Noticias Terra, 15/2/2013.- La crisis y la exigencia de dar a las administraciones locales una imagen de austeridad ha activado la reforma local, sumida en el letargo desde 2005 y que ha tramitado el Gobierno hoy, tras ocho meses de negociaciones con los principales partidos y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Finalmente, el Consejo de Ministros ha remitido el texto al Consejo de Estado con unos meses de retraso -el presidente, Mariano Rajoy, quería tener la reforma lista en 2012- sin conseguir el apoyo del PSOE pero buscando desde el inicio el consenso, en especial en la FEMP, protagonista de la misma con sus 8.117 ayuntamientos, otros tantos alcaldes y 60.346 concejales.
La reforma, que prevé un ahorro potencial de más de 7.600 millones de euros hasta 2015, supuso ocho meses de interruptas negociaciones entre Hacienda, la FEMP y los partidos políticos y aunque, en principio, parecía posible un amplio acuerdo, la amenaza de privatización de los servicios públicos municipales retiró en enero a los socialistas de la negociación.
En junio, Rajoy rescató la arrinconada reforma -auspiciada a finales de 2004 por el entonces ministro de Administraciones Públicas, el socialista Jordi Sevilla- con el ánimo de evitar duplicidades, reducir concejales, suprimir entidades locales menores y revisar las retribuciones, en definitiva, rebajar los gastos y fortalecer la imagen de eficacia y transparencia.
Fue ese mismo mes de junio cuando el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa un primer documento sobre el modelo municipal que abrió la negociación con la FEMP y los partidos pero también originó la discrepancia de los socialistas, articulada en un texto alternativo.
En ese primer documento el Gobierno ya proponía, entre otras cosas, que los ayuntamientos dejasen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y que los consistorios de menos de 20.000 habitantes cedieran las competencias a las diputaciones.
El asunto de las diputaciones levantó la aireada crítica de los socialistas, que abogaban por su desaparición, pero también veían en la propuesta del Ejecutivo una "intervención encubierta" de los ayuntamientos y el "desmantelamiento" de los servicios públicos.
Acuciado el Gobierno por aprobar la reforma, el 6 de julio el Consejo de Ministros dio luz verde al informe de la futura ley de racionalidad y sostenibilidad de las administraciones públicas, donde se ponía el acento en la clarificación de competencias y en la estructura administrativa de las entidades locales.
Fue entonces cuando se fijó reducir un tercio el número de concejales y poner límite a los municipios más grandes, que pasarían a tener un máximo de 35 ediles.
Las negociaciones quedaron suspendidas durante el verano e incluso más allá, ya que la cercanía de las elecciones gallegas y vascas -el 21 de octubre- y las catalanas -25 de noviembre- demoró los contactos con la excusa de no entorpecer el debate electoral.
Tras los comicios autonómicos se retomaron las conversaciones con escasos resultados y muchos desencuentros.
A primeros de diciembre, la cúpula del PP se reunió con sus responsables mientras Rajoy lo hacía con el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna.
En estos contactos prevalecía el mensaje de poner topes a los sueldos de los alcaldes, pero también al número de ediles y asesores.
Aunque la intención seguía siendo pactar un texto de consenso con los principales partidos, las diferencias entre el PP y el PSOE prevalecían y, además de las diputaciones, otro de los puntos insalvables era la sospecha de los socialistas de que la reforma abría la puerta a la privatización de los servicios públicos municipales.
El 2013 se inició con ese desencuentro. El 12 de enero, el Comité Federal del PSOE expresó oficialmente el rechazo a la propuesta de reforma y unos días más tarde, el PP celebraba en Almería su Intermunicipal con la reforma local como punto estrella en el orden del día.
En ese foro, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, anunciaba que el PSOE había dado "portazo" a la reforma y veinticuatro horas más tarde, el secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, confirmaba la ruptura y alegaba que los socialistas no serían cómplices "en la voladura controlada de los ayuntamientos".
La reforma local que hoy ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros y, a partir de ahora, inicia la tramitación parlamentaria tiene sus orígenes en 2004 cuando el entonces ministro Jordi Sevilla abogó por una reforma que, entonces, iba más encaminada a adecuar la legislación que a reducir gastos.
Un año más tarde, en 2005, Sevilla presentó el primer Libro Blanco sobre la reforma y las líneas maestras del anteproyecto de Ley Básica de la Administración Local, que no consiguió sus expectativas ni concitó los apoyos esperados en su propio partido
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