Diario de León, 22/11/2012.- El patrimonio que hasta ahora gestionan las 1.234 juntas vecinales de la provincia es incalculable, ya que son las dueñas del 55% del territorio. Sin embargo, su capacidad de gestión está a punto de ser estrangulada por no poder cumplir con una exigencia legal: presentar sus acuerdos con la firma de los secretarios de los ayuntamientos a los que pertenecen o del SAM de la Diputación, los únicos autorizados.
La renuncia o las dificultades de estos profesionales por carga de trabajo para dar fé a los actos de las entidades locales menores, como exige la Ley autonómica de Régimen Local, deja un reguero de documentos ilegales en León y bloquea el correcto funcionamiento de las juntas, que se ven indefensas para cumplir ese requisito, por causas ajenas a su voluntad.
La cifra es abultada. Según calcula la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores (FLELM), la falta de refrendo de los secretarios afecta a la validez del 80% de los acuerdos de las pedanías de la provincia, que se encuentran, además, con un problema añadido, la petición del Consejo de Cuentas de Castilla y León de la liquidación de los presupuestos del 2011.
La Federación considera que es un asunto «absolutamente grave», ya que el incumplimiento de esa petición puede suponer la desaparición de la entidad local infractora. Al menos, así lo anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien indicó que se disolverán aquellas juntas vecinales que no cumplan los objetivos de déficit.
De momento, decenas de ordenanzas del agua, reparto de quiñones, gestión de los montes de utilidad pública, asignación de pastos y suertes de leña, y hasta la contratación de un fontanero o del grupo de música para la verbena de los pueblos leoneses, están en entredicho por carecer de firma de los secretarios.
«Hasta ahora se hacía la vista gorda, salvo en caso de conflicto», reconoce el asesor de la FLELM, Carlos González-Antón, «pero la reciente jurisprudencia del TSJCyL, recordando que la Ley exige dar validez a los acuerdos de las juntas vecinales con sello de los secretarios municipales o del SAM, está motivando que la Junta rechace por ilegales muchos de los actos que le comunican las entidades locales menores». La solución que piden es revisar la ley para abrir el abanico a otros secretario o imponer a los ayuntamientos y a la Diputación que doten de suficientes secretarios a la provincia.
La Junta ha comenzado a devolver los acuerdos sin firma que le remiten las pedanías, advirtiendo que logren el refrendo de los secretarios municipales o del SAM o los invalidará.
En sus cartas, el ejecutivo autonómico indica que no «puede obligarse al secretario a que lleve a cabo una jornada laboral superior a la legal o a la contratada, pero nada impide que el Ayuntamiento y la Entidad Local Menor puedan colaborar y llegar a un acuerdo para que parte de la jornada laboral pueda ser repartida entre una y otra Secretaría». También proponen que busquen fórmulas para premiar los servicios que el secretario preste a la pedanía «a través de compensaciones en la jornada laboral o aumento de las retribuciones complementarias en virtud de servicios extraordinarios o especial dedicación».
La Federación manifiesta que «no se puede condenar a las juntas vecinales a la ilegalidad» y que hay que «clarificar urgentemente el régimen jurídico de la secretaría de las entidades locales menores». La FLELM está prestando asesoría a sus miembros, pero recuerda que quien deben actuar son las administraciones. Recuerda a la Junta que aún no ha desarrollado el reglamento del servicio de asesoramiento a las pedanías contemplado en la Ley.
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