Federación de Concejos ve con "satisfacción" el varapalo del Consejo de Estado a la reforma sobre entidades menores

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -La Federación Española de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales ha trasladado este miércoles su "satisfacción" por el dictamen del Consejo de Estado en la medida en que se exige al Gobierno un "replanteamiento en profundidad" del régimen de las entidades locales menores al entende que tanto el enfoque como los mecanismos planteados son "claramente inadecuados".

   El informe elaborado por el Consejo de Estado sobre la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno advierte de que le corresponde a las Comunidades Autónomas y no al Estado regular la creación y extinción de las mancomunidades y entidades locales menores. De este modo, el órgano consultivo contradice el texto del anteproyecto remitido por el Ejecutivo, en el cual se establece que estas entidades se disolverán cuando no cumplan los requisitos de eficiencia marcados.

   En un comunicado, la Federación Española de Concejos expresa su "más plena satisfacción" con el contenido general del informe, que pone de manifiesto "unas deficiencias muy graves que exigen un replanteamiento en profundidad del proyecto legislativo".

   En este sentido, se felicita de que el Consejo de Estado haya respaldado las tesis defendidas por las entidades locales menores al coincidir con los principales argumentos expuestos, entres los que cita que corresponde a las Comunidades Autónomas y no al Estado establecer los procedimientos de modificación de la naturaleza jurídica, de creación o extinción, o definir sus competencias.

   "El dictamen expone muy claramente la inseguridad jurídica de la regulación de la evaluación de los servicios prestados por las entidades locales menores, pues se utiliza un criterio de "inadecuación" que no tiene la más mínima concreción", alegan desde la Federación de Concejos.

   Asimismo, ha realtado que el Consejo de Estado entiende también que el procedimiento de presentar cuentas en el plazo de tres meses o se procederá a la disolución "es deficiente", al igual "que la falta de seguridad jurídica en las tareas de evaluación posterior de la prestación de sus servicios".