martes, 30 de abril de 2013

El presidente de la Diputación de Soria recibe a la nueva Asociación en Defensa de las Entidades Locales Menores

Desdesoria.es, 30/4/2013.- El presidente de la Diputación de Soria, Antonio Pardo Capilla, se ha reunido recientemente con los representantes de la Asociación en Defensa de las Entidades Locales Menores, entre ellos su presidente, Luciano Hernández. La asociación, que se ha constituido recientemente en la provincia, está formada de momento por siete entidades locales menores como fundadoras. La entidad se constituyó con el objetivo de defender la existencia de las entidades locales menores de la provincia de Soria.

La reunión mantenida con el presidente de la Diputación ha servido como presentación oficial de la asociación y durante la misma se intercambiaron impresiones sobre la futura modificación de la Administración Local que estudia el Gobierno Central a través de la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local; y la Junta de Castilla y León mediante la Ley de Ordenación del Territorio.

Por su parte, Antonio Pardo les trasladó la postura firme y clara de la Diputación de Soria en defensa de la existencia de los municipios y de la autonomía de los propios ayuntamientos como ha manifestado públicamente en varias ocasiones.

lunes, 29 de abril de 2013

Ignacio Robles: "Quienes quieren acabar con las juntas vecinales desconocen su historia y trascendencia"


Ileon.com, 29/4/2013.- Ignacio Robles García, (Yugueros, Montaña Oriental de León, 1951) ha vuelto a sus orígenes, a su tierra con la que siempre ha estado en contacto, ahora y desde febrero como alcalde del PSOE de la Ercina. Casado y padre de dos hijas, su historia se escribe, por decisión propia, en sentido contrario a la evolución lógica en una carrera política, acaso porque su condición de profesor de enseñanza secundaria, además de licenciado en derecho y filosofía, le ha dejado las manos libres. Hijo de minero y de una ama de casa, Ignacio vivió uno de los momentos más dulces del último tramo de su trayectoria en la política nacional, dos años y medio como responsable del Imserso y otro tanto como Director del Real Patronato de la Discapacidad, cuando defendió en la sede de la ONU la Ley de Dependencia, "que hoy día no reconozco", añade. También guarda con mucho agrado en su corazón la tarea emprendida con los mayores para transformar las simples vacaciones en rutas culturales para conocer tu tierra, la inclusión de una guía de espacios termales y la opción de vacaciones para discapacitados.

Pero ahora y tras decidir, con la jubilación en la mano, devolver a su gente mucho de lo que ha recibido, Ignacio Robles se enfrenta a un momento complejo para el futuro del mundo rural. Pero no está solo, cuenta con la complicidad de los algo más de quinientos vecinos que mantienen vivos los 14 pueblos que componen el municipio.

Ha estado en la alta política y en varios cargos, orgánicos e institucionales, casi siempre ligados a la educación, pero vuelve a sus orígenes.

Lo cierto es que nunca he dejado mi tierra, en vacaciones, fiestas, fines de semana. Soy hijo de un minero que trabajó cuarenta años en una mina muy compleja que el 14 de julio de 1954 se cobró catorce vidas, algo que nunca olvidas. Leoncio Ferreras decía que esa mina, Casetas de Oceja, era un verdadero sacrificio. De un minero, que cuando acababa en la mina se iba a su pueblo a Modino y era agricultor, ganadero, y de una ama de casa: ambos hicieron muchos esfuerzos para que yo pudiera estudiar. Aquí aprendí el valor del trabajo, del esfuerzo y ahora lo que tengo ganas es de intentar devolver algo de lo mucho que me ha dado esta tierra y sobre todo sus gentes.

Pero parece que toma el mando en un momento muy complejo para el mundo rural.

Cuando se dice "me pongo en la piel de ellos", no es verdad, hay que vivir la situación para saber cómo se piensa en el mundo rural. Las administraciones, o lo desconocen o no le dan importancia, están ahogando el mundo rural. Nos quieren disminuir el número de consultorios médicos, y en el tema de educación, que es muy importante, no es un gasto es una inversión, es calamitoso que en este municipio no contemos con ningún centro de educación infantil ni de primaria y mucho menos de bachillerato. Y en este caso, bachiller y FP, los padres se ven obligados a llevar a sus hijos a la capital. Sin médicos, pasa otro tanto, los hijos se llevan a sus padres mayores. No es posible que haya igualdad de oportunidades.

Y para colmo está en el aire el futuro de las juntas vecinales.

Es ridículo cuando se dice que deben desaparecer. Mi ayuntamiento no debe nada y nadie cobramos. Aquí hay juntas vecinales en 13 de los 14 pueblos y son fundamentales, tanto como el derecho al concejo abierto que le debemos a Miguel Cordero del Campillo con su enmienda al artículo 140 en su etapa de senador. Ellos en concejo organizan todo; los pastos, el agua, la leña, el cementerio. El que dice que sobran las juntas vecinales es que desconoce su propia historia y la trascendencia para la vida de estos pueblos.



Y si el rumbo sigue así, ni ganadería.



Es otro tremendo error si desaparece la unidad veterinaria de Boñar, como si disminuyen la conexión de FEVE. Decía mi amigo Antonio Losa que cuando se entierra a una persona en un pueblo se apaga una chimenea; es verdad, cada vez que sucede se cierra la puerta de una casa. Sí, estamos preocupados pero no podemos quedarnos de brazos caídos.

¿Qué se puede hacer?

Tenemos que luchar porque tenemos un valle rico, y tenemos que poner en valor nuestros recursos para que la gente permanezca ligada a su identidad. Queremos inventariar todos nuestros bienes, inmuebles, iglesias, ermitas, porque nos permitiría propiciar rutas turísticas y generar algo de empleo para los vecinos. Desde el ayuntamiento hacemos todo lo posible para que no perdamos esa identidad y cuando tramitan permisos de construcción demandamos a los vecinos que mantengan el exterior a tono con lo que ya existe.

Parece que guarda algún proyecto bajo el brazo para encarar el futuro.

No dejaremos de pelear para conseguir que este municipio, que llegó a tener 1.200 vecinos, no sucumba. Tenemos algunos proyectos importantes que podrían darnos alguna salida. Y contamos con el apoyo inestimable de Jesús García Recio para la promoción de la cultura de esta montaña oriental. Por ejemplo, queremos poner en valor una ruta de castros celtas que en esta zona tiene relevancia.

¿Qué le aporta esta experiencia?

Es muy gratificante. La cercanía de los vecinos te da fuerzas para trabajar, para intentar que esta comarca perviva. Las administraciones deben ser conscientes de la necesidad de mantener la vida y la igualdad de oportunidades en el mundo rural. Y aprendí, y el aprendizaje fue duro, a valorar el esfuerzo y el trabajo de los mineros y de las mujeres que además de sus laboras segaban, araban, se dejaban la vida. Ahora, insisto, me gustaría devolver lo mucho que me he dado.

Y un deseo de futuro.

Sencillo. Que la Ercina comience a recobrar población y que todos los vecinos puedan vivir aquí de su trabajo y en igualdad de condiciones que el resto de los leoneses.

domingo, 28 de abril de 2013

María José Salgueiro: «Los municipios y entidades locales menores seguirán existiendo en Castilla y León»


