El Comercio, 27/10/2013.- Las parroquias rurales luchan por su supervivencia ante la amenaza que supone para ellas la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El Gobierno de Mariano Rajoy, sostienen, actúa motivado por el interés que suscitan los bienes comunales que hoy en día están en poder de las pedanías.
«Tenemos un patrimonio muy rico y eso es lo que persiguen», resume Andrés Rojo, presidente de las parroquias rurales de Asturias. En España funcionan a día de hoy 3.525 entidades locales menores, de las cuales 39 están en el Principado. Inicialmente, el documento de la reforma local contemplaba la supresión de estos entes locales. Sin embargo, los últimos cambios introducidos en la ley dejan en el aire el propósito inicial del Ministerio de Administraciones Públicas. Precisan, de acuerdo al articulado que está siendo debatido en el trámite parlamentario, que las entidades de ámbito territorial menor que el municipio existentes en el momento de la entrada en vigor del nuevo marco normativo «mantendrán su personalidad jurídica».
Eso sí, las parroquias rurales tendrán que presentar, en un plazo inferior a tres meses desde la entrada en vigor de la ley, sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la comunidad autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución. «No tenemos medios ni económicos ni personales para hacer frente a esa obligación», advierten desde el denominado frente en defensa de las juntas vecinales de España, que recuerda que las personas que trabajan en estas entidades locales lo hacen de forma desinteresada.
La idea que plantea el nuevo marco normativo es que las pedanías pasen a ser controladas por administraciones territoriales de rango superior. Esto significa, por ejemplo, que las diputaciones o las comunidades autónomas podrán proponer a un gobierno regional la supresión de parroquias a las que, por tener déficit presupuestario, se les puede imponer la aprobación de un plan económico-financiero. Los representantes vecinales piensan que, con esta fórmula, se producirá un agravio. «Ayuntamientos con déficit presupuestario podrán disolver sus entidades locales menores, cuyo patrimonio, curiosamente, pasará a ser controlado por estos mismos consistorios», protestan los portavoces de las parroquias.
«Nuestro pecado -añaden desde la asociación que aglutina a todas las parroquias de España- es ser las administradoras de las propiedades y la riqueza ambiental de los vecinos». En esta tesis ahondaron los representantes del frente en defensa de las juntas vecinales, que se manifestaron hace justo una semana en las calles de León.
Advierten de que la intención del Gobierno cuando plantea suprimir las entidades locales significaría el mayor «expolio hacia manos privadas del patrimonio público». «Es un robo premeditado y diseñado para asaltar la democracia que representan las pedanías y generar un negocio para una banda de especuladores, que pretenden acabar con el mundo rural», afirma Elías Álvarez, portavoz del frente en defensa de las juntas vecinales, crítico con la decisión de que sean precisamente las pedanías las que «paguen el pato» cuando «no tienen deuda alguna».
Con la supresión de las juntas vecinales se elimina, aseguran, «una forma de vida», pero también «muchos puestos de trabajo». Recuerdan que los bienes comunales que administran las pedanías emplean a un número importante de ciudadanos, que residen en los pueblos.
«Esperamos que finalmente llegue la racionalidad», tercia el secretario de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, Carlos González. Reivindica el papel «necesario» de estas entidades en la organización y acusa al Gobierno central de ir con sus decisiones contra los tiempos. «En otros estados -explica- están a favor de la creación de gobiernos en las pequeñas comunidades locales. Aquí, en España, vamos en sentido contrario».
El expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez Vigil ha desarrollado numerosos estudios sobre la singularidad del mundo rural asturiano y conoce bien la idiosincrasia de las parroquias. En su opinión, ni las diputaciones, ni los ayuntamientos gestionarían mejor que los propios vecinos sus pedanías. «Se crearían muchos problemas», advierte Rodríguez Vigil. Ante el temor de los representantes vecinales de que la reforma legislativa derive en una pérdida de la personalidad jurídica de las pedanías, apunta la posibilidad de que el proyecto puede incumplir el marco constitucional, puesto que las parroquias, recuerdan, están controladas por las comunidades y no por el Estado, tal y como se recoge en el Estatuto.
Cambio de rumbo
Los representantes de las parroquias rurales piden modificar el articulado actual de la ley para dejar las cosas «como han estado siempre». Advierten de que son las comunidades autónomas y no otra administración la que debe establecer su régimen jurídico principal.
No quieren renunciar a su actual «plena» personalidad jurídica, como tampoco están dispuestos a permitir que se pueda suprimir una entidad local menor por las deudas o el déficit que pueda acumular un municipio. Piden, además, que se flexibilicen los plazos de rendición de cuentas, simplificar su procedimiento y facilitar el acceso de las parroquias a la Administración electrónica.
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