Ileon.com, 9/8/2013.- El Frente en Defensa de las Juntas Vecinales de León denunció hoy que la ley sobre la reforma de la Administración local aprobada por el Gobierno, y que ha sido remitida a los grupos políticos del Congreso, habla explícitamente de suprimir las juntas vecinales, les roban las competencias en materia de abastecimiento de aguas y mantiene la exigencia de tres meses para presentar sus cuentas para no desaparecer.
Por este motivo, convocará un encuentro abierto el próximo 30 de agosto en el que se analizará el anteproyecto de ley y la posibilidad de celebrar movilizaciones en defensa de los concejos. Al mismo tiempo, y dado que el diputado nacional por León, Eduardo Fernández (PP) , será el encargado de defender la ley, le solicitan una reunión "para que conozca nuestra postura sobre el daño que provocará la reforma. Y dado que su acta de diputado se corresponde con la provincia de León, consideramos que, como el valor al soldado, debe conocer la importancia de nuestras juntas vecinales y eso debe suponer un cambio copernicano en el intento de disolución que se deja ver en las pretensiones del Gobierno".
Si esta Ley se aprobase, sostiene la plataforma, las diputaciones tendrían capacidad plena para decidir y gestionar, o decidir cómo se gestionarán, los abastecimientos de agua, lo que significa que las juntas vecinales perderán toda capacidad para ofrecer este servicio a sus vecinos. "Estamos ante el robo del 55 por ciento de la provincia de León, y sólo por esto, la Junta ya debería estar amenazando con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por la injerencia intolerable del Gobierno en las pedanías" reclaman.
Las diputaciones, explican, no sólo se verán reforzadas en su capacidad para gestionar servicios, también en recaudación de tasas e impuestos y en materia de toma de medidas contra los ayuntamientos y juntas vecinales a los que se obligará, por tener déficit presupuestario, a aprobar un plan económico financiero. Así, una junta vecinal que tenga déficit en alguna de las competencias o servicios que ofrezca será disuelta, y su capacidad para cobrar tasas e impuestos estará en manos de la institución provincial, "dejando su autonomía muy mermada por no decir desaparecida".
El colectivo considera que la nueva normativa supone "la intervención definitiva de los ayuntamientos y las juntas vecinales por parte del Ministerio de Hacienda, que en coordinación con las diputaciones podrá impugnar cualquier acuerdo de la entidad local menor que incumpla la ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Finalmente, denuncian que se persigue la pérdida de personalidad jurídica de las entidades locales menores, que sólo las existentes y las que iniciaron su proceso de constitución antes del 1 de enero mantendrán su capacidad legal, que les roban sus servicios de abastecimiento de aguas a favor de las diputaciones. La disolución de las juntas vecinales implicaría que sus derechos, obligaciones y propiedades pasarían a los municipios y sus montes de utilidad pública a la Junta.
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