Sólo las pedanías de Encinedo y Truchas tienen al día sus cuentas

Astorga REDacción, 14/6/2013.- Mientras el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, y la propuesta de la Junta sobre ordenación del territorio continúan su imparable proceso administrativo, las juntas vecinales deben rendir sus cuentas si no quieren desaparecer.

En nuestras comarcas, la mayor parte de las pedanías de Encinedo y Truchas son las más cumplidoras. Sin embargo, los datos recogidos en la última actualización del 9 de junio de 2013 del Consejo de Cuentas de Castilla y León, revelan que la práctica totalidad de las juntas vecinales no tienen puestas al día sus obligaciones de presentar la liquidación y el presupuesto anual. 

En el extremo opuesto a las pedanías de La Cabrera se encuentran las del Ayuntamiento de Astorga que no han presentado sus contabilidades, al menos, en los últimos 10 años, ya que el listado 'colgado' en la página web del Consejo de Cuentas recoge los datos desde el año 2003. Pero no son las únicas, por poner sólo un par de ejemplos, tampoco lo han hecho nunca las de Valdespino de Somoza, Villaobispo de Otero o la de Benavides de Órbigo, otras como la San Román de la Vega han presentado tres ejercicios o sólo uno, como es el caso de Tabuyo del Monte. El caso es que de haber entrado en vigor la ley ya, más del 90 por ciento de las juntas vecinales de la zona de Astorga correrían el riesgo de desaparecer.

Desde todos los foros y ámbitos se está dando la voz de alarma para que los responsables de las pedanías presenten ya el estado de sus 'haciendas', porque en el momento en que entre en vigor la nueva ley de sostenibilidad de la administración del Gobierno de España, tendrán sólo tres meses de plazo para demostrar que las tienen al día. Como ha señalado recientemente el presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, la falta de rendición de cuentas no es “admisible desde ninguna óptica, por comprensivos que queramos ser con ellas”, y añadió que hoy por hoy su actividad está al margen de los registros públicos de contabilidad y conculca principios legales. 

En cuanto a plazos para la aprobación definitiva de la futura ley de racionalización de la administración, en estos momentos ya ha sido aprobado el anteproyecto por el Consejo de Ministros y se ha debatido en el Consejo Nacional de la Administración Local, que es donde está representada la Federación Española de Municipios y Provincias y las administraciones implicadas. En ese debate, según el coordinador provincial de IU, Santiago Ordóñez, se acordó "un mecanismo diseñado para intervenir municipios de menos de 5000 habitantes y fusionarlos, para privatizarlos en el resto de los casos, o traspasarlos a las Diputaciones, que se aplicaría a las juntas vecinales bajo la amenaza de disolución".

Puesta al día en el SAM

La puesta al día según Santiago Ordóñez, "es más fácil de lo que muchos piensan", basta con ir al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación con las facturas y la contabilidad registrada en los libros de las juntas, además el propio SAM se encarga de enviar al Consejo de Cuentas la liquidación y el presupuesto. 

Pero si duro se lo pondrá a las pedanías la nueva ley estatal, la de ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León no se queda atrás. Según Ordóñez, esta ley "roba su personalidad jurídica reduciendo su categoría de 'entidades locales menores' a 'entidades de ámbito territorial inferior al municipio'. Tan solo las entidades locales menores conservarían sus competencias actuales pero con unos condicionantes muy duros para no ser disueltas". Estos condicionantes serían primero, presentar sus cuentas en los primeros tres meses tras la aprobación de la Ley, segundo pasar una evaluación de las competencias que ejercen bajo la premisa de unos estándares de calidad que se fijarán por decreto, una vez pasen esta evaluación aquellos servicios que ofrezcan, como el abastecimiento de agua, tendrán el examen de la imposición de unos precios y costes fijados también por el Ministerio de Hacienda. Si no se cumpliesen los requisitos de déficit cero en uno de estos servicios, el agua pública por ejemplo, también se disolvería la junta vecinal.

Por lo tanto, el momento es crucial porque según ha declarado el catedrático de Derecho Administrativo y secretario de la Federación Leonesa y Estatal de Entidades Locales Menores, Carlos González Antón, tanto el gobierno central como la Junta están legislando simultáneamente y la legislación que se está planteando es muy restrictiva, "puede suponer la supresión de muchas juntas vecinales por no cumplir los nuevos requisitos".