Montoro, ayer, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros.efeNoticias relacionadas
Después de varios intentos fallidos, el Gobierno dio ayer luz verde al proyecto de reforma local, que traslada a las comunidades autónomas competencias hasta ahora ejercidas por los ayuntamientos, obliga a los municipios a publicar el coste de los servicios y pone la soga al cuello de las entidades locales menores para que rindan cuentas si no quieren desaparecer.
Tras sucesivos borradores, el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local «delimita correctamente» las competencias de las entidades locales, algo que supone «un paso gigante como no se ha dado nunca en 30 años», declaró ayer el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al término del Consejo de Ministros.
El texto definitivo, aunque atiende algunas de las alegaciones presentadas por la Junta y las Cortes, «gusta poco» al Ejecutivo autonómico, en palabras de su portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez. Los principales puntos de fricción son el traspaso de competencias ‘impropias’ a las autonomías y el escaso margen que se da a las entidades locales menores para que se pongan al día en la rendición de cuentas. El proyecto traslada a las autonomías la gestión de servicios sociales, mantenimiento de colegios y con-sultorios locales, aunque en diferentes plazos. De Santiago-Juárez reiteró ayer que la Junta estará «encantada» de asumir estas áreas siempre y cuando se traspasen con una financiación suficiente. El problema es que el Ministerio de Hacienda «no deja claro» cómo se sufragarán los costes de las funciones que dejarán de asumir las corpora-ciones locales. Esta circunstancia llevó al portavoz a estimar que la reforma local es «poco sensible con Castilla y León», algo que recriminó a la Federación Española de Muni-cipios y Provincias, cuyo máximo exponente en la Comunidad es el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo, que ha negociado el documento con el Ministerio de Hacienda.
Una vez que la ley entre en vigor, la Comunidad dispondrá de un año para asumir los servicios sociales, las competencias de mayor calado. A juicio del portavoz y consejero de la Presidencia, este cambio afecta a un modelo de «éxito» como el de Castilla y León, que está «profundamente descentralizado» y pone en riesgo cuestiones tan importantes como la ayuda a domicilio, que genera muchos puestos de trabajo, o la profesionalización del sector, informa Europa Press. En cuanto a las entidades locales menores, el documento aprobado ayer mantiene el plazo de tres me-ses para que presentes cuentas, en contra de la petición de la Comunidad de extender este margen a un año. En Castilla y León, solo presentan balances al Consejo de Cuentas una mínima parte de las 2.226 pedanías que existen en la Comunidad. Para facilitarle esta tarea, la Junta aprobó la semana pasada un decreto que aclara si esta labor corresponde a los secretarios de los ayuntamientos de los que dependan las entidades menores o a los servicios de asesoramiento de las diputaciones. Según De Santiago-Juárez, a la Junta «le gustan muy poco» los tres meses, ya que en muchos municipios de muy poco tamaño y medios «no hay cultura ni tradición» de presentar las cuentas. Pese a estas divergencias, confió en que en la tramitación parlamentaria se produzcan cambios en esta normativa. Aún así, auguró una negociación «larga y dificultosa» y recordó que algunas comunidades hablan de devolver competencias al Estado «por lo que no están en con-diciones de asumir otras nuevas» sin financiación. Entre los aspectos positivos del proyecto, una de las principales modificaciones sobre el documento ini-cial es la desaparición del denominado coste estándar, en favor del coste efectivo, a la hora de evaluar los servicios municipales. Este era una de las principales reclamaciones del Ejecutivo y de las Cortes, ya que el primero no contemplaba, para realizar esta valoración, cuestiones como el envejecimiento o la dispersión poblacional, tan importantes en una Comunidad como Castilla y León. Los ayuntamientos deberán publicar en el plazo de tres meses el coste de todos los servicios municipales. «Será un ejercicio democrático muy sano», dijo Montoro, porque los ciudadanos tendrán ocasión de conocer lo que cuestan los servicios que reciben y compararlo con el de otros municipios.
La Junta ve positivo el papel que se otorga a las diputaciones, que serán las encargadas de coordinar prestaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes. «Es bueno, como lo es que puedan funcionar mancomunidades o consorcios».
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