EQUO León, 23/1/2013.- Desde EQUO León mostramos nuestra adhesión al Frente de Defensa de las Juntas Vecinales y una total disconformidad con la supresión de las entidades locales menores, tal y como se pretende realizar por medio de la “Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local” a través artículo express 135 de la Constitución.
La eliminación de dichas entidades se está proyectando de forma unilateral, sin ningún tipo de contacto con los implicados y conlleva la pérdida de control sobre el patrimonio, la gestión y la pérdida de derechos y libertades políticas por parte de los que desde hace muchos años administran, gestionan y deciden sobre sus intereses, cercenando la democracia directa y participativa que hasta ahora se venía ejerciendo.
La futura ley adolece de falta de un autentico plan económico y de modelos de control para la aplicación de la ley. El aprobar una ley cuyo principal objetivo sea racionalizar el gasto sin ningún estudio económico del verdadero ahorro, frente al modelo actual (que no supone coste alguno), no tiene sentido.
Siendo, en esta ley, las diputaciones el eje principal, nos preguntamos ¿que mas pueden hacer que no puedan realizar con la actual ley1?. ¿Pretenden dejar a los ayuntamientos sin competencias?. En esta ley no se tienen en cuenta el principio de descentralización en la gestión pública2 , ni las garantías constitucionales de la autonomía3.
Se plantean servicios que han de prestar los municipios, unos de imposible cumplimiento (control de alimentos y bebidas, tratamiento de residuos sólidos), y se olvidan de otros que actualmente son prácticamente imprescindibles como es el acceso a Internet y la implantación de la administración electrónica, que podrían atenuar el actual abandono del mundo rural.
Tampoco se reflejan en la ley las responsabilidades legales en las que pueden incurrir los representantes políticos, proponiendo esta ley la implantación de controles previos y tutelas administrativas, donde se diluyen estas responsabilidades.
La disposición adicional quinta “Evaluación de servicios municipales” prevé que en vez de recibir el ayuntamiento ayudas de la Diputación, para que los servicios municipales se mantengan, se entregarán a una empresa privada que quizás pueda tener relación con algunos de los cargos de la Diputación o de la Junta de Castilla y León.
Desde EQUO León defendemos a los alcaldes y pedáneos que actúan movidos por su derecho a seguir disfrutando de la democracia participativa que venían ejerciendo hasta el momento, a aquellos que ven en el largo plazo el verdadero beneficio.
Esta reforma tampoco contempla lo que a nuestro parecer es el peor lastre actual. Los alcaldes se saltan la ley y al ciudadano solo le queda la vía contencioso-administrativa o penal, vías complejas y caras con resoluciones que dejan al ciudadano en la total indefensión. Hay que responsabilizar a alcaldes y técnicos de forma efectiva, con sanciones que no hagan barato saltarse la ley.
No se puede usar esta ley como excusa para permitir que continúen los excesos, privatizando servicios y bienes, utilizando entidades instrumentales para beneficio propio, colocando personal de confianza donde convenga y repartiendo las subvenciones donde interese en vez de colocarlas donde produzcan beneficio para la toda comunidad.
1. (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.)
2. (Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común, y en la ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado)
3. Constitución Española Artículo 103. Punto 1
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