La Junta permite a las pedanías designar a cualquier persona como secretario

p. infiesta | redacción 03/10/2013

Castilla y León pondrá en marcha un dispositivo especial para evitar robos en el mundo rural.norberto

Los 1.232 pedáneos leoneses podrán seguir designando a cualquier persona «capacitada» para que asuma la asesoría jurídica y de secretaría de sus juntas vecinales. Según la última decisión de las Cortes autonómicas, ya no será obligatorio que los secretarios de los ayuntamientos a los que pertenezcan las entidades locales menores o los técnicos del SAM de la Diputación asuman exclusivamente esas tareas, como ordenaba un decreto aprobado hace sólo dos meses (18 de julio) por la Junta en un intento de desbloquear la rendición de cuentas que ahogaban a las pedanías y las colocaban al borde de la extinción.

Ahora, las personas que dén el visto bueno ‘al papeleo’ de las entidades locales menores serán nombradas siguiendo el mismo orden del régimen general que funciona a nivel nacional: primero, los secretarios del Ayuntamiento; si renuncian, como es frecuente, se llama a otros funcionarios o a alguien con capacitación suficiente.

El decreto del pasado verano vino a regular, por primera vez en quince años, las funciones de secretaría e intervención de las juntas vecinales y concejos en Castilla y León, al permitir desarrollar la disposición sexta de la Ley de Régimen Local (1998). Según lo acordado, se dejaba en manos de los secretarios ‘de carrera’ de los respectivos ayuntamientos de la provincia el refrendo de los acuerdos, los presupuestos y documentos de las pedanías.

Sin embargo, la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenación del Territorio de la autonomía, secundada por las Cortes, tumba ese decreto y, en un movimiento de veleta, permite volver a los antiguos modos de gestión de las juntas vecinales.

La Federación leonesa de Entidades Locales Menores considera «positivo» que se haya derogado, ya que «aliviará el caos suscitado por el exceso de trabajo que suponía para algunos secretarios municipales», indica el especialista Carlos González-Antón, para quien «las juntas vecinales recuperan así capacidad de maniobra». A su juicio, la Junta ha dado marcha atrás tras entender las complicaciones que introducía invalidar a los titulares que venían dando fe y obligar a los secretarios e interventores de ayuntamientos a atender también a las pedanías. La Federación valora el apoyo del legislador hacia las juntas vecinales como entidades históricas y singulares que hunden sus raíces en la Edad Media, al incluir la Ley de Ordenación del territorio una mención específica en favor de mantener estos entes administrativos, pero echan de menos que las pedanías «hayan quedado fuera del reparto de competencias en la nueva normativa».

En Palencia, la Diputación ha aprobado una ordenanza para que las juntas vecinales que quieran recibir asesoría del SAM paguen un canon del 10% de su presupuesto. Un ejemplo que pueden imitar otras instituciones provinciales y que la Federación no ve con buenos ojos «por ser una medida excesivamente recaudatoria», dicen. Por eso presentarán alegaciones.