Leonoticias, 5/6/2013.- La oposición socialista exigió este martes a la Junta de Castilla y León que en el plazo de un mes apruebe el decreto para que las entidades locales de la Comunidad puedan cumplir con su obligación de rendir cuentas, ya que de no hacerlo así corren el “riesgo de ser aniquiladas” cuando entre en vigor la reforma local del Gobierno central.
El plazo máximo de un mes para la normativa reglamentaria que delimite las funciones de los secretarios municipales (disposición adicional sexta de la ley de Régimen Local de Castilla y León de 1998) se recoge en la propuesta de resolución registrada hoy por el Grupo Socialista y cuyos términos explicó en rueda de prensa su viceportavoz, Ana Redondo, quien criticó el “retraso”, en unos casos, y “olvido”, en otros, de la Junta en cumplir con los acuerdos que se aprueban en las Cortes.
La defensa de las entidades locales de Castilla y León es una de las líneas rojas que figura en el pacto de mínimos entre la Junta y el PSOE sobre el modelo de ordenación territorial, que se reforzó el pasado mes de marzo con la aprobación por unanimidad de los grupos de las Cortes de dos proposiciones no de ley, una de ellas para el desarrollo normativo de las funciones de los secretarios, pendiente desde la aplicación de la ley autonómica de Régimen Local, y otra para que se amplíe el plazo de tres meses que se otorga en la reforma para la dación de sus cuentas.
Redondo criticó que siga pendiente, desde hace quince años, ese desarrollo reglamentario y apuntó a las dificultades de las pedanías para cumplir con la obligación legal de rendir cuentas, bien por falta de personal, ya que existen municipios en Burgos y León, en particular, con casi veinte entidades menores asociadas. También, censuró en tal sentido a las diputaciones provinciales, dado que tienen funciones estatutarias de ayuda y asesoramiento a los municipios.
En cuanto a la pregunta de que la Consejería de la Presidencia tiene elaborado el decreto, Redondo manifestó que han sido “varios” e incluso “hasta diez” los que ha redactado y preguntó dónde está el “problema de una normativa imprescindible”, más cuando el Gobierno ha manifestado que en el último Consejo de Ministros de junio se aprobará el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
La iniciativa parlamentaria pone “fecha y plazo” para cumplir con los acuerdos que salen de las Cortes, porque si no para qué sirven, se preguntó Redondo en su comparecencia, en la que remarcó que “no se puede esperar más tiempo” porque esas entidades desaparecerán si, cuando entre en vigor la reforma, no han rendido sus cuentas.
El Consejo de Cuentas señala en su último informe de fiscalización del sector público local que nueve de cada diez entidades locales menores de Castilla y León no han podido rendir sus cuentas en los años 2009, 2010 y 2011. La Comunidad Autónoma cuenta con el 65 por ciento -2.232- del total de las existentes en España, de ahí el respaldo que recibieron de las Cortes como seña de identidad comunitaria.
Tres propuestas
En el proyecto de decreto conocido por Ical el pasado mes de abril, la Consejería de la Presidencia propone tres vías normativas para que las entidades menores puedan cumplir con esa obligación legal. Una de ellas es la delimitaciones de las funciones de los secretarios municipales a través de convenios interadministrativos locales. Además, se abre la posibilidad de que los secretarios con habilitación estatal puedan solicitar el desempleo de labores de control, fiscalización económico-presupuestaria, contabilidad, tesorería o recaudación.
Esa solicitud, con carácter voluntario, conlleva una retribución por el municipio o municipios agrupados a través de un complemento de productividad, financiado con las juntas vecinales a través de un convenio en el que se tendrá en cuenta su número, presupuesto y población, plantea el último texto presentado por Presidencia.
Por último, otra de las vías es la firma de un convenio entre la diputación provincial correspondiente, el Consejo Comarcal de El Bierzo y cada ayuntamiento y las entidades menores afectadas. En caso de que no haya una solicitud voluntaria o un convenio entre administraciones, se pueden distribuir las funciones, de manera que las más cercanas se ejerzan por los secretarios y las otras por el servicio de apoyo y asesoramiento de las diputaciones. Las corporaciones provinciales podrán acordar en ese caso el pago por las entidades locales menores de las tasas administrativas por los servicios recibidos.
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