Concejos.org, 27 de noviembre de 2013.- UNA VEZ CONOCIDA LA ENMIENDA DEL GRUPO POPULAR LA FEDERACIÓN HA CONSTATADO QUE LA DESVINCULACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES DE LA SITUACIÓN DE SU AYUNTAMIENTO ES MERAMENTE PARCIAL.
LA ENMIENDA AL ARTÍCULO 116.BIS. DEL GRUPO POPULAR EN REALIDAD SIGUE CONTEMPLANDO:
“e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el periodo medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad”.
Por ello, no se ha suprimido la vinculación entre la gestión financiera del Ayuntamiento y la de sus pedanías, pues ahora se suprimirán todas aquellas Juntas Vecinales que no cumplan con los objetivos de estabilidad, o de deuda o sean morosas, cuando su Ayuntamiento también sea incumplidor.
El Concejo General de León lamenta que no se haya producido la desvinculación total, tal y como se prometió ayer. Este dato, unido al hecho de que no se mantenga el carácter de Ente local de las Juntas Vecinales y concejos, hace que el esfuerzo de los Senadores del Grupo Popular en el Senado haya sido muy poco fructífero.
La satisfacción manifestada ayer, ante las informaciones recibidas, tiene que ser hoy muy matizada y corregida, pues de no modificarse el texto en el Senado, la Ley sigue presentando unos aspectos claramente negativos para las Entidades Locales Menores.
Se comprueba cómo sigue imperando un claro objetivo de supresión o de eliminación de las Juntas Vecinales, pues ni siquiera se prevé que en caso de incumplimiento de objetivos presupuestarios o de gasto, sean intervenidas, sino simplemente se suprimen.
Igualmente, NO SE ENTIENDE LA OBCECACIÓN ELIMINAR SU CARÁCTER DE ENTE LOCAL, pues además de una aberración jurídica es un error histórico, pues supone eliminar las Administraciones públicas locales más antiguas de España. Es inconcebible que en SENADO nadie sea sensible no sólo a los argumentos jurídicos, sino a los culturales, a los democráticos e institucionales. Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe que un bien de dominio público, como un Monte de Utilidad Pública, o un edificio público, sea titular de una entidad que no sea Administración pública, por ello, no se entiende cómo es posible que el Senado se atreva a legislar contra el Derecho y contra el Dictamen del Consejo de Estado
Por estas razones, se reitera que la Federación de León, junto con el resto de Federaciones, trasladarán a la Comisión Europea en esta misma semana una queja, haciéndoles ver que las ELM no pueden ser las únicas sacrificadas para que el Gobierno de España intente hacer ver a la Unión Europea que se han suprimido Administraciones públicas en España.
El Concejo General de León exige una vez más auxilio a la Junta de Castilla y León y a su Consejero de Presidencia José Antonio Juárez de Santiago, para que apoye a las ELM, reconocidas en nuestro Estatuto de Autonomía.
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