El País, 23/2/2013.- Nogarejas es un pueblo de la comarca de La Valdería, perteneciente al municipio de Castrocontrigo, en León. Una junta vecinal gestiona allí los servicios para sus 260 habitantes, la mayoría jubilados. Con un presupuesto anual de medio millón de euros —que consiguen con lo que rinden sus 3.000 hectáreas de monte— pagan el alumbrado público, el consultorio médico, la gestión del tanatorio, la limpieza de los jardines, el abastecimiento de agua, la máquina quitanieves y hasta se han hecho cargo de la restauración de la iglesia, del siglo XII. Sus cuentas las lleva una gestoría porque, según el alcalde pedáneo, Olivio Campo, el secretario municipal del que dependen (en un Ayuntamiento de 895 habitantes) no tiene tiempo para atender a las seis parroquias de la zona.
Como Nogarejas hay en Castilla y León 2.227 entidades locales menores, el 60% de las 3.720 que funcionan en España. El Gobierno asegura que el 96% de estas unidades administrativas que en muchos casos tienen origen medieval no presenta sus cuentas en ninguna parte, lo que anticipa un coladero de irregularidades y un foco de corruptelas. Por eso les ha planteado un ultimátum: si la reforma de la administración local entra en vigor tal y como está redactada, unas 3.500 desaparecerán automáticamente a menos que presenten sus balances en el plazo de tres meses. “Es de lo más razonable obligar a todas las administraciones a que expliquen en qué se gastan el dinero”, reflexionan en el Ministerio de Hacienda. Hasta ahí todo claro. El pequeño matiz es que, en el caso de Castilla y León, la comunidad con más pedanías, la ley de Régimen Local que las regula desde 1998 no desarrolla la obligatoriedad de que los secretarios municipales lleven el control sobre sus presupuestos y remitan esa información al Ministerio.
Ahora que quieren ponerse las pilas con la cuenta atrás que ha lanzado el Gobierno, muchas de ellas están encontrándose con que los interventores locales se desentienden del asunto y las Diputaciones no tienen personal para gestionar miles de liquidaciones, lo que las aboca a desaparecer.
“Es un genocidio administrativo”, reflexiona Carlos González-Antón, catedrático de Derecho y miembro de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. “Que las sancionen si no cumplen, pero no pueden eliminarlas. Son organizaciones con más de diez siglos detrás, que defienden el carácter colectivista y la democracia participativa. Que el Estado no tenga datos de las entidades locales menores no quiere decir que éstas no rindan cuentas a sus vecinos”. En muchos casos los alcaldes pedáneos apenas tienen formación. En otros gestionan barrios o parroquias con menos de 20 vecinos o presupuestos de pocos miles de euros.
Mónica Villacorta, la alcaldesa pedánea de Tarilonte de la Peña, un núcleo rural en Palencia, está igual de desesperada que el de Nogarejas. Su pueblo tiene 41 habitantes, muchos ancianos, y el hospital más cercano está a 120 kilómetros. “La Junta no se ha preocupado nunca de nosotros, no cobramos un duro por lo que hacemos, lo que les interesa es controlar los recursos naturales”. Esa parece ser la verdadera razón de esta revolución rural. Las entidades locales, muchas veces esquivas con el poder —sus representantes se eligen entre los vecinos con listas abiertas, y a menudo están adscritos a los partidos de manera simbólica—, tienen un inmenso patrimonio forestal. “Sólo los Montes de utilidad pública en manos de las entidades suponen un tercio de la superficie de la provincia [de León], alcanzando el 40% si se suman los montes de libre disposición, también de su titularidad”, señala González-Antón, que ha estudiado a fondo las particularidades de las pedanías. “Muchos alcaldes se frotan las manos con esta reforma porque pueden perder de vista un foco de contrapoder poco sumiso con la dictadura de un partido político”.
En Asturias el 46% de los montes es administrado por alguna de las 39 entidades locales menores de la región que atienden a una población de 12.000 habitantes. Su presupuesto el año pasado fue de 7,6 millones. “Aquí, gracias a un acuerdo con el Principado, llevamos 16 años presentando cuentas, no tenemos el problema de Castilla y León”. José Manuel García del Valle, de la federación de parroquias rurales asturiana, insiste en que “el dinero público hay que controlarlo al máximo”, pero sospecha que ese “no es el motivo último de esta reforma”. No se le escapa, igual que a otros pedáneos, que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende ingresar este año 45,6 millones de euros por la venta de fincas públicas. Porque el argumento de la deuda no parece muy sólido. Desde la federación andaluza Antonio Martín asegura que, entre las 3.720 entidades locales menores no tienen “ni un millón de euros”, en números rojos, porque apenas tienen margen para endeudarse.
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