los concejales que corresponden a cada Ayuntamiento se mueven en una escala que va desde 3 para los de menos de 100 residentes, a 25 para los de entre 50.000 y 100.000, a los que se añade un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, de forma que el Ayuntamiento de Madrid es un auténtico “parlamento” de 57 concejales. Por ejemplo, un Ayuntamiento de entre 2.000 y 5.000 habitantes, que hoy tiene 11 concejales, no necesita más de 5, ni uno de 100.000, más de 11 o 13, ni ningún Ayuntamiento, incluidos los de Barcelona y Madrid, debe llegar ni por asomo a los 25.

Para hacer eso, sólo se requiere modificar la Ley Orgánica Electoral General, lo que el PP tiene mayoría sobrada para hacer, e inmediatamente convocar elecciones municipales. No se trata de limitarse a anunciar una reducción demorada a las siguientes elecciones locales, como hicieron a principio de Legislatura y que además sospechosamente no han reiterado. Esto debiera estar hecho. Ya tendría que haber la mitad de concejales en los Ayuntamientos, como mucho. Existe un clamor popular para que los políticos den ejemplo y asuman recortes en sus prebendas. Es indignante que el pueblo sufra, mientras ellos se refocilan en la mamandurria.

Rubalcaba, en las elecciones, prometió suprimir las Diputaciones Provinciales y el propio Felipe González ha insistido en dicho tema. Pues bien, cuando la oposición propone medidas coherentes con el interés general de España, lo que ha de hacer el Gobierno es aplicarlas. Las Diputaciones y sus equivalentes, Cabildos y Consejos Insulares, cuestan alrededor de 23.000 millones de euros anuales, de cuya factura, más del 50% corresponde a gastos de personal.

El Gobierno puede ir todavía mucho más allá, pues cabe reducir fácilmente a menos de la mitad los Municipios de España. De los 8.116 censados por el INE a 1 de enero de 2012, pasar a un máximo de 4.000. Se requiere poco más que obligar a fusionarse a los Municipios de menos de 2.000 habitantes, que son 5.799, el 71,45% del total y suprimir las Entidades Locales Menores. Es tan sencillo, que la única razón para no hacerlo es dar de comer a los militantes de los partidos, con cargo al esquilmado contribuyente. Es verdad que la competencia para alterar los términos municipales corresponde a las Comunidades Autónomas, según el artículo 148.2 de la Constitución; pero las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de sus funcionarios es competencia del Estado (artículo 149.1.18ª) que además dispone de las leyes de armonización del artículo 150.3. No por la chapuza que se hizo con la LOAPA, deja de existir este mecanismo constitucional, en caso de que fuese indispensable recurrir a él.

Con las Comunidades Autónomas hemos topado, amigo Sancho, y sus Consejos Comarcales, que no tendrían razón de ser una vez desaparecidas las Diputaciones y aumentado el tamaño de los Municipios. También ahí habrá que reducir gastos superfluos. En ello incidía con mi idea de una España Federal. Lo mismo hay que hacer con otras autonomías constitucionales (como la local o universitaria) a menudo usadas como pretexto para un gasto fuera de control. Las plantillas de personal y un sistema retributivo casi autocráticos, son un claro ejemplo.

sábado, 18 de mayo de 2013

Las falsedades de la reforma municipal


Publico.es, 18/5/2013.- M. Emilio García Miembro de EconoNuestra/ El anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad local informado por el Consejo de Ministros, que pretende conseguir una reducción del gasto público en el ámbito municipal para el trienio 2013-2015 de 7.129 millones de euros, se ha presentado como un intento de racionalizar el sector local, eliminando duplicidades e ineficiencias entre distintas administraciones, limitando el número de cargos y asesores y sus retribuciones y persiguiendo un más riguroso control de su gestión.

La veracidad de estas loables intenciones, que casi todos podríamos compartir, queda en entredicho con la lectura del Informe del Ministerio Hacienda que acompaña al anteproyecto. Las cifras contenidas en el mismo muestran con suma claridad de donde se pretenden obtener los ahorros perseguidos: reducción de retribuciones de cargos electos y asesores 2% (145 M €), eliminación de Entidades locales menores y mancomunidades 1% (73 M €), supresión de servicios mediante “clarificación de competencias, eliminación de duplicidades y reducción del Sector público local” 97% (6.911 M €). Queda patente que las retribuciones de alcaldes, concejales y asesores no juegan otro papel que el de guinda en otro amargo pastel de recorte de los servicios públicos.