El Norte de Castilla, 28/4/2013.- María José Salgueiro Cortiñas (Vivero, Lugo) es una veterana de la Administración. Por su trabajo (funcionaria del cuerpo técnico superior) y por sus responsabilidades políticas: ha sido consejera de Presidencia y Administración, de Cultura y Turismo y presidenta del Consejo Consultivo. Es la mano derecha del consejero José Antonio de Santiago-Juárez para sacar adelante el proyecto de mayor envergadura de la legislatura, el nuevo modelo de ordenación del territorio.
–¿Por qué la gente entiende a la primera si le hablan de asistencia sanitaria y no ocurre lo mismo con la ordenación del territorio?
–Pues es algo cercano y necesario y la Junta pretende con ella prestar mejores servicios a los ciudadanos. El fin último es el ciudadano.
–¿Qué puede suponer para un pequeño municipio o una entidad local menor la ordenación que promueve la Junta?
–Algo positivo, porque la finalidad de la reforma es hacer que esos municipios o entidades sean sostenibles y puedan pervivir prestando unos servicios a sus ciudadanos.
–Usando el argumento contrario, ¿sin la ordenación autonómica estos municipios lo tendrían difícil para pervivir?
–Hombre, los momentos que vivimos ahora son complicados... Lo que hacemos es tratar de que esas situaciones (los requisitos de estabilidad presupuestaria) afecten lo menos posible a los ciudadanos. Para ello ponemos herramientas en manos de las entidades locales para que las utilicen, si quieren, como son las mancomunidades de interés general.
–¿Puede explicar qué es una unidad básica de ordenación y qué papel juegan las mancomunidades en la ordenación de la Junta?
–Son cosas diferentes. Una unidad básica es una medida de ordenación del territorio que trata de ordenar ese territorio, que se conformará en el futuro, según unos requisitos y características. Una vez que está esa unidad básica, los municipios que forma parte de ella pueden asociarse voluntariamente y constituir una mancomunidad. Esa mancomunidad ya es para prestar servicios.
–¿Debe temer un vecino de un pueblo, pongamos que de 300 habitantes, que se imponga un alcalde desde las alturas?
–No, para nada. Elegirán a su alcalde como hasta ahora.
–¿Y cómo ve el futuro de las pedanías? La ordenación de la Junta y la reforma del Gobierno central han generado fuerte inquietud en las entidades locales menores.
–Yo hablo del proyecto aprobado por la Junta y están contempladas y recogidas de forma expresa. Hay un capítulo dedicado a ellas. En Castilla y León las entidades locales, como los municipios, seguirán existiendo.
–La ordenación regional coincide con una reforma administrativa promovida por el Gobierno central. La Junta ha reconocido que puede dejar sin funciones a 2.233 municipios. ¿Se han visto sorprendidos desagradablemente?
–Estamos defendiendo los intereses de esta comunidad autónoma y de los ciudadanos de Castilla y León. Creo que no hay que ponerle calificativos. Si las normas que se elaboran por el Gobierno central protegen los intereses de nuestros ciudadanos, nos parecen bien. Si encontramos alguna deficiencia, lo decimos. Eso es lo que hemos hecho, hemos mandado un informe al ministerio diciendo de forma clara y contundente qué cosas veíamos que eran claramente mejorables.
–¿Confían en que el Gobierno escuche a la Junta?
–Pienso que el ministerio tendrá en cuenta lo dicho por las comunidades. Nosotros no nos oponemos a esta norma, pero queremos aportar lo que entendemos desde la Junta que interesa a la comunidad. Pienso que sí, que lo tendrá.
–¿Qué es lo que más recelos provoca entre los alcaldes y concejales del modelo autonómico?
–Yo no he visto, y son bastante años los que llevo trabajando, una ley a la que se haya dado tanta participación, tanta audiencia y se haya explicado tanto como esta. Se han recogido cosas que han enriquecido la norma y lo vamos a seguir haciendo. Lo desconocido siempre genera suspicacia. En noviembre de 2011 preguntaban si iban a desaparecer municipios. Ahora no existe duda en ningún pueblo sobre eso.
–Entre los reticentes ha habido cargos públicos significados, caso de presidentes de Diputación, que no compartían el proyecto.
–Para eso estamos nosotros, para explicarlo y tener en cuenta sus observaciones. Es un proyecto de todos que ha salido enriquecido.
–Vamos, que les han convencido.
–Creo que sí.
–¿En esa multitud de reuniones en las que ustedes han participado se ha encontrado con mucho municipalista de boquilla?
–De boquilla hablan personas en todos los sectores de la vida.
–Ahí lo deja.
–Sí.
–Una de las diferencias con la oposición está en el papel de las diputaciones. Ustedes apuestan decididamente por ellas, ¿por qué?
–Con el 76% de los municipios con menos de 500 habitantes creemos que la labor de las diputaciones es fundamental.
–¿No se solapan con las delegaciones territoriales de la Junta?
–Ahora mismo las funciones son diferentes.
–Promueven una unión voluntaria de municipios, pero incentivada. ¿Con qué incentivos? ¿Puede entenderse como discriminación hacia quien no quiere asociarse?
–Para nada. ¿Qué significa incentivar? Hombre, si nosotros entendemos que esas mancomunidades de interés general, respetando su autonomía local, son una herramienta que ponemos en manos de los municipios y que van a ser beneficiosas, si hacemos esto, pretendemos incentivarlo, apostamos por ello porque creemos que es lo mejor. Lo hacen todos los gobiernos.
–Persiguen ofrecer a los ciudadanos del medio rural los mismos servicios independientemente de donde residan, ¿cómo encaja ahí, por ejemplo, el cierre de consultorios para urgencias nocturnas en comarcas como Las Arribes?
–La Junta ha hecho un esfuerzo importante por el medio rural. Castilla y León tiene en Atención Primaria las mejores ratios de españa y el 68% están en el medio rural. Hay 171 centros rurales con urgencias 24 horas, y sumando todo el personal hablamos de 742 profesionales que prestan servicio cada noche en el medio rural. Todo es susceptible de opinión y los ciudadanos siempre queremos más, pero esos datos son significativos de la importancia que la Junta da al medio rural.
–La autonomía municipal y la orientación de obras de las diputaciones han dejado una geografía plagada de pueblos con frontón o piscina infrautilizados. ¿Se aprende del error?
–Se ve con otra perspectiva. Los españoles vemos con otra perspectiva todo. El caso es que están ahí, hay que darles un buen uso, el mejor, el más rentable y cuidarlo muchísimo.

sábado, 27 de abril de 2013

El PP legisla expoliar recursos y democracia en el mundo rural

Rebelión, 26/4/2013.- “Para poder apropiarse del territorio y del espacio común, también de los recursos, lo que hace [el Gobierno] es acabar con la forma política que se lo impide, en este caso el concejo, y en sentido más amplio con la democracia”, explica Jesús Manuel Albarrán, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Concejos de la Comarca de Omaña, en León.

Albarrán se refiere al anteproyecto de la ley de Racionalización y Soste­ni­bi­lidad de la Administración Local, aprobado por el Gobierno del PP el 15 de febrero y que se encuentra ahora pendiente del informe del Consejo de Estado para su aprobación final. El anteproyecto pretende suprimir la personalidad jurídica de más de 3.750 entidades locales menores (que reciben el nombre de juntas vecinales, concejos, barrios, parroquias o pedanías) pueblos que cuentan con recursos propios y potestad para administrarlos y ejercen democracia directa sobre estos recursos. De este modo, quedarían agrupados en los ayuntamientos de los que dependen y la gestión de sus bienes pasaría a ser administrada por esos ayuntamientos, diputaciones y Comunidades autónomas.

Expolio de recursos 

“Es lo mismo que le ocurre a una comunidad indígena en el Perú cuando le expropian sus tierras para que entre una multinacional canadiense a quedarse con sus recursos. Nos sentimos solidarios con ellos, es lo mismo que quiere el Gobierno con la nueva ley”, explica Albarrán. 

En la actualidad, los recursos naturales de los concejos “son propiedad, por igual, de sus vecinos y vecinas y son ellos y ellas las que los gestionan y deciden cómo administrarlos. No existe democracia más pura que la de los concejos. Los bienes comunales son anteriores al Estado moderno, al Estado representativo. Estamos defendiendo la asamblea de vecinos y vecinas. Como ellos y ellas tienen la última palabra sobre su patrimonio, son el obstáculo para que el Gobierno pueda acceder a la gestión, o la apropiación de ese patrimonio. Con la nueva ley se podrá privatizar la gestión del agua, de los montes, de la caza... Ellos tienen su plan”, subraya Albarrán.

Omaña cuenta con 75 juntas vecinales repartidas en cuatro ayunta­mien­tos y sólo el municipio de Riello cuenta con 39, “es el que más juntas vecinales tiene de todo el Estado español, y es probable que de toda Europa”, afirma el portavoz de la comarca de Omaña y señala que son “pueblos pequeños en las montañas y valles con entre 30 y 50 vecinos censados, que en invierno pueden tener cuatro o cinco casas abiertas”. 

Jesús Manuel Albarrán participó el 5 y el 6 de abril en el encuentro estatal por la Autonomía de Nuestros Pueblos, donde se plantearon acciones informativas y de lucha contra “este golpe mortal al mundo rural”, como lo calificaron los representantes de más de medio centenar de comarcas. En el Estado español existen 3.720 juntas vecinales que desaparecerán si el anteproyecto de la ley de Racionalización y Sostenibi­lidad de la Adminis­tra­ción Local sale adelante. Castilla y León, con 2.257 juntas vecinales, será la comunidad autónoma más afectada por la supresión de estos pequeños pueblos, que perderán su autonomía y la gestión de un patrimonio de cientos de hectáreas de montes de gran riqueza ambiental y económica. Le sigue Cantabria con 534 concejos, Navarra (348), País Vasco (340), Cataluña (63), Andalucía (48) y Castilla-La Mancha (42), y el resto de comunidades con entre siete y un concejo.

Desobediencia civil 

“Es necesario desobedecer a este Gobierno, que quiere quedarse con nuestros recursos y eliminar la autonomía de nuestros pueblos”, señala Jerónimo Aguado, campesino de Amayuelas, Palencia, y portavoz de la Plataforma Rural. Aguado coincide con el resto de asistentes a las jornadas en la necesidad de llevar a cabo actos informativos en los pueblos y movilizarse contra esta ley. Los representantes vecinales acordaron también acudir a los tribunales por la vía penal para denunciar esta norma, ya que la Constitución en su artículo 140 dice que se “garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena (...)”.

Por otra parte, Antonio Aguado de El Provencio, en Cuenca, agricultor ecológico de la comarca de La Mancha, señala que aunque Castilla-La Mancha cuenta con menos pedanías, 42, “ya se está aplicando el expolio de nuestros bienes comunales: los montes públicos. Somos el laboratorio del Estado, sufrimos a [María Dolores de] Cospedal. En los presupuestos de 2013 ya han incluido los 45 millones que pretenden ganar este año con la venta de los montes, sin que, ni siquiera, entre en vigor esta reforma de la ley de entidades locales”, apunta. 

Un secretario de Ayuntami­ento de un municipio de Segovia presente en las jornadas va más allá: “¿Qué pasará con los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son la mayoría? El objetivo del PP es suprimir los ayuntamien­tos, y como se lo impide la Constitución, los van a vaciar de competencias. Quieren quedarse con los servicios públicos: gestión del agua, alcantarillado, vías públicas y alumbrado que gestionarán las diputaciones a través empresas privadas. Adiós a la autonomía local. Negocio con lo público”, concluye. 

Movilización en los pueblos 

En la comarca de Omaña se llevará a cabo una marcha reivindicativa contra la reforma de la ley de entidades locales menores, el sábado 20 de abril, de Oterico a Riello. En Villasur de Herreros, Burgos, se celebrarán unas jornadas por la soberanía vecinal el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global-movimientos/pp-legisla-expoliar-recursos-y-democracia-mundo-rural.html

jueves, 25 de abril de 2013

La exclusión de pastos de la PAC «es una expropiación» para pedanías y ganaderos


Diario de León, 25/4/2013.- La transformación de 40.000 hectáreas de terrenos agrícolas de pastos en improductivos y forestales tiene un nombre para la Federación de Entidades Locales Menores de Castilla y León: «Expolio». De los pueblos y de la provincia de León.

Así lo calificó ayer el portavoz de este colectivo, el abogado y catedrático de Derecho Administrativo, Carlos González Antón, quien anuncia que la federación «impulsará la revisión del procedimiento seguido»: «Sin dar audiencia previa no pueden proceder a una verdadera expropiación unilateral de todos esos aprovechamientos económicos», agregó.

Para las pedanías, recordó, esta transformación que impide el acceso a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) «supone una grave pérdida de ingresos económicos» en cuya defensa no han podido tomar parte por falta de un período de consultas de la Consejería de Agricultura de Castilla y León.

