Sacandoconclusiones.com, 4/5/2013.- El Gobierno del PP quiere suprimir las entidades locales menores: juntas vecinales, pedanías, concejos, parroquias, barrios…El argumento de que son deficitarias. El catedrático Valentín Cabero explica que la verdadera razón es el expolico del rico patrimonio local.
El ministro de Hacienda dice que las entidades locales menores cuestan dinero y con ese argumento ha presentado el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. ¿Ese planteamiento es cierto?
En absoluto, los gastos que asumen las entidades locales menores apenas suponen carga alguna a los municipios respectivos. Ingresos y gastos suelen estar equilibrados en la mayoría de los pueblos. Algunos concejos contribuyen más bien al mantenimiento de los ayuntamientos, al contar con bienes comunales de gran riqueza forestal y medioambiental. Las realidades son tan complejas que no pueden quedar recogidas en una legislación tan poco sensible con el territorio como la que analizamos. En cualquier caso, no son los pequeños municipios, y menos las entidades locales menores, los endeudados y los que rompen el equilibrio y estabilidad presupuestaria; los motivos económicos deben buscarse en los grandes municipios, en sus despilfarros, en sus obras faraónicas, o las corrupciones inadmisibles que nos han endeudado colectivamente. Los argumentos económicos manejados por el Gobierno y expresados en el anteproyecto de Ley para las entidades locales menores deben considerarse totalmente falaces. Seis grandes ayuntamientos urbanos concentran la mayor parte de la deuda municipal que afecta a la estabilidad presupuestaria y déficit público.
Si se aprueba ese anteproyecto de ley ¿se acabará con el ya tocado mundo rural?
El mundo rural ha pasado en los últimos tiempos por circunstancias muy difíciles, en particular aquellas zonas en las que las estructuras demográficas se ven rotas y donde las agriculturas y ganaderías familiares se han desmoronado. A ello ha contribuido, sin duda, la Política Agraria Común (PAC) en sus procesos de liberalización y con su sistema de ayudas o subvenciones, que han favorecido la agroindustria y a los especuladores del mercado, y no al pequeño y mediano agricultor o ganadero.Quienes han resistido en los pueblos y quienes siguen manteniendo servicios de proximidad en esas entidades locales menores son auténticos héroes sociales y merecen el máximo respeto. Las normas previstas liquidarán gran parte de la trama histórica del medio rural y acentuarán los vacíos humanos, con pérdidas de representación democrática y de cercanía a los habitantes. Se favorecen así los intereses de privatización, el dumping urbano, o el asalto a los bienes de las juntas vecinales por los grandes municipios o diputaciones, las más beneficiadas en este anteproyecto de ley.
¿A cuántas entidades locales menores va a afectar la reforma de la ley que el Ejecutivo quiere llevar a cabo?
Si tenemos en cuenta que la legislación prevista da un plazo de tres meses a las entidades locales menores para presentar las cuentas formalmente una vez que la ley entre en vigor, no sabremos de momento cuáles serán las amenazadas de disolución y privadas de su personalidad jurídica. En España tenemos registradas oficialmente 3.720 entidades locales menores, y será la región de Castilla y León la que sufrirá más las consecuencias negativas, pues aquí se concentran 2.227, figurando la provincia de León con el mayor número de toda España (1.225), seguida de Burgos con 651 y Palencia con 226. De ahí la protesta y desacuerdo de Las Cortes de Castilla y León y del Gobierno Regional con este anteproyecto economicista y alejado de los problemas de cohesión social y territorial.
Naturalmente, quienes conocen bien estas entidades locales menores saben que son muchas las que tienen vinculadas a sus lugares y concejos grandes riquezas naturales. Sería doloroso, triste y catastrófico para este país que quienes han arrasado y saqueado hasta extremos irreversibles y escandalosos nuestras costas y litorales, ahora la emprendiesen con el mundo rural, con su entidad, con sus bienes, con sus recursos y con sus paisajes en nombre de la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad y racionalización. Los recortes y ajustes ya están haciendo su labor de erosión y de zapa en los servicios sociales, educativos y de sanidad.
¿Qué alternativas hay contra el anteproyecto de la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que pretende imponer el Gobierno a pesar de la oposición del mundo rural?
Quienes se declaran verdaderamente municipalistas y favorables a los servicios de proximidad deberían oponerse radicalmente al anteproyecto, pues prima la polarización urbana y el desprecio al mundo rural. España no puede elegir este modelo, pues necesita imperiosamente de un mundo rural vivo y bien cohesionado. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no debe consentir tamaño desatino. Abogar por “servicios estándar” y “costes medios” fijados desde arriba es desconocer nuestra realidad geográfica, la singularidad de cada territorio, su orografía, su población o las posibilidades de sus propios recursos. La ley para nada contempla la diversidad de nuestro país, ni incorpora elementos correctores a escala regional o comarcal. ¡Qué mirada tan burocrática y economicista: solamente han visto una península ibérica plana y han convertido a los municipios en “empresas de servicios”.
La búsqueda de alternativas pasa por el reconocimiento de la diversidad de situaciones a escala local, por el respeto a la personalidad jurídica y a los derechos de las entidades locales menores, y por el mantenimiento de la representación política de los más pequeños. Las normas que se pretenden imponer desde la mayoría absoluta del Gobierna actual ofrecen muchas dudas y flancos al atentar con la autonomía municipal y con la vinculación jurídica de los bienes comunales o concejiles a las Juntas Vecinales. Ya se habla en algunos foros de “Ley del Expolio Rural”. El respeto a nuestra Constitución y a la autonomía municipal no debería ponerse en entredicho.
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