Diario de León, A. Domingo, 16/3/2015.- La Junta de Castilla y León no iniciará los trámites para la disolución de las juntas vecinales que no rindieron las cuentas del ejercicio del 2013 antes del 31 de diciembre pasado, como contempla la reforma de la Administración local, mientras no lo inste el Gobierno, según informó la Consejería de Presidencia.
Según el Ejecutivo autonómico, corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas promover el proceso, que finaliza con la resolución correspondiente de la Consejería de Presidencia, que asume las competencias en materia de ordenación del territorio. Por el momento, el ministerio de Cristóbal Montoro no ha dado el paso que requiere el Ejecutivo de la Comunidad.
La entrada en vigor de la reforma local obligaba por primera vez a rendir las cuentas del último ejercicio cerrado a las entidades locales menores, advirtiendo que no cumplir este requisito suponía incurrir en causa de disolución. De esta manera, podrían suprimirse las juntas vecinales que no hubieran cumplido a 31 de diciembre, si bien el plazo legal para la rendición expira en octubre, tanto para entidades locales menores (ELM), como para ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades.
Pese a todo, pasados los plazos de octubre y fin de año, el Consejo de Cuentas de Castilla y León recibió las cuentas de diez pedanías leonesas, según datos registrados hasta el 8 de marzo. Las dos últimas figuran con fecha del 28 de febrero —dos meses de retraso—.
Este es así, indicaron fuentes del Consejo de Cuentas, porque el entorno digital de rendición de cuentas «no cierra la ventanilla». De hecho, muchas juntas vecinales presentaron el año pasado las cuentas de varios ejercicios ya que en un principio no estaba claro el periodo de rendición obligatorio que debía registrarse antes del 31 de diciembre de 2014 —finalmente se ciñó al último posible: el de 2013—.
Con las últimas diez rezagadas, son 1.217 las juntas vecinales de la provincia que a 8 de marzo han rendido cuentas y sólo se contabilizan 15 incumplidoras. Si finalmente el Ministerio de Hacienda opta por remitir a la Junta de Castilla y León la lista de pedanías díscolas habrá que ver si se ciñe al 31 de diciembre o si bien amplía el margen y admite las de los pueblos menos diligentes.
Modernización
En cualquier caso el nivel de rendición de cuentas se sitúa en León en el 98,78%, muy superior al 59,9% del ejercicio anterior, según los datos del Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas, presentado a principios de este mes.
Tras desglosar la fiscalización realizada a lo largo del 2014 por las entidades locales menores, el consejo recomienda a la Comunidad Autónoma la adopción de medidas normativas para el mantenimiento, organización y modernización de las juntas vecinales, que establecen «unos estándares económicos y administrativos mínimos de obligado cumplimiento.
El organismo aboga por disolver las ELM que «durante varios años consecutivos» no aprueben el presupuesto o incumplan la rendición de cuentas e indica la procedencia de disolver aquellas en las que concurren las causas de disolución contempladas en la Ley de Régimen Local de Castilla y León, de 1998, e igualmente, la de las que no ejerzan competencia alguna.
Gestión
La autonomía debe dotar a las ELM «de los medios administrativos adecuados, que les permitan cumplir sus obligaciones» como administraciones públicas.
También señala que las Cortes «deberían instar a la Administración del Estado la revisión del actual régimen jurídico relacionado con el desempeño [...] de las funciones públicas necesarias de secretaría, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, contabilidad y tesorería», así como regular esta materia de forma específica en el ámbito de Castilla y León.
Por otra parte, debería registrarse competencias que ejercen, tanto delegadas por los municipios como las asumidas.
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