La Federación de Entidades Locales Menores presentará un escrito con una «alegación global» frente al procedimiento unilateral utilizado y basado exclusivamente en la apreciación de imágenes tomadas por el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), tal y como recoge el decreto publicado el 5 de febrero en el Bocyl.

«Es un asunto muy grave porque ahora que estamos debatiendo el futuro de las juntas vecinales y de sus bienes resulta que no les quitan la titularidad pero les privan del aprovechamiento lo que supone un proceso de amortización en toda regla», argumenta.

Impacto ambiental

González-Antón subraya que aparte de las implicaciones económicas y patrimoniales que tiene para las juntas vecinales, el plan de retirada de la PAC «afecta al modelo de gestión de unos territorios» que en buena medida forman parte de la Red Natura, como Lugares de Interés Comunitario o Zonas de Especial Protección para las Aves. «No han calculado el perjuicio ambiental que produce retirar el ganado de estas zonas de pasto aprovechadas durante siglos», agregó el portavoz.

La ausencia de estudios de impacto ambiental, recordó, es motivo suficiente para presentar una queja ante la Comisión Europea, tal y como sopesan diferentes colectivos conservacionistas. «Es posible que haya fraudes, pero no tiene sentido tirar por el camino más fácil, sin hacer un trabajo de campo y sin evaluar el impacto», señala González-Antón.

Contra el ‘greening’

La Asociación Consejo de la Mesta y la Federación Ibérica de Pastores Trashumantes también han alzado la voz contra la transformación de los terrenos. «Aunque venga de Bruselas, es contradictorio incluso con las directrices del greening (la preferencia por lo ecológico) que se impulsan desde la PAC», alertó.


El PSOE acusa a la Junta de «oscurantismo» y pide un plan


El secretario provincial del PSOE en León, Tino Rodríguez, arremetió ayer contra la política seguida por la Junta de Castilla y León en el proceso de transformación de los pastos en terrenos improductivos o forestales y la acusa de «actuar con oscurantismo y de manera unilateral».

En su opinión, la Consejería de Agricultura, que dirige Silvia Clemente, debería haber hablado «con los ganaderos y las juntas vecinales afectadas». Acusó al «tándem Silván-Clemente» de actuar con «nocturnidad y alevosía asumiendo las directrices sin contar con la opinión de los afectados», recalcó.

La medida supone a su entender un nuevo paso «en el castigo generalizado de la Junta al sector ganadero». Enumeró la falta de apoyo al sector lácteo, los «incumplimientos de la Consejería de Medio Ambiente en las indemnizaciones a ganaderos por el ataque del lobo y la suspensión de las ayudas al hispano bretón en el peor momento que atraviesa el sector».

Tino Rodríguez aprovechó para exigir a la Junta, como administración competente, un «un plan de viabilidad del sector ganadero que atraviesa una situación muy compleja». Recordó que el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha liderado un paquete de medidas en defensa del sector lácteo, en precios y alternativas, que «el Partido Popular rechazó».

Asimismo, acusó a Silvia Clemente de «no conocer la provincia de León» y al consejero de Medio Ambiente, Antonio Sil ván. de «hacer como que no la conoce pese a ser de aquí».


lunes, 22 de abril de 2013

La Junta abre la vía para que las juntas vecinales cumplan con las cuentas


Diario de León, 22/4/2013.- La Junta plantea tres vías normativas para que las entidades locales menores cumplan con la obligación legal de rendir sus cuentas, ya que en el último ejercicio fiscalizado por el Consejo de Cuentas sólo nueve de diez había cumplido y, de no hacerlo, corren el riesgo de desaparecer conforme a la reforma local que ha planteado el Gobierno central.

La Consejería de la Presidencia desarrolla esos términos en un decreto, según informó Ical, que ha abierto a las alegaciones de las partes interesadas. Las Cortes de Castilla y León acordaron por unanimidad blindar las juntas vecinales y encargar a la Junta la delimitación de las competencias de los secretarios con habilitación de carácter estatal, conforme a la Ley de Régimen Local de la Comunidad de 1998. También se han dirigido al Gobierno para que amplíe el plazo de tres meses que se las da para cumplir con su obligación.

Según el decreto elaborado por Presidencia, las funciones se podrán realizar por el secretario del municipio para las entidades asociadas al mismo, por un convenio interadministrativo local o bien se podrán distribuir entre los órganos competentes. Así, la normativa abre la posibilidad de que los funcionarios con habilitación estatal (secretarios) puedan solicitar desempeñar funciones de secretaría, control, fiscalización económico presupuestaria, contabilidad, tesorería y recaudación.

Esa solicitud, con carácter voluntario, conlleva una retribución por el municipio o municipios agrupados a través de un complemento de productividad, financiado con las juntas vecinales a través de un convenio en el que se tendrá en cuenta su número, presupuesto y población. El decreto reconoce la dificultad dado que en algunos municipios existen una gran cantidad de entidades locales menores. Castilla y León tiene el 65% de las entidades locales menores de España, concentradas enLeón, Burgos y Palencia.

Colaboración

Otra de las posibilidades es la firma de un convenio entre la diputación provincial correspondiente, el Consejo Comarcal de El Bierzo y cada ayuntamiento y las entidades menores afectadas. En caso de que no haya una solicitud voluntaria o un convenio entre administraciones, se pueden distribuir las funciones, de manera que las más cercanas se ejerzan por los secretarios y las otras por el servicio de apoyo y asesoramiento de las diputaciones. Las corporaciones provinciales podrán acordar el pago por las entidades locales menores de las tasas administrativas por los servicios recibidos.

La defensa de las entidades locales menores es una de las líneas rojas recogidas en el acuerdo de mínimos entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario autonómico del PSOE, Julio Villarrubia, en materia de ordenación del territorio. Este apartado se refleja en el proyecto de ley de Servicios, Ordenación y Gobierno en el Territorio.

domingo, 21 de abril de 2013

La Junta plantea tres vías legales para que las entidades locales menores cumplan con la obligación de rendir cuentas


ICAL, 21/4/2013.- Los secretarios podrán solicitar el desempeño de las funciones en pedanías agrupadas al municipio con un plus de productividad y las juntas vecinales pagarán tasas por los servicios

La Junta de Castilla y León plantea tres vías normativas para que las entidades locales menores cumplan con la obligación legal de rendir sus cuentas, ya que en el último ejercicio fiscalizado por el Consejo de Cuentas sólo nueve de diez había cumplido y, de no hacerlo, corren el riesgo de desaparecer conforme a la reforma local que ha planteado el Gobierno central.

viernes, 19 de abril de 2013

IU califica de robo que las juntas vecinales pierdan la tutela efectiva de su patrimonio


Leonoticias, 19/4/2013.- IU León ha presentado este viernes su proyecto de defensa de la autonomía local a través de un manifiesto en el que recuerda que tanto la "racionalización como la sostenibilida de la Administración Local" estaban garantizados por ley hasta que un "artículo modificado a espaldas de la ciudadanía y priorizando el pago de la deuda a cualquier otro gasto" la ha modificado.
Para IU "bajo esa premisa económica se abordan soluciones de marcado sesgo ideológico y de claro corte neoliberal. Se vuelve a utilizar la crisis como excusa para imponer una Ley injusta que va en contra de los intereses de la mayoría de la ciudadanía".

Y la consecuencia será la "degradación de los servicios públicos, fruto de las políticas de austeridad, está afectando a la vida de las personas,  pero también al funcionamiento de una economía cada vez más deprimida y en recesión".

Para IU "los recortes no hacen más que ahondar en esta mala situación y perjudican claramente a las cuentas públicas por la reducción de ingresos".

Mientras, "se trasvasan grandes cantidades de dinero y se convierten los servicios públicos en negocios de los que se beneficiarán unos pocos.
Al mismo tiempo, se ignoran el principio de autonomía y el principio de subsidiariedad y se pasan por alto los derechos y las necesidades de la ciudadanía y los niveles de calidad, eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan. Con este anteproyecto de Ley, las alternativas para la mayoría de los Ayuntamientos serán las de suprimir servicios públicos o privatizarlos".

"La democracia local, que con tantas dificultades se construyó por todos y todas, está en peligro por esta reforma de la Administración Local con la que el PP pretende vaciar la función social de los Ayuntamientos y privatizar los servicios básicos que aún quedan en manos públicas. Del mismo modo se diseña una trampa para eliminar las entidades locales menores y el modelo del concejo abierto a todos los vecinos y vecinas que se practica desde hace siglos en provincias como León, Burgos, Palencia o Soria. Pierden su personalidad jurídicas y sus bienes comunales pasarán a municipios vacíos de competencias, a la Diputación y los Montes de Utilidad Pública a la Junta de Castilla y León. Un auténtico robo al patrimonio de más de 2.000 juntas vecinales", sentencia la formación.

Además desde IU se denuncia que con esta ‘ley anti-ayuntamientos’, las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes "si no atienden a un ‘coste estándar’ fijado por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que estará por debajo del coste real de los servicios. Esta reducción tendrá consecuencias: privatizaciones, menos y peores servicios públicos, así como la pérdida de empleo municipal. Además, las diputaciones impondrán en ese caso los impuestos locales a los municipios. También las ciudades de más de 20.000 habitantes verán mermados sus servicios básicos y deteriorados los empleos municipales debido a la imposición de ese ‘coste estándar’. En el caso de los pueblos de menos de 5.000 habitantes se abre la amenaza de la intervención, que hará desaparecer en la práctica su entidad como municipio".

