Leonoticias, Luis V. Huerga / @luisvhuerga 26/02/2014.- Los grupos políticos de la oposición en la Diputación de León se han mostrado este miércoles en contra de la posible aplicación de un precio público a aquellas juntas vecinales que requieran el asesoramiento de técnicos de la institución provincial para la elaboración de sus cuentas y puedan presentarlas antes de que finalice el presente año para evitar su desaparición, tal y como marca la nueva Ley de Racionabilidad y Sostenibilidad de la Administración Local.
Se trata de una medida que para el equipo de gobierno es una “obligación legal” en caso de que los municipios a los que pertenezcan estas entidades locales menores no presten el servicio y los presidentes de las juntas vecinales se vean obligados a pedir el apoyo de la Diputación de León, por lo que se podría establecer ese precio público, después de que se desestimara el establecimiento de una tasa.
El diputado de la Unión del Pueblo Leonés, Lázaro García Bayón, ha explicado durante el pleno que la medida de implantar un precio público, de unos 150 euros anuales, supone un “ataque más” a las juntas vecinales en el marco de la nueva ley local que plantea “eliminar” estas entidades locales menores. Por eso, contempla esta medida como un nuevo obstáculo para la supervivencia de este modelo, ya que “la mayoría de las juntas vecinales no tiene recursos” para hacer frente a ese pago.
Al "congelador"
Por eso, ha reclamado que este año, que es “crítico” para las entidades locales menores, que han de presentar sus cuentas antes de fin de año, no se establezca esa propuesta o que el asesoramiento se realice a través del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), que se financia con los “impuestos de todos los leoneses”. “Le están haciendo el juego a quienes quieren eliminar las juntas vecinales”, ha denunciado Bayón en referencia al equipo de gobierno de la institución provincial.
Por su parte, el diputado del PSOE en la institución provincial, Luis Rodríguez Aller, ha ido más allá y ha reclamado al equipo de gobierno que “entierre la ordenanza” y no establezca ni tasas ni precios públicos para la prestación de este servicio a las juntas vecinales, que debe asumir la Diputación en caso de que los servicios técnicos de los ayuntamientos no lo realicen. “Esta casa presta el servicio desde hace años y nunca ha habido problemas. Es el momento de tomar un respiro y ver qué pasa este año”.
Al respecto, el portavoz del Grupo Mixto, Matías Llorente, ha reclamado, del mismo modo, que se “mande al congelador” la propuesta y se dé el servicio como “competencia propia de las juntas vecinales. No obstante, considera que no son los alcaldes los que deben “obligar” a los funcionarios de los ayuntamientos a “llevar las cuentas” de las juntas vecinales, sino que tiene que ser la “administración competente la que obligue”. “Qué ley dice que sea el alcalde el que obligue”, se ha preguntado Llorente.
Doce euros al mes
Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Jaime González, ha recordado que si una junta vecinal se ve en la necesidad de acudir a la Diputación de León para poder realizar sus cuentas es por “omisión de un ayuntamiento que no está prestando el servicio”, mientras que no se plantea una tasa porque es un impuesto que grava servicios obligatorios y este, en concreto, no lo es, por lo que se establece un precio público.
Se realiza así conforme a la ley porque se entra, además, en competencia con empresas privadas que realizan también este servicio, pero con un precio inferior al del mercado, establecido en algo más de doce euros al mes. Sin embargo, ha indicado que se trata de un planteamiento que se encuentra “en estudio” porque el equipo de gobierno espera que “todos el mundo cumpla con sus obligaciones”. Además, ha recordado que, hasta ahora, la Diputación presta asesoramiento económico a más de 400 juntas vecinales, por lo que ha comprometido que “ninguna va a desaparecer por inacción de la Diputación”.
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