El origen de la reforma local no es distinto al de las de sanidad, educación o servicios sociales, que no es otro que el de las exigencias de la Unión Europea plasmadas en el Programa de Estabilidad del Reino de España. En la última actualización del mismo para el periodo 2013-2016 la reforma de la Administración local adquiere el máximo protagonismo, significando un tercio del ajuste total del gasto que se prevé obtener mediante reformas normativas durante el año 2014 y la mitad del previsto para 2015 (0,3 % y 0,5 % del PIB, respectivamente).

La reforma plantea limitar las competencias y servicios que pueden prestar los municipios, la prohibición de ejercer actividades distintas de las que expresamente se les atribuyan y la supresión de municipios que no alcancen un determinado umbral de población, convirtiendo a las Diputaciones Provinciales en el eje de la prestación de los servicios locales.

Es decir, se pretende suprimir los pequeños municipios (no agruparlos), que constituyen la administración más cercana y sensible a las necesidades de sus habitantes, para entregar sus competencias a las Diputaciones Provinciales, cuya elección no se realiza de forma directa por los ciudadanos y que presentan evidentes carencias democráticas. A los Ayuntamientos que queden se les cercenan competencias y, en último término, se les impide suplir con su actividad las carencias de los servicios prestados por otras administraciones.

Éste y no otro es el primer objetivo estratégico de la reforma. Impedir que los municipios, diversos y menos manejables que otras instituciones, puedan seguir jugando uno de los papeles que históricamente han venido desempeñando, el de suplir las carencias de los servicios prestados por otras administraciones.

Salvo anecdóticas excepciones (que las hay) ningún ciudadano recibe dos veces el mismo servicio. Cuando los ayuntamientos prestan servicios de ayuda a domicilio a ancianos y enfermos, cuando prestan servicios a inmigrantes, cuando sostienen la limpieza, calefacción y mantenimiento de colegios públicos o consultorios médicos rurales no están duplicando servicios. Están, simplemente, supliendo las carencias de los servicios que deberían prestar otras administraciones. Esto es, precisamente, lo que se pretende impedir. Y como efecto colateral nuevas pérdidas de puestos de trabajo.

El procedimiento previsto para la aplicación de la Ley es sumario. Los sectores de sanidad, educación y servicios sociales quedan vedados a los ayuntamientos y para el resto de los servicios: a) se fija por decreto el coste estándar de los mismos (¿Calidad y coste no son mutuamente dependientes? ¿Tiene el mismo coste prestar un servicio en el barrio de Salamanca que en un pequeño pueblo de Zamora?), b) si el coste efectivo es superior al estándar y es una competencia “impropia” se suprime el servicio, c) si el coste es superior y se trata de una competencia “mínima”, el servicio se asume por la Diputación Provincial en municipios de menos de 20.000 habitantes.

¿Y qué ocurrirá con las actividades y servicios que tendrán que dejar de prestar los ayuntamientos? La respuesta a esta pregunta nos conduce al segundo gran objetivo de la reforma: Pasarán a manos de la iniciativa privada. La exposición de motivos del anteproyecto de Ley enuncia este objetivo sin el menor pudor. Valgan a modo de ejemplo las dos siguientes “perlas”: “…las entidades locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la Ley, “…se suprimen monopolios municipales heredados del pasado y que recaen sobre sectores pujantes en la actualidad”.

Sin embargo, en la estrategia de privatización de servicios públicos, este proyecto no es sino un paso más, un intento de regular institucionalmente lo que en el marco económico- financiero ya se ha hecho. La reforma “exprés” de la Constitución, de 2011 y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, ya han situado a las Entidades locales en la más absoluta precariedad de recursos, incluso en el ámbito de sus propias competencias. La obligación de presentar equilibrio presupuestario o, lo que es lo mismo, no incurrir en déficit, en términos de contabilidad nacional, no significa otra cosa que tener que financiar el conjunto de las actividades, incluso las inversiones, sin acudir al crédito. Y si las entidades locales no pueden acudir a los mercados financieros para abordar la ejecución de infraestructuras y equipamientos ¿Quién lo podrá hacer en su lugar? ¡Campo abierto a la iniciativa privada! Y no estamos aquí hablando de medidas coyunturales. Éstas no se plasman en constituciones y leyes orgánicas.