La pérdida de la prestación de servicios supondrá, por tanto y según esta formación, "un grave retroceso de la calidad democrática. En un momento donde la ciudadanía reclama mayor participación en la vida democrática, con este anteproyecto el PP mutila la participación  y la capacidad de decisión sobre las políticas de proximidad que se desarrollan en los Ayuntamientos.
Por todo ello, en el día en el que se conmemora el 34 aniversario de la constitución de los Ayuntamientos democráticos tras la dictadura, hacemos un llamamiento a la defensa de los pueblos y ciudades para que sean espacios de ejercicio democrático al servicio de los intereses de sus gentes y no de quienes quieren hacer negocio a costa de la calidad de vida y los derechos de los pueblos".

miércoles, 17 de abril de 2013

Jornada reivindicativa en defensa de los Concejos y las Juntas Vecinales


Convocada por la Plataforma de Omaña en contra de las intenciones del Gobierno 
que, a través de un Anteproyecto de Ley, amenaza a las Juntas Vecinales con su 
supresión, la pérdida de su personalidad jurídica y el expolio de su patrimonio 
comunal 
La  Plataforma  de  Omaña  en  defensa  de  las  Juntas  Vecinales  (compuesta 
actualmente por 52 pueblos de la comarca y comarcas limítrofes) ha convocado para 
este próximo sábado 20 de abril una jornada reivindicativa que comenzará a las 12 de 
la mañana en Oterico con una marcha de protesta hasta Riello, para continuar durante 
el resto de la mañana con diversos actos: concentración en la plaza de Riello, concejo 
abierto sobre “El futuro de los pueblos y la defensa de los bienes comunales” y comida 
popular  “con  vino,  empanada  y  lo  que  se  tercie”,  todo  ello  acompañado  de  música 
tradicional a cargo del multiinstrumentista leonés Fran Allegre. 
Desde la Plataforma de Omaña señalan que el Anteproyecto de Ley, al que el 
15  de  febrero  dio  luz  verde  el  Consejo  de  Ministros,  sigue  su  curso  oficial,  para  ser 
debatido  y  aprobado  en  el  Parlamento,  sin  que  se  hayan  modificado  sus  objetivos  y 
planteamientos iniciales: en el texto  se sigue manteniendo la amenaza de supresión a 
las  Juntas  Vecinales,  la  pérdida  de  su  personalidad  jurídica  y  la  pérdida  de  su 
patrimonio,  dejando  vía  libre  tanto  a  la  privatización  o  gestión  externa  de  servicios 
esenciales  para  los  pueblos,  como  a  los  macronegocios  que  puedan  hacerse  con  sus 
montes comunales.  
Frente a los autocomplacientes discursos del gobierno autonómico, que con 
toda probabilidad celebrará el día 23 de abril los logros y cimas alcanzadas tras treinta 
años por esa Comunidad Autónoma ‐en la que están incluidas las comarcas de León‐, 
desde  la  Plataforma  de  Omaña  argumentamos  que,  en  este  momento  la  mejor 
autonomía  que  cabe  defender  es  la  autonomía  de  los  pueblos  leoneses  frente  al 
centralismo, la soberanía de sus concejos frente al caciquismo, los bienes comunales 
frente a quienes promueven su expolio, nuestra cultura popular frente a la pérdida de 
identidad,  los  servicios  públicos  básicos  (que  tanto  cuesta  conseguir  para  el  medio 
rural) frente a su supresión o privatización..., en definitiva, un mundo rural vivo frente 
a tantos y tantos abusos y agresiones...  
www.juntasdeomaña.org ∙ nuestrospueblosresisten@yahoo.es ∙ T  987230490 ∙ M 659039958 

Frente  a  lo  que  hasta  ahora  no  han  sido  más  que  grandilocuentes 
declaraciones  de  los  representantes  políticos  e  institucionales  a  nivel  autonómico  y 
provincial ‐consecuencia de la inquietud generada en los pueblos por el Anteproyecto 
de Ley del Gobierno Central‐, o a las bienintencionadas pero insuficientes propuestas 
realizadas desde algunos foros municipalistas, desde la Plataforma de Omaña se anima 
a  los  vecinos  y  vecinas  de  los  pueblos  de  León,  y  a  la  ciudadanía  aún  vinculada  o 
sensibilizada  con  el  mundo  rural,  a  no  quedarse  mirando  cómo  expolian  lo  que  les 
pertenece  y  cómo  destrozan  siglos  de  gestión  eficiente  y  sostenible,  siglos  de 
autogobierno  vecinal,  democrático  y  participativo.  Animan  a  acompañarlos  en  la 
jornada del día 20 en Omaña para dejar constancia de que, al menos desde los pueblos 
de algunas comarcas leonesas, a día de hoy, hay poco que celebrar. 
Contactos: 
nuestrospueblosresisten@yahoo.es 

COMENTARIOS DESDE LA PLATAFORMA DE OMAÑA AL ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA ADMINISTRACION LOCAL



ANEXO:

Texto del Anteproyecto con fecha oficial de 18 de febrero de 2013, después de haber sido
informado favorablemente por el Consejo de Ministros el 15 de febrero de 2013:
http://www.minhap.gob.es/es‐es/prensa/en%20portada/2013/Paginas/20130215_CM.aspx


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Entre  los  motivos  principales  aducidos  en  el  texto  del  Anteproyecto    para
justificar el planteamiento de esta Ley, lo que transcribimos a continuación nos parece
especialmente alarmante:

“Clarificar  las  competencias  municipales  para  evitar  duplicidades  con  las  competencias
de otras Administraciones..., racionalizar la estructura organizativa de la Administración
local  de  acuerdo  con  los  principios  de  eficiencia,  estabilidad  y  sostenibilidad  financiera,
garantizar  un  control  financiero  y  presupuestario  más  riguroso  y  favorecer  la  iniciativa
económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.”

Nuestras  Juntas  Vecinales  ya  cumplen  con  eficiencia,  a  través  de  la  gestión
racional de su patrimonio y recursos, respecto a los servicios y atribuciones que tienen
encomendados  por  ley,  siguiendo  además  los  criterios  decididos  por  sus  vecinos  y
vecinas y rindiendo cuentas ante ellos, sin que esto suponga, en la práctica totalidad
de los casos, coste alguno para las arcas del Estado.

Ha  de  quedar  claro,  por  lo  tanto,  que  el  principal  motivo  aducido  para  su
reforma,  control  o  supresión,  no  puede  ser  reducir  el  gasto  que  puedan  generar,
puesto que, tal y como expuso el Ministro al informar de los objetivos económicos que
se perseguían, sólo un 1% de lo que piensa el Gobierno ahorrar con esta Ley provendrá
de la supresión de Mancomunidades y Juntas Vecinales. (Es de suponer, que de ese 1%
la mayor parte del ahorro está del lado de la supresión de Mancomunidades, ya que la
mayoría  de  las  Juntas  Vecinales,  como  hemos  apuntado,  no  genera  gasto  alguno  al
Estado).

1
De  lo  expuesto,  se  interpreta  con  claridad  que  hay  otra  motivación  encubierta,
desvelada por las consecuencias directas de la supresión de nuestras Juntas Vecinales:
se trata sin duda de lograr el control externo de su patrimonio y de sus ingresos (a
través de las diferentes formas de control e intervención por parte del Estado, llámese
Diputación, Comunidad de CyL o Ayuntamiento del que dependan, que se promueven
en la Ley) para “favorecer así la iniciativa económica privada” (léase grandes negocios),
“evitando la intervención administrativa desproporcionada” (es decir, el obstáculo que
supone para el desarrollo de esos negocios, consentir la participación y la toma final de
decisiones por parte de los vecinos y vecinas a través de sus Juntas Vecinales).


 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 26.3 DE LA LBRL (Ley de Bases de Régimen
Local)

Este artículo es de extrema importancia, porque establece que en los Municipios
de  menos  de  20.000  habitantes  las  Diputaciones  asumirán  la  prestación  de  los
servicios  básicos  cuando  en  el  ámbito  municipal  no  se  cumpla  con  el  principio  de
sostenibilidad  financiera,  o  se  considere  ineficiente  la  prestación  según  las
evaluaciones externas realizadas.

Como queda recogido en el mismo artículo 26.3 (al remitirse al artículo 85 de la
Ley)  se  abre  la  puerta  a  la  gestión  privada  de  esos  servicios  y/o  al  cobro  de  tasas  o
aumento de las mismas (artículo 26.6).


 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 45 DE LA LBRL

“Se modifica el artículo 45, que quedará redactado como sigue:
Artículo 45.
1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán las entidades
de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como
forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de
población separados,...”

En  este  artículo,  de  un  plumazo,  se  les  quita  la  personalidad  jurídica  a  las
Entidades  de  ámbito  territorial  inferior  al  Municipio,  es  decir,  la  capacidad  de,  por
ejemplo:  administrar  fondos  o  presupuestos,  poder  contraer  cualquier  tipo  de
contrato, acceder a subvenciones, y elegir a su representantes, es decir, desaparecería
la  posibilidad  legal  de  tener  capacidad  de  decisión  sobre  los  asuntos  que  más
directamente  les  afectan.  Las  Juntas  Vecinales  y  los  Concejos  serían  vaciados
legalmente  de  competencias  y  permanecerían,  en  todo  caso,  como  “formas  de
organización desconcentrada” dependientes totalmente de los Ayuntamientos.


 NUEVO ARTÍCULO 61 BIS DE LA LBRL

No es que este artículo afecte directamente a las Juntas Vecinales pero conviene
leerlo porque en él se muestra con crudeza como la Ley se ensaña con los pequeños
2
Ayuntamientos al exponer las causas y consecuencias de la extinción de municipios de
menos de 5.000 habitantes.


 DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

“Disposición  adicional  séptima.  Evaluación  de  los  servicios  prestados  por
mancomunidades y entidades de ámbito territorial inferior al Municipio.
2.  Cuando  de  la  evaluación  de  los  servicios  prestados  por  las  entidades  territoriales  de
ámbito  inferior  al  municipio  resulte  la  inadecuación  de  la  prestación  del  servicio  en  su
ámbito,  corresponderá  al  municipio  la  prestación  del  mismo  y  la  entidad  territorial  de
ámbito inferior al municipio quedará disuelta.”

