Canal Sur, 19/1/2013.- El Gobierno fijará, en la reforma local que aprobará próximamente, la competencia exclusiva e íntegra de la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales en las comunidades autónomas, para desligarlas con una mayor precisión de las competencias locales.
Así consta en las conclusiones de la reunión Intermunicipal del PP que este sábado ha clausurado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En ellas, los alcaldes y dirigentes locales del PP subrayan su apoyo a la reforma local, y valoran que la futura norma vaya a acabar con las competencias "impropias" de los ayuntamientos y las entidades locales.
Entre las claves de la reforma, destacan la de la sostenibilidad de las finanzas locales, con un modelo que persiga la eficiencia en el gasto, de forma que no se gaste más de lo que se ingrese y se garantice que la prestación de los servicios obligatorios y su pago prevalece sobre aquellos servicios que no son obligatorios.
Además de subrayar que la reforma definirá con mayor precisión las competencias locales, destacan que contendrá la "racionalización y profesionalización" de las estructuras organizativas y de gestión tanto de los municipios como de las Diputaciones o equivalentes, así como su sector empresarial local.
La reforma cumplirá, dicen los populares, la promesa del presidente, Mariano Rajoy, de "una administración, una competencia".
Además calculan que la reorganización de actividades y servicios puede generar unos ahorros cercanos a los 3.500 millones de euros.
Otra de las novedades que contemplará la reforma es que las entidades locales ejercerán competencias no previstas cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, y se garantice su sostenibilidad financiera.
A este respecto, el PP considera que terminar con el problema de las competencias impropias, liberando de dicho gasto a los municipios, constituye una "reivindicación histórica" de los entes locales.
Además consideran que la evaluación de los servicios públicos municipales, de mancomunidades y entidades locales menores servirá para promover la generación de economías de escala y "potenciar" las Diputaciones.
El nuevo modelo, dice el PP, "premia" la mejor gestión en el servicio al ciudadano, gracias a la reversibilidad de una competencia que pase del municipio a un plano territorial superior.
Tras 5 años, se plantea la posibilidad de recuperación de una competencia perdida y se garantiza así el ejercicio de una competencia de origen municipal, cuando su prestación al ciudadano sea sostenible, añaden las conclusiones.
El PP considera en el documento que la delegación de competencias dejará de ser visto como un problema para convertirse en una solución.
Además, al reforzarse el papel de los municipios frente a otras administraciones, se ofrece un efecto "fortalecedor" para la Administración Local, cual es el de incorporar una cláusula de triple garantía: cinco años con financiación asegurada por ley y con un mecanismo de compensación automática de deudas vencidas.
De esta manera, se asegura una financiación estable para el municipio durante un tiempo determinado.
El documento también valora la exigencia de una mayor transparencia y una gestión basada en los resultados.
Asimismo considera que habrá varias medidas de la reforma que permitirán adaptar y evaluar de manera periódica la estructura de los órganos de administración, gestión y dirección política local.
Entre ellas cita la regulación anual del régimen retributivo a través de los Presupuestos Generales del Estado; el número de los miembros de las Corporaciones Locales; las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y el número máximo y cualificación de miembros de los órganos de gobierno; el número máximo de personal eventual con cargo al presupuesto de la Administración local; y la profesionalización del personal directivo de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.
El PP destaca por otro lado el "redimensionamiento" del sector público local y la regulación jurídica de los consorcios que contendrá la reforma, que "permitirán dar respuesta a las recomendaciones efectuadas en la materia por el Tribunal de Cuentas" y así poder regular, controlar y evaluar el sector público empresarial.
Finalmente celebran que se refuercen los mecanismos de colaboración y control entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y la Administración Local.
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