Leonoticias, 16/2/2013.- El 87,7 por ciento de las entidades locales menores de Castilla y León, casi nueve de cada diez, corre el riesgo de desaparecer con la disposición recogida en el borrador conocido del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. El Gobierno otorga a la comunidad autónoma la capacidad de disolver las entidades de ámbito inferior al municipio que no estén al día en sus cuentas.
En el último ejercicio fiscalizado, sólo un 12,3 por ciento había rendido cuentas. La Federación de Entidades Locales Menores acusa al Ejecutivo de pedirles algo que no pueden cumplir y culpa a la Junta por no haber regulado la materia desde 1998.
En Castilla y León existen 2.232 entidades locales menores, regidas por sus juntas vecinales, que representan el 65 por ciento de las existentes en España, concentradas en su mayoría en León, con 1.234, en Burgos, con 654 y en Palencia, con 226. El 12,3 ha rendido cuentas, pero sólo el 3,5 por ciento lo ha hecho en plazo legal, según el informe del sector público local del Consejo de Cuentas correspondiente a 2010, que se debatirá en las Cortes en febrero.
Esta disposición ha causado malestar y desaprobación en las entidades locales menores. “Pedirnos algo que no podemos cumplir es decir que estamos abocados a morir”, afirma la presidenta de la Asociación de Entidades Menores de Palencia, Mónica Villacorta, presidenta de la junta vecinal de Tarilonte de la Peña, perteneciente al municipio de Santibañez de la Peña, en la Montaña Palentina.
La Ley de Régimen Local de Castilla y León, que data de 1998, recoge que las funciones de secretaría de estas entidades serán desarrolladas por el secretario del municipio al que pertenezca o por el servicio que a tal fin tenga establecido cada diputación provincial. Pero se debe desarrollar por decreto y no se ha hecho. La Federación Autonómica de Entidades Locales Menores no descarta acciones legales contra la Junta si, una vez aprobada la ley nacional, se inicia la eliminación.
El acuerdo básico suscrito entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario general del PSCyL-PSOE, Julio Villarrubia, del pasado mes de octubre, recoge el compromiso de no suprimir ningún municipio ni ninguna entidad local menor y apuesta por la cooperación entre estas entidades y los municipios a los que pertenecen, como queda reflejado en el anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, presentado por el Ejecutivo.
Las juntas vecinales tienen personalidad propia y competencias, entre ellas gestionan los montes, los pastos o los cotos de caza, explicó Mónica Villacorta a Ical, quien no duda en culpar a la Junta de no poder cumplir con la rendición de cuentas por no haber hecho la regulación e incluso recuerda que algunos municipios a los que pertenecen tampoco tienen sus cuentas al día. “Hay un afán de eliminarnos, al pedirnos algo que no podemos cumplir”, recalca.
En su informe, el Consejo de Cuentas les da la razón. “Una de las medidas más inmediatas que puede ayudar a resolver dichos problemas es el desarrollo reglamentario de Régimen Local, relativa al desempeño de las funciones de Secretaría de las Entidades Locales Menores”, señala. También requiere a las diputaciones provinciales que presten especial atención a aquellas entidades con menor capacidad de gestión, como los ayuntamientos más pequeños y las entidades menores.
Reforma política
Además de la falta de regulación, algunos ayuntamientos alegan falta de tiempo del secretario para ese trabajo al tener varias pedanías, igual que las diputaciones, que se han acogido a la escasez de medios y de personal. Con esos argumentos, la Federación de Entidades Locales Menores planteó al Consejo de Cuentas la presentación de las cuentas realizadas por una gestoría, contratada por las entidades, pero se les dijo que no es legal. Otros consistorios incluso han pedido dinero por ese servicio. “Es un caos”, apunta la representante vecinal palentina.
Las gestiones ante las instituciones no han dado resultado. “Qué digan que es una reforma política, que no digan que es para racionalizar gastos. Me gustaría que el Gobierno y la Junta me lo explicarán cara a cara”, afirma Mónica Villacorta, quien considera esa reforma un “ataque al mundo rural”, mientras que critica que se potencie a las diputaciones, cuyos representantes no han sido elegidos por los ciudadanos. “A mí me han elegido directamente los vecinos, en las elecciones hay una urna para el pedáneo y otra para los concejales del municipio, es algo que mucha gente no sabe”, subraya.
“Castilla y León es una comunidad municipalista, si las personas que viven en los pueblos no se ocupan del día a día, nadie se va a ocupar”, reflexiona Villacorta, desde su experiencia en una pequeña localidad donde está pendiente hasta de una bombilla porque de eso no se puede ocupar el ayuntamiento al que pertenece.