En  esta  Disposición  Adicional  se  expone  la  primera  causa  de  disolución  de
Entidades  territoriales  de  ámbito  inferior  al  Municipio:  cuando  no  pasen  los  criterios
propuestos  por  el  Estado  para  la  evaluación  de  la  prestación  de  los  servicios  que
tengan  encomendados.  Esos  criterios  y  esa  evaluación  quedan  abiertos  a  los
desarrollos legales que el Gobierno del Estado quiera darles una vez se apruebe al Ley.
Es  decir,  pueden  convertirse  en  una  herramienta,  más  o  menos,  eficaz,  según
convenga,  para  la  supresión  de  Juntas  Vecinales,  porque  si se  aplican  criterios  muy
estrictos, por ejemplo, los mismos que se apliquen para evaluar a los Ayuntamientos o
las  Diputaciones,  es  probable  que  gran  cantidad  de  Juntas  Vecinales  no  pasen  la
evaluación y sean suprimidas.


 DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

“Disposición transitoria tercera. Disolución de entidades territoriales de ámbito inferior al
Municipio.
1.
Las entidades territoriales de ámbito inferior al Municipio existentes en
el  momento  de  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley  mantendrán  su  personalidad
jurídica.
2.
En  el  plazo  de  tres  meses  desde  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ley,  las
entidades  territoriales  de  ámbito  inferior  al  Municipio  deberán  presentar  sus  cuentas
ante  los  organismos  correspondientes  del  Estado  y  de  la  Comunidad  Autónoma
respectiva  para  no  incurrir  en  causa  de  disolución.  Presentadas  sus  cuentas  se
procederá a la evaluación inmediata de los servicios prestados por estas entidades.
3.
La no presentación de cuentas por las entidades territoriales de ámbito
inferior  al  Municipio  ante  los  organismos  correspondientes  del  Estado  y  de  la
Comunidad Autónoma respectiva será causa de disolución. La disolución será acordada
por Decreto del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva en el que se
podrá determinar su mantenimiento como forma de organización desconcentrada.”

El punto 1 de esta disposición Transitoria Tercera entraría en contradicción con el
artículo 45, por lo que requeriría de una aclaración inmediata por parte del Ministerio.

En  los  puntos  2  y  3  se  expone  el  segundo  supuesto  de  disolución  para  las
Entidades  de  ámbito  territorial  inferior  al  Municipio:  la  no  presentación  de  cuentas
ante los organismos correspondientes del Estado. Pero, por si de ésa se escaparan, se
3
vuelve  a  imponer  la  necesaria  evaluación  de  los  servicios  prestados,  que  como  ya
vimos puede dar lugar también a su disolución.

Como  ya  hemos  expresado  e  insistido,  es  muy  probable  que  muchas  Juntas
Vecinales no puedan presentar sus cuentas en tiempo y forma, pues en este momento
carecen  de  asesoramiento  técnico,  y  no  se  vislumbra  ninguna  solución  para  la
exigencia  de  que  deban  ir  firmadas  por  un  Secretario  o  Funcionario  legalmente
habilitado, puesto que ni los Ayuntamientos, ni las Diputaciones, ni la Junta de Castilla
y  León  facilitan  los  medios  y  recursos  humanos  adecuados.  De  esta  forma,  esta
exigencia se convierte en una trampa mortal para que muchas Juntas Vecinales sean
suprimidas.

Siguiendo la redacción del texto, se puede leer:

“La disolución en todo caso conllevará:
b.  Que  el  Ayuntamiento  del  que  dependa  la  entidad  territorial  de  ámbito  inferior  al
municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones.”

Este  otro  punto  de  la  Disposición  Transitoria  Tercera  es  el  que  dispone  que  el
Ayuntamiento  del  que  dependa  la  Entidad  suprimida  sea  el  depositario  de  todos  sus
bienes y derechos. Teniendo en cuenta que, dada la legislación vigente, el patrimonio
forestal y de montes depende de la Junta de CyL, sería esa institución la que se haría
con la titularidad y propiedad de ese tipo de patrimonio expoliado a nuestros pueblos,
pasando el resto del patrimonio al Ayuntamiento o a la Diputación (ver modificación
artículo  26.3).  Aquí  se  encuentra  la  clave  última  de  por  qué  se  quieren  suprimir  las
Juntas Vecinales: para arrebatarles su patrimonio y poder disponer de él conforme a
los  intereses  del  Estado,  sin  el  obstáculo  que  para  ello  habitualmente  suponen  los
intereses de los vecinos y vecinas de los pueblos.

En  este  sentido  cabe  recordar  que,  aunque  desde  las  pequeñas  poblaciones
rurales  (donde  en  muchos  casos    aún  persisten  y  funcionan  los  comunales  y  los
concejos), no se suele estar en contra de la mercantilización y puesta en valor de parte
de  su  patrimonio  para  la  obtención  de  algunos  ingresos,  es  también  cierto  que  las
decisiones al respecto suelen hacerse siguiendo criterios que poco tienen que ver con
la “lógica del interés privado” (de maximización de los beneficios económicos) y sí con
una ancestral “lógica del bien común” según la cual, para dar el respaldo a ese tipo de
proyectos  mercantilistas,  en  todo  caso  habrán  de  ser  respetadas  tres  condiciones
básicas: primera, que esa iniciativa económica sea compatible con la conservación del
patrimonio  comunal  sin  su  pérdida  ni  menoscabo,  segunda,  que  la  toma  de  decisión
última esté en manos de todos los vecinos y vecinas interesados, es decir, del Concejo,
y, tercera, que los beneficios futuros a obtener puedan revertir por igual también entre
todos los habitantes del pueblo.


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4
OBSERVACIÓN FINAL

Creemos  que  hay  que  ser  muy  crítico,  por  tanto,  con  las  declaraciones  que
culpabilizan a las Juntas Vecinales de no querer presentar las cuentas o de no querer
ajustarse a las exigencias de la Ley: éstos son argumentos que maneja el Gobierno para
desacreditarlas  y  ocultar  sus  verdaderas  intenciones,  y  que  por  desgracia  han  calado
entre  muchos  de  los  vecinos  y  vecinas  de  nuestros  pueblos  e  incluso  Alcaldes
pedáneos,  que  piensan  que  con  hacer  lo  que  exija  la  Ley  "estarán  salvados".  Como
hemos intentado mostrar, las exigencias de la Ley contienen algunas trampas que no
deben perderse de vista, pues lo único que se persigue por parte de las instituciones
del Estado es la apropiación de los ingresos y el patrimonio de las Juntas Vecinales,
así como la desaparición de una figura tan democrática (y por lo tanto tan incómoda
para  los  in


La deuda de las entidades locales subió un 18,4% hasta 41.964 millones en 2012


RTVE, 17/4/2013.- La deuda de las entidades locales en 2012 ascendió a 41.964,2 millones de euros, 6.545 millones más que en 2011, un 18,4% más, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

De esa cantidad, 35.290 millones se corresponden con lo que deben los ayuntamientos; 6.467,5, las diputaciones, consejos y cabildos insulares, y 206,6 las entidades locales menores y mancomunidades.

El ayuntamiento más endeudado es Madrid, con 7.429,6 millones de euros, mientras que el de Barcelona tiene 1.780 y Valencia debía 975,7 millones a 31 de diciembre de 2012.

Sin embargo, la deuda viva de las entidades locales es menor si se descuenta la cantidad del plan de proveedores, se queda en 33.207 millones. Esto supone un descenso del 6,25% comparado con el endeudamiento de 35.419 millones con los que cerraron el año 2011 las entidades locales.

martes, 16 de abril de 2013

IU celebra una reunión para dar a conocer la "Ley Antiayuntamientos"


Leonoticias, 16/4/2013.-El coordinador local de Izquierda Unida en León, Manolo Domínguez Chico, ha invitado a colectivos, asociaciones y personas en particular a la reunión de trabajo que celebrará IU el viernes 19 de abril, a las 20 horas, sobre la “Ley Antiayuntamientos” en su sede de la calle Ramón y Cajal 29 bajo derecha.

Este día señalado se celebrará el aniversario del 34 aniversario de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos tras la muerte de Franco. Esa jornada ha sido elegido por IU para reivindicar a los municipios y las juntas vecinales contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que junto a la Ordenación del territorio de la Junta termina definitivamente con las competencias y la autonomía municipal y "pone los cimientos para eliminar las juntas cecinales".

IU ha preparado otras sorpresas durante esta jornada señalada pero el plato fuerte será invitar a toda la sociedad leonesa a conocer como el PP quiere acabar con las Juntas Vecinales, robar al Ayuntamiento de León sus competencias en igualdad de la mujer, sanidad, educación, medio ambiente, cultura, empleo y vivienda. Esto significa acabar con las políticas sociales de prevención, la concejalçia de la mujer de facto, el ILDEFE y Fuldefe, las guarderías municipales, la agenda 21 por nacer y cualquier medida que pueda dar una vivienda digna en la ciudad donde casi el 40% de las casas están vacías.

Arenilla: «Los entes locales no son los más endeudados, pero hay que ordenar el gasto» Mesa debate


La Nueva España, 16/4/2013.- Bajo la premisa de aprovechar esta crisis para ofrecer mejores servicios públicos a los ciudadanos, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, Manuel Arenilla, desgranó ayer, en el marco del Seminario de gestión pública local, que organiza la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales «Jovellanos», las claves de la reforma de las administraciones locales, así como las limitaciones que afrontan en este momento. Facilitar la gestión cooperativa y compartida entre diferentes entes públicos fue uno de los planteamientos que esgrimió el ponente para alcanzar los objetivos de transparencia, sostenibilidad y buen gobierno que se presuponen a las administraciones.


