"Las nuevas leyes mantienen la filosofía política tecnocrática y neoliberal que amenaza al sentido social y territorial de lo público"

AstorgaREDacción, 6/8/2013.- Valentín Cabero Diéguez es catedrático de Geografía en la Universidad de Salamanca y asiduo colaborador en medios de comunicación, actualmente se asoma con sus análisis en la sección 'Meseta' del periódico digital eldiario.es. Este viernes estará en Astorga a las 20 horas en la Biblioteca Municipal para ofrecer una charla informativa sobre 'Ordenación del Territorio y reforma Administrativa: el Expolio del Mundo Rural', organizada por Plataforma Ciudadana por la Igualdad. Nos ha parecido interesante conversar previamente con él sobre el tema ya que en estos momentos se están gestando dos leyes decisivas para los municipios y, sobre todo, las pedanías y núcleos rurales. Se trata de la norma autonómica sobre la Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio de la comunidad de Castilla y León, y la ley nacional de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Astorga Redacción: ¿Qué significa en estos momentos la ordenación del  territorio?

Valentín Cabero Diéguez: En principio,  la ordenación  a distintas escalas administrativas y geográficas, busca corregir los desequilibrios y desigualdades  existentes en el propio territorio, acercando y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. Naturalmente, pocas veces aparece explícito este objetivo general, pues con frecuencia la ordenación del territorio se confunde con la mera reorganización de los servicios o con la construcción de equipamientos e infraestructuras, dejando en un segundo plano a los habitantes y a sus necesidades vitales. En los momentos actuales, con la grave crisis demográfica y económica que estamos viviendo,  la ordenación del territorio se plantea, además, como un reto para superar las dificultades existentes en la relaciones campo / ciudad, para recuperar con sentido integrador la vida y tejido rural, y para mantener unas condiciones ambientales de máxima calidad, que requieren ante todo respeto ciudadano y sensibilidad cívica.

Los contextos geográficos en los que nos movemos forman lógicamente la primera escala de referencia a tener en cuenta, que suele ser la comarca. Astorga siempre tuvo presente esos entornos casi montanos (“somozas”, “cepedas”, “sequedas”)  y valles más o menos generosos  que la circundan. En los tiempos que vivimos, además de revivir festivamente a los astures y romanos, sus habitantes y ciudadanos deberían ser más beligerantes y reivindicativos frente a las decisiones que se nos imponen desde los poderes regionales y centrales bajo presupuestos falaces de racionalidad, austeridad y sostenibilidad.

A.R.: ¿Qué pretende la Junta de Castilla y León con la ley que está en las Cortes sobre   Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio de la comunidad de Castilla y León?

V.C.D.: Es difícil indicarlo, pues el proyecto ley no es nada coherente y respetuoso con el territorio, y prueba de ello es que recibió un rechazo generalizado de las asociaciones defensoras del medio rural, y una crítica particularmente dura y razonable por parte del  Consejo Social y Económico de la comunidad. La propuesta viene a cumplir una promesa electoral del presidente de la Junta que intenta afrontar  la ordenación del territorio de la comunidad, una idea  pospuesta e incumplida una y otra vez. Recordemos que disfrutamos de autonomía regional desde 1983 y que el Partido Popular gobierna la región desde 1987. Nunca se tuvo interés político en corregir de forma valiente  los desequilibrios internos de región y menos los graves problemas del medio rural, ni mucho menos proponer a las comarcas como unidades de referencia y de ordenación, salvo para declarar y aprobar como un hecho excepcional la Comarca del Bierzo.