No menos importancia tiene la desaparición política de miles de pequeños núcleos rurales y Entidades Locales Menores que pone en peligro el futuro de los bienes públicos comunales que actualmente administran. La Plataforma Rural-Alianza por un Mundo Rural Vivo estima que la enajenación de los mismos podría afectar a 3,5 millones de ha., con un valor que podría rondar los 21.000 millones de euros.

Las administraciones municipales, con todas sus ineficiencias -que solo pueden encontrar solución en el control democrático de su gestión y la agrupación voluntaria de servicios- constituyen, a pesar de todo, un eslabón básico en la cohesión territorial y han venido jugando un papel esencial en la mejora del nivel de vida de sus pueblos, ejerciendo competencias propias y supliendo las carencias de otras.

Lo que está en juego es el nivel de la calidad de los servicios públicos más cotidianos, nuestra capacidad de decidir sobre los mismos y, sobre todo, el precio que tendremos que pagar por ellos. La calidad de las aguas que bebemos y que después arrojamos a mares y ríos, la recogida y tratamiento de los residuos que producimos, la limpieza, alumbrado y seguridad de calles, jardines y parques que transitamos, el deporte que practicamos, la cultura que disfrutamos, la asistencia que prestamos a excluidos y marginados, los lugares en que nos relacionamos, el transporte público que utilizamos, la calidad del aire que respiramos… Y así hasta el cementerio en que podríamos acabar nuestros días que, casi seguro, también será municipal.

jueves, 16 de mayo de 2013

El PSOE cree que las administraciones locales son eficientes y que no hay que suprimirlas

Salamanca24horas.com, 16/5/2013.- Consideran los socialistas que la nueva Ley de Ordenación del Territorio traerá consigo la desaparición ayuntamientos y de entidades locales menores, a pesar de ser eficientes pues representan casi un 5% del total de la deuda pública. Además este hecho acarrearía la eliminación de muchos de los servicios prestados por estas entidades, sobre todo, en materia social

El procurador socialista en las Cortes, Francisco Ramos Antón, ha comparecido ante los medios de comunicación en la tarde de este jueves para expresar su opinión sobre la nueva Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León. En primer lugar, la ve como un peligro para las entidades locales (ayuntamientos y entidades locales menores) que podrían correr el riesgo de desaparecer si no hacen frente a sus deudas (existe un 45% de las entidades locales menores que no cumplen con esta obligación).

Por otro lado, el socialista no entiende que se piense en la supresión de las administraciones locales cuando son eficientes, pues representan un 4,7% del total de la deuda pública según explicó Ramos Antón. Considera el portavoz socialista que lo que los populares buscan en esta ley es un recorte de servicios o la privatización de los mismos, que también conllevaría a la pérdida de empleo: “Nosotros no vemos razones de tipo fiscal”, señaló en este sentido.

Para Francisco Ramos Antón las víctimas de esta ley van a ser también las familias más necesitadas de esos servicios básicos que dejarían de prestarse. “Esta ley no busca la mejora de la calidad de vida del ciudadano”, argumentó. Hizo referencia, sobre todo, a los servicios de marcado carácter social y a la pérdida de competencias en materias como sanidad, juventud, educación, empleo, servicios para la mujer, etcétera, que pasarán a ser gestionados por el Gobierno Regional.

Considera Ramos Antón que esta ley rompe con el modelo europeo y español de la administración local. “Si verdaderamente nos queremos parecer a centroeuropa necesitaríamos más administración local, más administración social o buscar dinámicas de participación”, afirmó. Por otro lado, se preguntó que es lo que pasaría con el dinero público de los ayuntamientos o entidades que fuesen intervenidas en cualquier caso. Lanzó, también, el mensaje de la necesidad de Ayuntamientos solventes con más recursos para atender a las familias. Instó al Gobierno de Rajoy, que celebrará este fin de semana en Salamanca su Interparlamentaria, a garantizar a los alcaldes la continuidad de los ayuntamientos y entidades locales menores.