Diario de León, 18/12/2012.- La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclama a la Junta de Castilla y León más colaboración en cuanto a medios personales y financiación para la gestión de las pedanías y le exige que asuma una postura similar a la de otras comunidades autonómicas, como Navarra o Asturias, que mantienen un apoyo institucional a las juntas vecinales con el fin de salvaguardar su existencia.
Según señaló ayer el secretario general de la Federación, Carlos González Antón, la cuestión se cierne en que «hay comunidades que entienden que las juntas vecinales son admnistraciones públicas y que merecen ser atendidas y un apoyo institucional y de formación». Sin embargo, «otras como la nuestra —en referencia a la Junta— no consideran necesario aprobar el reglamento como recoge la disposición adicional sexta de la Ley de Régimen Local, para establecer los mecanismos legales de funcionamiento de las pedanías».
A su juicio, desde la administración autonómica existe un «ninguneo» hacia las pedanías «que llegar a ser inconstitucional, por no decir la falta de educación en el trato hacia quienes son también administraciones públicas». «No nos pueden despreciar de esta forma tan grave», asevera el representante de la federación leonesa que lamenta que «ningún director general o el propio consejero de Presidencia de la Junta no haya hablado nunca de la aprobación de este reglamento».
«Intentamos ser optimistas, para ver si podemos cambiar las cosas» señala González Antón, aunque lo ve complicado dado que —frente a lo que ocurre en otras comunidades como el Principado donde todas las juntas vecinales se han unido en una federación multipartidista— «en León el PSOE veta la federación y se inventa un grupo de apoyo, mientras que el PP está escondido».
El secretario general de la federación cree que las pedanías son «parias» para la Junta «pese a ser las primeras administraciones locales que existieron en Castilla y León con carácter jurídico público, antes que los ayuntamientos». De hecho, considera una incongruencia el hecho de que exista una disposición adicional para desarrollar el reglamento y que la Junta se niegue a hacerlo. «O cambia la Ley de Régimen Local o la cumplen», asegura González Antón que no descarta exigir responsabilidades patrimoniales al Gobierno autonómico por los gastos que asumen las pedanías para llevar a cabo su gestión como consecuencia de la falta de desarrollo del reglamento.
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