Arenilla mantiene que en el municipalismo existe una carencia de profesionalidad debido a que cuentan con habilitación para ejercer como tales 5.700 funcionarios para 8.100 entidades locales. «El concepto de servicio público no significa lo mismo en pequeños o en grandes municipios», aclara el catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Prueba de ello, como expuso ayer, es el coste de determinados servicios públicos: mientras que para un municipio de menos de cinco mil habitantes alcanza los 1.219 euros, en los que se sitúan por encima de esa franja de población el coste es tres veces inferior, 445 euros. La solución, en ese caso, pasa por los consorcios, para que la prestación de servicios públicos sea rentable y también sostenible, agregó. «Lo que más ha cambiado en los últimos años no es la tecnología, sino las personas», aseveró el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, tras advertir que cada vez existen más actores que influyen en las políticas públicas y los ciudadanos son más exigentes con sus instituciones. Su departamento, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, trabaja desde hace meses en el proyecto de reforma de la administración local. El ponente advirtió de que hasta ahora no estaba contemplado en la Administración española el «coste estándar» para la «ordenación» de los servicios públicos y eso que «la administración local no es la más endeudada». A su juicio, es necesario que exista una memoria económica que atribuya los efectos en costes que tiene la asunción de determinadas competencias para las entidades de ámbito local. «Esta reforma no pretende suprimir municipios ni privatizar servicios, sino ordenar el gasto», defendió el ponente.


¿Dónde radica, pues, la solución? «Hay que mejorar la eficiencia y evitar duplicidades», indicó como primera idea el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, sin olvidar que «la cara importante de la transparencia es la rendición de cuentas». Un requisito que en 2012 incumplieron el 71% de las mancomunidades, el 85% de las agrupaciones municipales y el 96% de las entidades locales menores. Aun considerando que buena parte del exceso de gasto que cometen los entes locales procede de la asunción de competencias impropias, Arenilla entiende que la reforma que ahora plantea el Gobierno garantiza el futuro del municipalismo, potencia la autonomía presupuestaria, mejora el modelo territorial, fortalece la profesionalización de la administración pública y, además, trata de dar la imagen de que se encuentra al servicio del ciudadano. «Lo que necesita este país», apuntó el catedrático, «es una reflexión profunda sobre las competencias públicas», sin olvidar que en cualquier revisión que se plantee al respecto «hay que dar prioridad al gasto social sobre otros».


El catedrático zanjó su exposición diciendo que la reforma del municipalismo español no pondrá en cuestión el número de entidades locales, sino que buscará la igualdad de derechos entre ciudadanos. «Las leyes deben crear menos problemas que los que han generado», concluyó.

11.30 h. Participantes: Avelino Viejo, síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado; Eulalio Ávila, presidente de COSITAL; Manuel Francisco Rodríguez, coordinador general de REGTSA; Miguel Ángel Presno, profesor titular Universidad de Oviedo.


Mesa debate «Control interno y evaluación de los servicios»


16.00 h. Intervienen: Juan González Salas, interventor general del Ayuntamiento de Gijón; Fernando Cabanellas, responsable de oficina de planificación presupuestaria del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid; Anna Tarrach, directora de la oficina presupuestaria del Ayuntamiento de Barcelona; Camilo López, responsable de transparencia, calidad y gestión de procesos Ayuntamiento de Oviedo, y José Manuel del Arco, director general del Ayuntamiento de Avilés.


Introduce y modera: Belén González, del Seminario de Gestión Pública Local.

105 municipios y 1.661 pedanías de CyL nunca han rendido cuentas


El Mundo, 16/4/2013.- Un total de 105 municipios de Castilla y León, el 4,67% del total, y 1.661 pedanías, el 74%, no han rendido nunca cuentas ante el Consejo de Cuentas autonómico, por lo que desde este órgano se ha insistido en reforzar el deber de colaboración y los mecanismos de transparencia.

El presidente del Consejo, Jesús Encabo, ha detallado este lunes ante la Comisión de Hacienda de las Cortes, las cuentas del sector público local de la Comunidad en 2010, en un año en el que no rindieron cuentas el 87,7% de las pedanías y el 37,4% del resto de entidades locales, a pesar de que se mejoró en 8,4 puntos y 11,6 puntos, respectivamente, respecto a 2009.

En un momento en el que se están reformando las leyes de las entidades de autogobierno de Castilla y León, entre ellas la del Consejo de Cuentas, su presidente ha recomendado que se promuevan "las reformas normativas oportunas para condicionar la concesión o el pago de determinadas ayudas y subvenciones a la efectiva rendición" de cuentas ante esta entidad.

Desde el PSOE, el portavoz en Economía, José Francisco Martín, ha secundado todas las recomendaciones del Consejo de Cuentas con vistas a mejorar esa rendición de cuentas, incluido que se supediten algunas ayudas a la presentación de las cuentas en plazo.

Martín ha argumentado que ha habido dos casos, el del Plan E, con el gobierno del PSOE, y el Plan de Pago a Proveedores, con el PP, en los que los ayuntamientos de la Comunidad han presentado masivamente, con solo seis municipios que no lo hicieron, sus cuentas de esos años para poder acceder a esas ayudas o beneficios.

Eso demuestra, a su juicio, que si no presentan sus cuentas ante el Consejo regional "es porque no quieren" debido "a que no vale para nada".

Desde el PP, el portavoz en Hacienda, Salvador Cruz, ha secundado las recomendaciones de Consejo aunque no ha compartido que se supediten ayudas y subvenciones a la dación de cuentas, en cuanto que recaería en los ciudadanos y ha compartido que haya multas coercitivas para los ayuntamientos incumplidores.

Encabo ha recordado que Castilla y León tiene el sistema local más complejo de España, con el 27,7% de los municipios y el 60% de las pedanías sin que a pesar de ello esté entre los últimos lugares en cuanto a presentación de las cuentas.

Al final lo 'sufren los ciudadanos'

El presidente de este órgano de autogobierno ha argumentado que hay otras comunidades como la de Madrid que ya vincula las ayudas a la rendición de cuentas, a pesar de que esto al final lo "sufren los ciudadanos", aunque a su juicio, tanto esta vía, como la de las multa coercitivas a los que no rindan cuentas "son medidas viables".

En esta línea Encabo, ha dicho que hay tres provincias, Palencia, Salamanca y Valladolid, que son las que tradicionalmente rinden mejor cuentas, frente a Segovia, Zamora y Soria en el extremo contrario, y se ha referido al caso del Ayuntamiento de León, que aunque ha presentado las cuentas de 2010 tiene pendientes de las de los cuatro años que van de 2006 a 2009.

Aunque a fecha diciembre de 2011 eran 182 los municipios de Castilla y León que nunca habían dado cuentas ante el Consejo regional, este número se ha reducido a 105 a fecha 7 de abril de 2013, tras una labor de insistencia de este organismo.

De esos municipios, cuatro son de Ávila; una docena de Burgos, seis de León, entre ellos Villaquejida con 985 habitantes; cuatro de Palencia; dieciséis de Salamanca; veinte de Segovia, con Mozoncillo con 1.087 habitantes y Cabezuela con 716; dieciséis de Soria, ocho de Valladolid, con Valdestillas con 1.765 vecinos; y diecinueve de Palencia, entre ellos Quiruelas de Vidriales y Riofrío de Aliste, con 804 y 866 censados.

Desde IU se ha insistido en la necesidad de cumplir con las cuentas anuales para evitar la falta de transparencia y "decisiones de clientelismo y amiguismo del viejo sistema caciquil", y el PSOE ha insistido en que hay que diferenciar entre los que no presentan las cuentas por falta de medios y los que lo hacen porque no quieren.

Con la reforma local nacional sobre la mesa, y la posibilidad de que las entidades locales menores o pedanías que no presenten sus cuentas desaparezcan, Encabo ha sostenido que "no es admisible desde ninguna óptica" y por "muy comprensivos que queramos ser con ellas" esa falta de rendición de cuentas que conculca tanto la legalidad como el principio de transparencia.

No obstante, ha defendido que las entidades locales menores de la Comunidad "merecen ser atendidas" y se les debe de dar la posibilidad real de poder cumplir con sus obligaciones legales para que sus actuales carencias "no condicionen a priori su futura existencia".

lunes, 15 de abril de 2013

Consejo Cuentas CyL no ve factible plazo dado a pedanías para rendir cuentas


Finanzas.com, 15/4/2013.- El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, ha sostenido hoy que no considera "factible" el plazo de tres meses que se da en el anteproyecto de la reforma local nacional a las pedanías para que presenten sus cuentas anuales y evitar con ello desaparecer.

En una Comunidad con 2.240 entidades locales menores o pedanías, el 60 por ciento de las de España, concentradas fundamentalmente en León, Burgos y Palencia, y de las que en 2010 sólo presentaron sus cuentas 417, el 18,6 por ciento, Encabo ha sostenido que además quedan otras incógnitas por aclarar como si deben presentar todas las cuentas pendientes o sólo las del último año.

De las 2.240 entidades locales menores de Castilla y León, 1.661 no han presentado nunca sus cuentas ante el Consejo de Cuentas regional, según los datos facilitados hoy por este organismo con motivo de la intervención de Encabo en Comisión de Hacienda de las Cortes regionales.

El presidente del Consejo de Cuentas ha detallado que ante la "inquietud existente" en esas entidades locales menores por el anteproyecto de la reforma local nacional, han recibido a representantes de la Federación Independiente de Entidades Locales Menores de la Comunidad y a la misma entidad en el ámbito de Palencia.

Jesús Encabo ha afirmado que "percibieron" en estas entidades "un deseo de cumplir con la obligación de rendir cuentas", aunque "encontraban serias dificultades para su formalización y echaban de menos una mayor colaboración y ayuda de otras administraciones".

En término legales, a juicio del presidente del Consejo de Cuentas "la falta de rendición de cuentas" de la mayoría de las pedanías "no es admisible desde ninguna óptica, por muy comprensivos que quieran ser con ellas".

"Hoy por hoy, se puede afirmar, que su actividad económica se encuentra al margen de los preceptivos registros públicos de contabilidad, lo que conculca distintos preceptos legales así como el principio de transparencia que ha de presidir en todos los ámbitos públicos", ha referido Jesús Encabo.

Durante su exposición ante la Comisión de Hacienda del informe anual de las cuentas de 2010 del sector local de Castilla y León, ha calificado de "imprescindible" resolver la carencia de infraestructuras administrativas que afectan a las entidades locales menores y que motivan que no puedan llevar la contabilidad en los términos exigibles legalmente.

