Diario de León, 27/6/2012.- El planteamiento del Gobierno de eliminar las entidades locales menores del país no es nuevo en la dilatada historia de las juntas vecinales, que persisten desde hace nueve siglos. Ya los liberales, en el siglo XIX intentaron suprimirlas al crear los ayuntamientos, pero la fuerte oposición de los pueblos leoneses, que querían seguir administrando sus propios recursos, impidió la tropelía. «Tras las Cortes de Cádiz se produjo un vacío legal y se toleró que cada pueblo se autogobernara con un presidente y dos o cuatro vocales. Incluso Franco respetó las juntas vecinales, que vigilaban que sus montes no se quemaran, acometían las infraestructuras de agua con sus propios recursos y se encargaban de los cotos, los chopos, los pastizales y las tierras de labor», explica el catedrático de Historia Moderna, Laureano M. Rubio.
Las juntas vecinales de la comunidad estuvieron de nuevo en el punto de mira en 1998, con la elaboración de la Ley de Régimen Local de la Junta, que apostaba por hacerlas desaparecer del mapa autonómico. La fuerte oposición de las pedanías truncó la idea y la ley acabó incluyendo en el artículo 49 y siguientes una regulación de estas entidades. Las juntas vecinales son las herederas de los antiguos concejos, aquellas reuniones de vecinos que decidían sobre el aprovechamiento comunal de prados, bosques y montes con fines ganaderos y agrícolas, de los regadíos y de la explotación del molino, el horno o el pozo de sal. Decidían en asuntos económicos y administrativos, como dar autenticidad, fuerza y eficacia en derecho a los documentos que se redactaban en su presencia. El concejo solía reunirse los domingos, después de misa, en el atrio de una iglesia, tras una llamada mediante repique de campanas. Su asistencia era obligatoria y conllevaba multas. Según el historiador Luis García de Valdeavellano, proceden de la Conventus publicus vicinorum (Asamblea pública de vecinos) visigoda, aunque Julio Valdeón Baruque cree que «es una creación específica de la Edad Media».
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