Diario de León, asun g. puente | redacción 06/11/2013.- «Desproporcionada» y «discriminatoria». Así califica la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores la tasa aprobada por la Diputación el lunes en Pleno —con el apoyo exclusivo del equipo de gobierno— para gravar a las pedanías por la prestación del servicio de contabilidad y gestión presupuestaria.
El secretario y asesor jurídico de este colectivo, Carlos González Antón, anunció ayer que presentarán alegaciones a la ordenanza que fija la tasa y la impugnarán. Entre sus argumentos explicó que la institución provincial «quiere financiar la reestructuración de sus servicios (la integración de Cooperación en el SAM) exclusivamente con lo que paguen las juntas vecinales».
También recordó que la Diputación recibe una subvención de la Junta por «ejercer la asesoría» de ayuntamientos y entidades locales menores. «No entendemos cómo recibiendo financiación se puede cobrar».
González Antón añadió a los argumentos en contra el carácter «discriminatorio» que a su juicio tiene esta tasa. «No puede ser que se cobre a juntas vecinales teniendo en cuenta que la inmensa mayoría tiene una capacidad económica muy inferior». Además de considerarla «desproporcionada». Son 150 euros (tarifa única) y 0,5% del presupuesto en vigor de la entidad, en caso de que lo tenga, (tarifa variable). Resaltó, además, que la federación de Palencia también la ha recurrido al igual que lo hará la de Burgos.
«Los ejemplos que puso ayer el equipo de gobierno con los precios de estas dos diputaciones no son equiparables porque allí se presta una asesoría integral que incluye también aspectos jurídicos».
Y el secretario de este colectivo evidenció ayer, fundamentalmente, un aspecto político en todo este asunto. «No tiene sentido comprometer el futuro de las juntas vecinales en lugar de ayudarlas a realizar sus cuentas. La sensibilidad de la Diputación hacia este aspecto es nula. Pone una traba más a las pedanías, podría dedicarse a presionar en el Senado para que se modifique la ley; es bochornoso».
Puso de relieve, igualmente, que «el SAM no ha realizado ningún esfuerzo para que estas entidades se incorporen a la administración electrónica».
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