Las mancomunidades y las entidades locales menores que no rindan cuentas en un periodo de tres meses deberán desaparecer

Terra, 15/2/2013.-Las mancomunidades y las entidades locales menores que no rindan cuentas en un periodo de tres meses deberán desaparecer, según consta en el informe tramitado hoy por el Consejo de Ministros sobre la reforma de la administración local.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta reforma incluye un control económico y financiero "muy importante" de las corporaciones locales.

Por ello, se fortalece el papel de los interventores de las entidades locales y de los secretarios, que volverán al sistema de dependencia del Estado.

Este proyecto establece mecanismos de garantía del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y, en caso extremo, se prevé la intervención del municipio.

Montoro ha especificado que las mancomunidades y las entidades locales menores deberán rendir cuentas en tres meses, y que las que no lo hagan desaparecerán.

Esta cláusula de la reforma es "muy importante", ha agregado el titular de Hacienda, que ha afirmado que no se puede admitir que se estén gestionando recursos públicos sin dar cuenta de sus presupuestos.

"Sencillamente, el que no es capaz de rendir cuentas y remitirlas al Tribunal de Cuentas no debe existir", ha reiterado Montoro, que ha comentado que algunas de ellas no lo han hecho nunca.

El 96,1 % de las entidades locales incumplen la obligación de presentar el estado de sus cuentas, algo que pasa también en el 85,2 % de las agrupaciones de municipios y en el 71,3 % de las mancomunidades. En el caso de las diputaciones provinciales, el porcentaje es del 9,8 %.

En la hipótesis de que se disuelvan, sus servicios pasarán a depender de las diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores se traspasarían a los municipios.

El ministro ha recordado que en la futura ley de racionalización y sostenibilidad de la administración municipal se acaban con las competencias impropias de los ayuntamientos y se fijan unos estándares de calidad y coste de los servicios.

Según las estimaciones del Gobierno, algunos servicios cuestan el triple en municipios de menos de cinco mil habitantes que en el resto de localidades.

La norma mantiene la intención inicial del Ejecutivo de que los municipios que no cumplan estos baremos de servicios públicos trasladen su gestión al siguiente escalón, que serían las diputaciones provinciales.

De esta manera, se refuerza el papel de esta instituciones, algo que ha sido muy criticado por partidos de la oposición como el PSOE e Izquierda Unida.

Los servicios municipales se someterán a un proceso de evaluación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para conocer su coste real y comparar el eficiente.

En el caso de los municipios con población superior esta población, voluntariamente pueden decidir integrar el ejercicio de la competencia en la administración superior o, si se trata de una duplicada, acordar su delegación, mediante acuerdo con la comunidad autónoma.

Esta delegación de competencias al municipio, cuya duración no será inferior a cinco años, irá siempre acompañada de la financiación íntegra de la misma.

El Gobierno fija en el informe mecanismos para garantizar el cumplimiento de obligaciones entre administraciones, que permitirá por primera vez la compensación de deudas pendientes.

Se establece que podrá ser causa de revocación o renuncia de la delegación recibida de las autonomías si no se recibe la financiación acordada.

Además, solo se podrán aceptar delegaciones o suscribir convenios con autonomías cuando se firme una cláusula de garantía de cumplimiento, que permitirá que la Administración General pueda retener transferencias a la comunidad morosa del sistema de financiación autonómica.