Encabo ha respaldado, en esa línea, la proposición no de ley, secundada por unanimidad por las Cortes regionales en el pleno del 6 de marzo, para desarrollar la ley de régimen local de la Comunidad, que data de 1998, para aclarar quién ejerce las funciones de secretaría en estas pedanías y pedir que el plazo de rendición de cuentas sea mayor a esos tres meses.

Para el presidente del Consejo de Cuentas, "las entidades locales menores" de la Comunidad, "merecen ser atendidas" y deben contar con la "posibilidad real" de poder cumplir con sus obligaciones para que las carencias que sufren "no condicionen a priori su futura existencia".EFE

domingo, 14 de abril de 2013

'La voz del Concejo' pide que estas entidades como patrimonio inmaterial ante la Unesco

Ileon.com, 13/4/2013.- El convenio ha sido firmado en León, este viernes, 12 de abril, a las 18.00 horas, por: Rosa María Juárez Fernández, presidenta de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia,Silvia Martínez Cantón, presidenta de la Confederación Española de Centros y Clubes Unesco, Mª Teresa García Montes, representante de la Asociación Cultural Faceira e Isabel Medarde Oliden, representante de la Productora Bambara Zinema.

La voz del concejo es el título de un documental audiovisual llevado a cabo por elLaboratorio Bambara y la Asociación Cultural Faceira, que pretende abordar de maneraobjetiva y directa la figura histórica de los concejos.

La Confederación Española de Centros y Clubes Unesco mediante este acuerdo, prestasu respaldo para la consecución del mismo, y para la solicitud de reconocimiento de losConcejos como patrimonio inmaterial ante la Comisión de la Unesco en París.

Por su parte, la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, situada en Cerezales del Condadoy siendo uno de sus objetivos el desarrollo y puesta en valor del territorio rural, se une alproyecto en su papel de promoción y mecenazgo, valorando la importancia de ladivulgación y fomento del concejo como valor histórico y cultural.

El documental se estrenará en la Fundación y además formará parte del ciclo Sendas caminando hacia otros modelos de vida, de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia,cuya misión es servir de plataforma comunicativa para aquellas iniciativas o modelosque se desarrollan en entornos rurales o con conceptos de desarrollo sostenible yeducación ambiental.

La voz del concejo se centrará en la vertiente cultural de las Juntas Vecinales de España,prestando especial atención a las de la provincia de León, que constituyen un tercio detodas las Entidades Locales Menores del Estado.

Su objetivo es darlas a conocer: qué son, cómo funcionan y por qué es importante suexistencia. Para ello, se mostrará la realidad de los concejos a través de un prisma deobjetividad que ayudará a entenderlos como realmente son, con sus puntos fuertes y suspuntos débiles.

Prestará, asimismo, especial atención a su importancia histórica como institucionesdemocráticas que proceden de la Edad Media, y que constituyen una parte importantede nuestro patrimonio cultural inmaterial. Y lo hará a través de entrevistas con 2 destacados investigadores especialistas en el tema y con los testimonios de las personasque están implicadas día a día, registrando costumbres y objetos que forman parte delmundo de los concejos.

De ese modo, contribuirá al registro y documentación de la historia de los concejos y susituación actual, buscando la protección del patrimonio cultural y afirmando así elcompromiso de Laboratorio Bambara y Faceira con nuestra sociedad.La difusión se realizará bajo una licencia Creative Commons, un tipo de licencia libreque cumplirá de forma más eficaz el objetivo de la asociación y la productora, ya quepermite que pueda descargarse y proyectarse libremente para fines didácticos o deconcienciación por cualquier persona que lo desee.

Realizadores y colaboradores

El Laboratorio Bambara es una plataforma de investigación de las artes audiovisuales yla fotografía que desarrolla proyectos en colaboración con la productora Bambara Zinema y cuyos intereses, además de los artísticos, están muy vinculados a la cultura ylos temas sociales. Los miembros vinculados a este proyecto son Sergio González e Isabel Medarde, quienes han obtenido diferentes premios y menciones, y sus trabajos dedirección y coproducción han podido verse en muchos países del mundo, en su recorrido por festivales y certámenes de cine.

La Asociación Cultural Faceira es una entidad dedicada al estudio, divulgación,protección y proyección del patrimonio cultural, histórico y lingüístico de León. En el documental participa Mª Teresa García Montes, historiadora especialista en patrimoniomaterial e inmaterial, asesorada por Ricardo Chao Prieto (historiador, medievalista y conocido divulgador de la Historia de León) y Nicolás Bartolomé Pérez (abogado yestudioso del derecho consuetudinario leonés).

La Confederación Española de Centros y Clubes Unesco, se creó para promover lacomprensión de los objetivos y de los ideales de la Unesco, como son la afirmación ydefensa de los derechos humanos, la contribución al logro de la paz y la seguridad internacional, la conservación del medio, y la consecución de la igualdad y la justicia, que constituyen los fundamentos del espíritu y propósitos de la Unesco y de las Naciones Unidas, trabajando en la realización de los programas y actividades deacuerdo a las directrices de la Comisión Nacional Española de cooperación con la Unesco.

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia tiene como argumento clave de su desarrollola atención a la cultura abierta y a la producción y distribución de conocimiento enfavor de la ciudadanía. Como agencia de desarrollo del territorio atiende a una funciónimpulsora y relacionante entre proyectos y agentes locales, regionales, nacionales ytransnacionales.

El convenio de colaboración. Las cuatro partes comienzan, con la firma de este convenio, una colaboración para realizar este documental sobre los concejos y solicitar el reconocimiento del concejo como patrimonio inmaterial, realizando para ello diversas actividades de índole educativo, social, cultural y científico.

Dicho convenio queda abierto a la participación de otras instituciones tanto públicascomo privadas, del ámbito nacional e internacional. Una de las instituciones que ya hamostrado su apoyo y va a colaborar es el Grupo de Acción Local Montaña de Riaño.

El PSOE de Salamanca aprueba un documento en apoyo de los pequeños municipios


Salamanca24horas, 13/4/2013.- El Partido Socialista de Salamanca asegura que llegan graves amenazas procedentes de las administraciones nacional y regional, "ambas gestionadas por el Partido Popular", contra los pequeños municipios y entidades locales menores. "Nos encontramos en momentos inciertos para nuestros pueblos. Con la excusa ya habitual del grave momento económico que atravesamos, el Partido Popular ha situado en su diana a los pequeños municipios y entidades locales menores, por tanto, a la inmensa mayoría de pueblos de Salamanca", afirman los socialistas en un comunicado.

Desde esta Ejecutiva Provincial de los socialistas salmantinos se quiere destacar el peligro que supone una posible nueva centralización de servicios y gestión que terminaría en una privatización. "Un hecho que se  confirma con el Anteproyecto de Reforma Local impuesto por el PP que pone en jaque los fundamentos del municipalismo y con él, la base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años", añade el PSOE.

Los socialistas son conscientes de la necesidad de aplicar "el rigor, la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden  utilizar como coartada para suprimir, encarecer o privatizar servicios públicos. Con esta reforma miles de Alcaldes y concejales, que han sido elegidos por los ciudadanos en las urnas para gobernar en sus pueblos y ciudades, ya no serán los responsables a la hora de tomar las decisiones y gestionar  los servicios que deberían prestar desde sus Ayuntamientos. La propuesta del Gobierno de intervenir y vaciar de competencias a una gran mayoría de las Entidades Locales pone en peligro y hace más frágil nuestra democracia".

Por todo esto, la dirección del PSOE de Salamanca exige la retirada por parte del Gobierno del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. Así, quiere dejar claro que apoya a los ayuntamientos de la provincia y a los cargos públicos que en ellos desempeñan su función cada día, "denunciando la grave situación en que pueden quedar nuestros pueblos si se materializan las graves agresiones que el PP pretende imponer por ley. Y que los socialistas van a defender, tanto a los Ayuntamientos como a los alcaldes y concejales, con todos los medios a su alcance".

La federación española de concejos pacta enmiendas con Llamazares

Diario de Leon.- Representantes de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España se reunieron ayer en Oviedo con el diputado del Grupo Parlamentario Izquierda Plural Gaspar Llamazares, en un encuentro auspiciado por la Federación Asturiana de Parroquias Rurales. Con este encuentro, se inicia una ronda de contactos entre la federación nacional con representantes en el Parlamento.

Los representantes de la federación de pedanías expusieron a Llamazares la necesidad de que las entidades locales menores conserven su personalidad jurídica y que se facilite rendir cuentas a todas las entidades locales y su acceso a la Administración electrónica.

En cuanto a la evaluación de la prestación de servicios, se propone que la ley dispense diferente trato a las entidades locales menores frente a las mancomunidades de municipios y que prevea un sistema específico para evaluar los servicios. Además, la federación e Izquierda Plural coinciden en que se incorpore a la legislación del Estado el voluntariado que, de forma tradicional, ha servido para implantar y conservar las infraestructuras en los pueblos.

También se solicitará que el texto normativo incluya un sistema de financiación de las pedanías y que recoja un mínimo de competencias para las entidades locales menores.

Base de la democracia

Los representantes de los concejos trasladaron a Llamazares la necesidad de que el poder legislativo muestre sensibilidad al que ha sido primer escalón del sistema democrático español durante siglos y que, además, ha prestado servicios a las comunidades rurales de forma eficiente. La federación considera que en la actualidad se debe mantener este escalón administrativo al ser imprescindible en una adecuada gestión del territorio. En una nota de prensa se define a las entidades locales menores como un patrimonio cultural y democrático «que debe ser protegido y modernizado».

