Javier Callado en La Crónica de León, 17/07/2012.- El decreto ley del viernes, 13 de julio, pasará a la historia como el de la incautación de los bienes que legítimamente habían acumulado las comunidades de aldea leonesas durante siglos. Una decisión del Consejo de Ministros suprime las juntas vecinales, órganos postizos que, ya en otro momento, la Administración pública colocó sobre nuestros ancestrales concejos. Las juntas vecinales se han hecho cargo de los numerosos bienes que los vecinos adquirieron con sus propios recursos privados para ponerlos al servicio del pueblo.
Dado que las juntas vecinales administran prácticamente la mitad de la superficie de la provincia, así como edificios (casas del maestro, escuelas…), instalaciones públicas (traídas de agua, alumbrado…) con sus propios recursos, estamos hablando de una expropiación por las bravas.
Se argumenta que la gestión de las juntas vecinales es “opaca” en muchos casos. Sin duda, pero antes de entrar a ese debate hay que saber que sus recursos son propios, no aportados por el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta o el Gobierno central. Antes bien, las juntas vecinales frecuentemente prestan servicios que debería dar el municipio. El pretexto se queda así en un deseo de expropiación a favor de instituciones que los partidos controlan mejor. La opacidad se combatiría si los secretarios de ayuntamiento hubiesen hecho su trabajo exigiendo las cuentas y protocolos como ordena la Ley de Bases de Régimen Local.
Aparte de la montaña económica que los populares retiran de la gestión directa de los vecinos, atentan contra una institución histórica que ha marcado el devenir de esta provincia durante siglos. Gracias a ella la despoblación de nuestros pueblos no ha sido tan rápida como en otras zonas, ya que todo vecino tenía intereses en la propiedad comunal, aprovechamientos que se perdían si se dejaba el pueblo. La medida de Rajoy es la puntilla definitiva para muchos pueblos de León.
El Gobierno yerra con esta medida, que mete en el batiburrillo del decreto sin que, en realidad, sus objetivos tengan nada que ver con la crisis, puesto que las juntas vecinales no producen déficit público. Otro interés habrá.
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