Juárez pide más financiación y tiempo para presentar cuentas
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró este viernes que el proyecto de reforma de la Administración local del Gobierno central es compatible “y en algunos casos complementario” con el planteamiento de ordenación del territorio de la Junta y destacó que el objetivo del Ejecutivo autonómico es “crear una herramienta -la mancomunidad de interés general- para que los municipios puedan gestionar sus competencias con la calidad y eficacia que establecerá la ley para que no se las quiten”.
Sin embargo, José Antonio de Santiago aseguró gráficamente a la agencia Ical que la música del informe presentado hoy por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “suena peor” cuando se refiere a dos cuestiones: la adscripción a los Gobiernos regionales de materias relacionadas con el mantenimiento de centros educativos y consultorios locales, “porque dicen que son competencias impropias, pero no es verdad ya que una ley orgánica las hace residir en los municipios” y el apartado referido al plazo de tres meses que da a las entidades locales menores y mancomunidades para presentar sus cuentas, “que es excesivamente corto”.
Ordenación y servicios en el territorio
El consejero de la Presidencia explicó a Ical que el informe sobre el anteproyecto de reforma de la administración local conocido hoy “no sólo no entra en contradición con los planes de la Junta sino que es complementario en algunos aspectos”. “Lo sabíamos y lo decimos desde hace un año porque nuestro proyecto es municipalista al cien por cien porque creemos en los pueblos y en la administración cercana al ciudadano”, remarcó. En este sentido, puso de manifiesto la oportunidad del proyecto del Ejecutivo autonómico con sus planes de ordenación del territorio porque pone a disposición de los municipios “una herramienta para que se unan voluntariamente y puedan ejercer esas competencias que la ley les marca con los parámetros de calidad y eficacia a la que están obligados”. “Se trata de una instrumento para que no les quiten las competencias”, señaló para recordar que sólo 15 de los 2.248 ayuntamientos de la Comunidad tienen más de 20.000 habitantes y, por lo tanto, sobre el resto -2.233- pende la espada de Damocles de la intervención.
Competencias
Si la valoración de la Junta sobre todo lo anterior no puede ser más positiva, la música “suena peor” en algunas otras cuestiones. El consejero se refirió especialmente a las alusiones que el ministro Cristóbal Montoro hizo sobre las denominadas competencias impropias. “Hay que saber diferenciar cuáles con competencias impropias y cuáles son aquellas que son costosas para el municipio o que prefieren no ejercer y creo que el ministro ha mezclado ambas”, explicó José Antonio de Santiago. Así explicó a Ical que algunas materias que citó el titular de Hacienda como el mantenimiento de los colegios de Primaria o los consultorios médicos residen en los municipios porque así está especificado en las leyes orgánicas que desarrollan sendos servicios y por lo tanto “no son impropias, lo que pasa es que no les gusta ejercerlas”. No obstante, se mostró dispuesto a que la Junta asuma estas materias siempre y cuando lleguen con la financiación adecuada para desarrollarlas.
Se trata de 3.660 consultorios locales en municipios de más de 50 habitantes y 889 escuelas de primaria en los de menos de 20.000 lo que, en palabras de José Antonio de Santiago, supone decenas de millones de euros que hay que invertir en su mantenimiento y para los que el Gobierno autonómico reclama transferencias económicas en caso de que cambien su titularidad y pase a ser una competencia autonómica.
Plazos
La música vuelve a sonar peor cuando se habla de plazos. Según el consejero, el periodo de cinco años para culminar el traspaso de centros educativos y sanitarios a las comunidades “parece razonable”, pero es “excesivamente poco” el tiempo dado para que se produzca el reparto de las cuestiones relacionadas con los servicios sociales. Lo es también el plazo que se da a las entidades locales menores y a las mancomunidades para que presenten sus cuentas. “Creemos que hay que dar más plazo a estas entidades locales porque tres meses parece excesivamente corto y no tienen ni siquiera técnicos para poderlo hacer”, remarcó el consejero, quien recordó que en Castilla y León hay casi 3.000 entidades menores y que en algunos casos no han podido presentar sus cuentas nunca.
Retribuciones
Preguntado por su valoración sobre el cuadro de retribuciones de los cargos municipales que establece el proyecto del que hoy ha informado Montoro, el consejero de la Presidencia señaló que le parece “estupendo” que se produzca una homologación y una racionalización de los sueldos, pero invitó a la Federación Regional de Municipios y Provincias y a la Federación Española de Municipios y Provincias “a repensar lo referido a los municipios de menos de mil habitantes ya que sus alcaldes hacen un trabajo, que es poco valorado, y que debería ser tenido en cuenta a la hora de aplicarles esta parte de la ley”. “Estos alcaldes hacen un gran trabajo, una labor altruista, muchas veces ponen ellos medios propios al servicio del municipio y eso debería ser tenido en cuenta”, remarcó, al tiempo que invitó a los representantes municipales a reflexionar sobre esta cuestión.
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