Gobierno y Junta perfilan su hoja de ruta para estrangular a las juntas vecinales

Advertencia: El titular es propio, y no es el que acompaña la noticia en La Crónica de León, 17/1/2013.- Cada ayuntamiento tendrá capacidad para elegir a vocales de las juntas vecinales. El primer cambio que contempla el nuevo anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con respecto a las pedanías o juntas vecinales es su denominación. Han dejado de ser entidades locales menores para convertirse en “entidades de ámbito territorial inferior al municipio”. No se suprimirán directamente, como había anunciado el ministro Montoro el pasado verano, pero sí perderán competencias, autonomía y recursos, y al mismo tiempo se les exigirá un saneamiento de las cuentas y se evaluarán los servicios que prestan, condiciones todas que ellas que muchas de las más de 1.200 pedanías de la provincia de León no podrán cumplir y se deverán disolver. Lo que más claro queda en el anteproyecto es que se pondrán todas las trabas legales posibles para la creación de nuevas pedanías. 

Las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local regularán las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Las pedanías habrán de contar con un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa y un órgano colegiado de control, cuyo número de miembros no podrá ser inferior a dos ni superior al tercio del número de concejales que integren el respectivo Ayuntamiento. Uno de los aspectos más polémicos, sin duda, será qye “la designación de los miembros del órgano colegiado se hará de conformidad con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento en la sección o secciones constitutivas de la circunscripción para la elección del órgano unipersonal”, lo que se traduce en que se podrá seguir eligiendo al pedáneo pero su capacidad para designar a los vocales que conforman la junta vecinal se verá limitada, incluso podrían ser designados por el ayuntamiento correspondiente. 

Además, siguiendo con los efectos de la nueva Ley en las Juntas Vecinales, la disposición adicional séptima impone a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio al proceso de evaluación económica que impone procesos de supresión y privatización de las competencias municipales. Si una entidad de este tipo sufre un proceso de evaluación negativo, dicha administración deberá ser suprimida para lo cual se aplicará finalmente la disposición adicional tercera. Por la cual se disolverán las entidades que no presenten sus cuentas ante los órganos de control del estado y la comunidad autónoma.

En el caso de que una pedanía no cumpla con las obligaciones que impone la nueva ley será suprimida, y en el caso de que sea suprimida el personal pasará al ayuntamiento correspondiente, así como sus derechos y obligaciones. En este punto es necesario que la regulación aprobada por la Junta para los montes de utilidad pública permitirán que la comunidad autónoma asuma la titularidad de todos los montes de utilidad pública, con lo que muchas pedanías se quedarían sin buena parte de su patrimonio más rentable. Según el artículo 45 de la ley que aprobará previsiblemente el Consejo de Ministros del día 25 de enero, las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local regularán las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, para la administración descentralizada de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes. Con todo ellos, los pedáneos tendrán a partir de ahora más dificultades para la gestión de las pedanías.

El anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros del próximo 25 de enero, prevé que todas aquellas entidades locales que actualmente se encuentren en una situación deficitaria “dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2013 para aprobar, previo informe del órgano interventor de la entidad local, un plan de saneamiento individualizado con el objetivo de corregir la situación de déficit”. El último anteproyectoque actualmente maneja el Gobierno advierte de que “si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la entidad local en el plazo máximo de los siete meses siguientes a contar desde esa fecha, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación deficitaria. Si agotado el mencionado plazo de siete meses la entidad local no ha disuelto dichas entidades, quedarán automáticamente disueltas el 1 de agosto de 2015”. Según el texto que estos días ultima el Gobierno, y al que ha tenido acceso La Crónica, “esta situación deficitaria se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los entes no considerados Administración pública se entenderá como la situación de desequilibrio financiero”.

Se trata de uno de los retos más complejos para ayuntamientos, consorcios, mancomunidades, grupos de acción local y obviamente juntas vecinales (en León más de 1.200) de cuantos les pone por delante el mencionado anteproyecto, aunque desde luego no el único. 

Las entidades que presenten déficit por encima del permitido no podrán participar en nuevos consorcios. Éstos pasarán a estar bajo el punto de mira del Gobierno: por primera vez, con carácter básico, se completa la regulación de la figura del consorcio con el ánimo de evitar que puedan quedar ajenos al sistema de control financiero. Para ello se concreta la Administración pública a la que se adscriben y el régimen del personal a su servicio, así como el régimen presupuestario, contable y de control que le resulta aplicable. El objetivo de todo ello es controlar el déficit de todas las administraciones locales para, de este modo, cumplir las exigencias de déficit público.

ENLACE AL ANTEPROYECTO DE LA JUNTA: http://www.jcyl.es/junta/cp/Anteproyecto_Lorsego.pdf