Diagonalperiodico, 13/11/2014.- El 15 de octubre, se desvelaba que el Gobierno de Mariano Rajoy había remitido a la Unión Europea, en el informe Plan Presupuestario para 2015 del conjunto de las Administraciones Públicas, su intención de acometer una importante reconfiguración del sector público local para los próximos años. Dicho documento da por hecha la unión de diferentes municipios españoles y su consiguiente ahorro, calculado para las arcas públicas, sin que haya habido una negociación previa con la propia ciudadanía. El Plan incluye la fusión de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes (el 84% del total de municipios) y la pérdida de gestión local de los servicios municipales básicos en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Las diferentes asociaciones en defensa de las garantías de la ciudadanía han alertado de las posibles consecuencias, como la previsible pérdida de empleo de numerosos funcionarios, la precarización de servicios locales básicos mediante su privatización o la supresión y eliminación de entidades locales menores. La medida afectaría a 6.796 ayuntamientos y el Gobierno estima un ahorro de 8.000 millones de euros.
Las federaciones de ciudadanía de los sindicatos de concertación han alertado de las consecuencias del plan. FSP-UGT denuncia que éste incluye una “poda” de 3.721 millones de euros en el gasto de los ayuntamientos frente a un aumento de los ingresos locales de 1.242 millones: “No sólo es un plan poco realista, sino que además es injusto porque nuevamente impone recortes en la Administración más cercana al ciudadano”. En dicho informe remitido a la UE se afirma que la reforma será llevada a cabo entre 2014 y 2020, plazo para el que se prevé un ahorro global de 8.024 millones de euros. Tanto CC OO como UGT temen que comiencen ya los recortes de competencias municipales en las localidades pequeñas.
Fragmentación local
Muchas personas expertas coinciden en que el número de municipios en España –8.117 actualmente– es excesivo y alegan que cada uno de ellos tiene sus respectivos alcaldes, concejales, edificios y empresas públicas, y que la suma del gasto se hace insoportable en varios casos. Desde las propias organizaciones sindicales no se rechaza la fusión de determinadas localidades, pero exigen transparencia y que la unión se realice de manera voluntaria. España es el tercer país de la UE en número de entes locales, sólo por detrás de Francia, con 36.682, y Alemania, con unos 14.000, según datos del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. El 84% de los 8.117 municipios tienen menos de 5.000 habitantes y en ellos viven seis millones de personas, el 12,7% de la población española. Esto significa que la gran mayoría de la población, el 87%, se concentra en núcleos urbanos. El Gobierno sufre la presión de la UE, que propone desde hace tiempo la fusión municipal en localidades de menos de 10.000 habitantes.
Expertos consultados creen que es un grave error vincular la fusión de municipios simplemente al número de habitantes existente, ya que los ciudadanos de cada localidad “tienen su propias características y necesidades”. Según CC OO, el ahorro asociado a estas medidas supone el 2,5% del gasto presupuestario total de los municipios, con “una importante incidencia tanto en la economía y la vida local de muchas poblaciones”. A este respecto, Joan Gasull, secretario del sector de la Administración Local de FSC-CC OO, critica que el Plan no detalla ni justifica el origen de los importes de ahorro previstos y cree que es un nuevo intento de desmantelar las administraciones locales. “Los servicios pasarán a encontrarse más lejos de la ciudadanía, no sólo en distancia. La reforma es ideológica, sólo busca el beneficio de las empresas privadas”, denuncia Gasull, que teme que se privaticen muchos de los servicios públicos que hasta ahora disfrutaban sus habitantes.
Los sindicatos critican que el Gobierno no haya negociado con los organismos competentes y recuerdan que la fusión entre las localidades debe realizarse de manera voluntaria. “El ahorro previsto no es comparable al perjuicio de la ciudadanía, que quedará desatendida”, denuncia Joan Gasull. Otros analistas coinciden en que la reforma de la Administración local podría provocar la destrucción de más de 280.000 puestos de empleo públicos y la desaparición y/o privatización de determinados servicios. Según los expertos, con apenas unos cuantos municipios adscritos a las fusiones, el Gobierno ha acelerado su estrategia para aplicar de forma más rápida nuevos recortes en la administración local.
1.400 millones
Es lo que, según las previsiones del Gobierno, se “ahorrará” sólo en concepto de redimensión del sector público local desde 2014 hasta 2020. A este recorte hay que sumar los 70 millones que supondrá la eliminación de puestos eventuales.
70%
Del impacto económico de la reforma planteada por el Gobierno se llevará a cabo en 2015 y 2016, cuando, según los planes del Ejecutivo, se ahorrarían 3.500 y 2.600 millones, respectivamente.
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