La federación agradeció a Llamazares la atención a sus reivindicaciones.

jueves, 11 de abril de 2013

Comentarios al Anteproyecto de “LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL”

PLATAFORMA DE OMAÑA PARA LA DEFENSA Texto del Anteproyecto con fecha oficial de 18 de febrero de 2013, después de haber sido
informado favorablemente por el Consejo de Ministros el 15 de febrero de 2013:
http://www.minhap.gob.es/es‐es/prensa/en%20portada/2013/Paginas/20130215_CM.aspx
 EXPOSICIÓNDE MOTIVOS
Entre los motivos principales aducidos en el texto del Anteproyecto para
justificar el planteamiento de esta Ley, lo que transcribimos a continuación nos parece
especialmente alarmante:
“Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias
de otras Administraciones…, racionalizar la estructura organizativa de la Administración
local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera,
garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa
económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.”
Nuestras Juntas Vecinales ya cumplen con eficiencia, a través de la gestión
racional de su patrimonio y recursos,respecto a los servicios y atribuciones que tienen
encomendados por ley, siguiendo además los criterios decididos por sus vecinos y
vecinas y rindiendo cuentas ante ellos, sin que esto suponga, en la práctica totalidad
de los casos, coste alguno para las arcas del Estado.
Ha de quedar claro, por lo tanto, que el principal motivo aducido para su
reforma, control o supresión, no puede ser reducir el gasto que puedan generar,
puesto que,tal y como expuso el Ministro al informar de los objetivos económicos que
se perseguían,sólo un 1% de lo que piensa el Gobierno ahorrar con esta Ley provendrá
de la supresión de Mancomunidades y Juntas Vecinales. (Es de suponer, que de ese 1%
la mayor parte del ahorro está del lado de la supresión de Mancomunidades, ya que la
mayoría de las Juntas Vecinales, como hemos apuntado, no genera gasto alguno al
Estado).
1De lo expuesto, se interpreta con claridad que hay otra motivación encubierta,
desvelada por las consecuencias directas de la supresión de nuestras Juntas Vecinales:
se trata sin duda de lograr el control externo de su patrimonio y de sus ingresos (a
través de las diferentes formas de control e intervención por parte del Estado, llámese
Diputación, Comunidad de CyL o Ayuntamiento del que dependan, que se promueven
en la Ley) para “favorecer así la iniciativa económica privada” (léase grandes negocios),
“evitando la intervención administrativa desproporcionada” (es decir, el obstáculo que
supone para el desarrollo de esos negocios, consentirla participación y la toma final de
decisiones por parte de los vecinos y vecinas a través de sus Juntas Vecinales).
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 26.3 DE LA LBRL (Ley de Bases de Régimen
Local)
Este artículo es de extrema importancia, porque establece que en los Municipios
de menos de 20.000 habitantes las Diputaciones asumirán la prestación de los
servicios básicos cuando en el ámbito municipal no se cumpla con el principio de
sostenibilidad financiera, o se considere ineficiente la prestación según las
evaluaciones externas realizadas.
Como queda recogido en el mismo artículo 26.3 (al remitirse al artículo 85 de la
Ley) se abre la puerta a la gestión privada de esos servicios y/o al cobro de tasas o
aumento de lasmismas(artículo 26.6).
 MODIFICACIÓNDEL ARTÍCULO 45 DE LA LBRL
“Se modifica el artículo 45, que quedará redactado como sigue:
Artículo 45.
1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán las entidades
de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como
forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de
población separados,…”
En este artículo, de un plumazo, se les quita la personalidad jurídica a las
Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio, es decir, la capacidad de, por
ejemplo: administrar fondos o presupuestos, poder contraer cualquier tipo de
contrato, acceder a subvenciones, y elegir a su representantes, es decir, desaparecería
la posibilidad legal de tener capacidad de decisión sobre los asuntos que más
directamente les afectan. Las Juntas Vecinales y los Concejos serían vaciados
legalmente de competencias y permanecerían, en todo caso, como “formas de
organización desconcentrada” dependientes totalmente de los Ayuntamientos.
NUEVOARTÍCULO 61 BIS DE LA LBRL
No es que este artículo afecte directamente a lasJuntas Vecinales pero conviene
leerlo porque en él se muestra con crudeza como la Ley se ensaña con los pequeños
2Ayuntamientos al exponer las causas y consecuencias de la extinción de municipios de
menos de 5.000 habitantes.
DISPOSICIÓNADICIONAL SÉPTIMA
“Disposición adicional séptima. Evaluación de los servicios prestados por
mancomunidades y entidades de ámbito territorial inferior al Municipio.
2. Cuando de la evaluación de los servicios prestados por las entidades territoriales de
ámbito inferior al municipio resulte la inadecuación de la prestación del servicio en su
ámbito, corresponderá al municipio la prestación del mismo y la entidad territorial de
ámbito inferior al municipio quedará disuelta.”
En esta Disposición Adicional se expone la primera causa de disolución de
Entidades territoriales de ámbito inferior al Municipio: cuando no pasen los criterios
propuestos por el Estado para la evaluación de la prestación de los servicios que
tengan encomendados. Esos criterios y esa evaluación quedan abiertos a los
desarrollos legales que el Gobierno del Estado quiera darles una vezse apruebe al Ley.
Es decir, pueden convertirse en una herramienta, más o menos, eficaz, según
convenga, para la supresión de Juntas Vecinales, porque si se aplican criterios muy
estrictos, por ejemplo, los mismos que se apliquen para evaluar a los Ayuntamientos o
las Diputaciones, es probable que gran cantidad de Juntas Vecinales no pasen la
evaluación y sean suprimidas.
DISPOSICIÓNTRANSITORIA TERCERA
“Disposición transitoria tercera. Disolución de entidades territoriales de ámbito inferior al
Municipio.
1. Las entidades territoriales de ámbito inferior al Municipio existentes en
el momento de la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su personalidad
jurídica.
2. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las
entidades territoriales de ámbito inferior al Municipio deberán presentar sus cuentas
ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma
respectiva para no incurrir en causa de disolución. Presentadas sus cuentas se
procederá a la evaluación inmediata de los servicios prestados por estas entidades.
3. La no presentación de cuentas por las entidades territoriales de ámbito
inferior al Municipio ante los organismos correspondientes del Estado y de la
Comunidad Autónoma respectiva será causa de disolución. La disolución será acordada
por Decreto del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva en el que se
podrá determinar su mantenimiento como forma de organización desconcentrada.”
El punto 1 de esta disposición Transitoria Tercera entraría en contradicción con el
artículo 45, porlo que requeriría de una aclaración inmediata por parte del Ministerio.
En los puntos 2 y 3 se expone el segundo supuesto de disolución para las
Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio: la no presentación de cuentas
ante los organismos correspondientes del Estado. Pero, por si de ésa se escaparan,se
3 vuelve a imponer la necesaria evaluación de los servicios prestados, que como ya
vimos puede dar lugar también a su disolución.
Como ya hemos expresado e insistido, es muy probable que muchas Juntas
Vecinales no puedan presentar sus cuentas en tiempo y forma, pues en este momento
carecen de asesoramiento técnico, y no se vislumbra ninguna solución para la
exigencia de que deban ir firmadas por un Secretario o Funcionario legalmente
habilitado, puesto que ni los Ayuntamientos, ni las Diputaciones, ni la Junta de Castilla
y León facilitan los medios y recursos humanos adecuados. De esta forma, esta
exigencia se convierte en una trampa mortal para que muchas Juntas Vecinales sean
suprimidas.
Siguiendo la redacción del texto,se puede leer:
“La disolución en todo caso conllevará:
b. Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad territorial de ámbito inferior al
municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones.”
Este otro punto de la Disposición Transitoria Tercera es el que dispone que el
Ayuntamiento del que dependa la Entidad suprimida sea el depositario de todos sus
bienes y derechos. Teniendo en cuenta que, dada la legislación vigente, el patrimonio
forestal y de montes depende de la Junta de CyL, sería esa institución la que se haría
con la titularidad y propiedad de ese tipo de patrimonio expoliado a nuestros pueblos,
pasando el resto del patrimonio al Ayuntamiento o a la Diputación (ver modificación
artículo 26.3). Aquí se encuentra la clave última de por qué se quieren suprimir las
Juntas Vecinales: para arrebatarles su patrimonio y poder disponer de él conforme a
los intereses del Estado, sin el obstáculo que para ello habitualmente suponen los
intereses de los vecinos y vecinas de los pueblos.
En este sentido cabe recordar que, aunque desde las pequeñas poblaciones
rurales (donde en muchos casos aún persisten y funcionan los comunales y los
concejos), no se suele estar en contra de la mercantilización y puesta en valor de parte
de su patrimonio para la obtención de algunos ingresos, es también cierto que las
decisiones al respecto suelen hacerse siguiendo criterios que poco tienen que ver con
la “lógica del interés privado” (de maximización de los beneficios económicos) y sí con
una ancestral “lógica del bien común” según la cual, para dar el respaldo a ese tipo de
proyectos mercantilistas, en todo caso habrán de ser respetadas tres condiciones
básicas: primera, que esa iniciativa económica sea compatible con la conservación del
patrimonio comunal sin su pérdida ni menoscabo, segunda, que la toma de decisión
última esté en manos de todos los vecinos y vecinas interesados, es decir, del Concejo,
y,tercera, que los beneficios futuros a obtener puedan revertir por igual también entre
todos los habitantes del pueblo.
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OBSERVACIÓNFINAL
Creemos que hay que ser muy crítico, por tanto, con las declaraciones que
culpabilizan a las Juntas Vecinales de no querer presentar las cuentas o de no querer
ajustarse a las exigencias de la Ley: éstos son argumentos que maneja e lGobierno para
desacreditarlas y ocultar sus verdaderas intenciones, y que por desgracia han calado
entre muchos de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos e incluso Alcaldes
pedáneos, que piensan que con hacer lo que exija la Ley "estarán salvados". Como
hemos intentado mostrar, las exigencias de la Ley contienen algunas trampas que no
deben perderse de vista, pues lo único que se persigue por parte de las instituciones
del Estado es la apropiación de los ingresos y el patrimonio de las Juntas Vecinales,
así como la desaparición de una figura tan democrática (y por lo tanto tan incómoda
para los intereses que se promueven desde un Gobierno neoliberal) como es la del
Concejo.DE LAS JUNTAS VECINALES, 11/4/2013.-