En el actual documento la palabra comarca no aparece por ninguna parte y se sustituye por  unas Mancomunidades de Interés General en las que tendrán que integrarse los pequeños municipios para alcanzar mayor 'eficacia' en la prestación de sus servicios. Para ello contarán con una resurrección de las diputaciones que asumirán bajo la forma de consorcios (externalizazión, privatización…) los servicios al mundo rural. Se priman las políticas urbanas para los municipios que sobrepasan los 20.000 habitantes, tan sólo 15 en toda Castilla y León. ¿Qué pasa con los núcleos intermedios y las cabeceras históricas de las comarcas? No entiendo como se ha llegado a un pacto en este campo entre los dos principales partidos, pues la propuesta del PSOE siempre se ha inclinado por una comarcalización respetuosa con la diversidad territorial e histórica, superando los límites provinciales. En este sentido se ha manifestado el CES.

 

A.R.: El gobierno central  ha presentado a su vez la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local bajo parámetros polémicos, ¿qué filosofía política y económica  tiene?

V.C.D.: El propio título quiere convencernos de las virtudes que encierran las reformas, buscando que los ayuntamientos ejerzan aquellas competencias que le son 'propias', aunque todas las propuestas y medidas se han de adaptar al mantra o principio del artículo 135 de la Constitución  de estabilidad presupuestaria. Racionalizar, pues, la estructura organizativa de la Administración local conlleva ajustes competenciales, control económico-presupuestario, eliminación de cargos y salarios,  agrupación 'voluntaria' de municipios, supresión de competencias y personalidad de las juntas vecinales, todo ello en beneficio de las economías de escala por encima de los 20.000 habitantes. Las diputaciones provinciales verán de nuevo reforzado su papel ante los pequeños municipios y, además, podrán controlar la externalización y privatización de los servicios al medio rural con base en costes prefijados. Cuando las deudas se concentran en las grandes ciudades y ayuntamientos urbanos, se tilda a los pequeños municipios de mantener 'gastos impropios' y de generar deudas excesivas. No es cierta esta conclusión, según los datos manejados por la propia FEMP. No es extraño que el Consejo de Estado con fecha 26/6/2013 haya manifestado en su dictamen críticas profundas al anteproyecto de ley y dudas sobre su justificación constitucional en algunas de las propuestas, solicitando modificaciones sustanciales.   

A.R.: Las repercusiones de ambas leyes afectan muy directamente a los habitantes del mundo rural, a sus pequeños municipios, a sus concejos y juntas vecinales, ¿qué podemos subrayar al respecto en la provincia de León? 

V.C.D.: Aunque los últimos borradores hayan recogido algunas recomendaciones de los consejos consultados, como la retirada del coste estándar, en el armazón de sus propuestas se mantiene la filosofía política tecnocrática y neoliberal que amenazan por todos los costados al sentido social y territorial de lo público, imponiendo modelos más recentralizadores y verticales. Las economías de escala, por encima de los 20.000 habitantes, aleja los servicios mas necesarios (salud, educación, sociales y culturales) de los habitantes rurales y de los pequeños municipios y entidades locales menores. En este sentido, aunque las Cortes de Castilla y León han manifestado por unanimidad su protesta por las amenazas que se ciernen sobre la soberanía de nuestros pequeños municipios y sobre la supresión de las juntas vecinales, la ley no la ha tenido en cuenta y la FEMP ha defendido particularmente los intereses de los grandes municipios y de las diputaciones provinciales.

La región de Castilla y León es la que ofrece un modelo de poblamiento y de organización administrativa más vulnerable a las reformas de la ley, si tenemos en cuenta la atomización municipal. Otra cuestión más grave es la supresión de la personalidad jurídica de las juntas vecinales y con ello la pérdida de control o el expolio de sus bienes concejiles, comunales o públicos. Y por supuesto, no deja de ser contradictorio y hasta ofensivo para los habitantes de Castilla y León que premeditadamente y sin sensibilidad no se hable para nada en el anteproyecto de comarcas y de núcleos con capacidad para llevar a buen fin una ordenación bien anclada en el territorio y en su diversidad, más allá de los objetivos coyunturales de la política de la Junta de Castilla y León o del gobierno central. La provincia de León será la más perjudicada en todo el país de llevarse a cabo todas estas reformas, al ser que la que más juntas vecinales (1.322) tiene reconocidas y más bienes públicos conserva.