IU-Astorga, 23/7/2012.- IU-Astorga defiende a ultranza el municipalismo, por eso mostramos nuestro rechazo a la reforma de la ley de régimen local con la que se pretende acabar con la escasa capacidad política y de gestión, fulminando la autonomía local y la capacidad de los Ayuntamientos para prestar servicios y responder a las necesidades de la ciudadanía.
En IU-Astorga, también estamos en contra de la desaparición de las Entidades locales menores y de las Mancomunidades. Exigimos que Astorga siga contando con sus juntas vecinales y pedimos a los ciudadanos, que en el caso de que se lleve adelante este proyecto, los pueblos se rebelen y sigan rigiéndose de un modo aun más democrático a través de concejos y fortaleciendo su tejido social a través del asociacionismo vecinal. Es hora de pasar a la acción y rebelarse, porque QUIEREN ACABAR CON TODO, QUIEREN ARRUINAR EL PAÍS.
Esta es la información completa y detallada sobre la postura de IU-Astorga en relación con la reforma en ciernes de la LBRL:
El PP ha presentado un anteproyecto de Ley que pretende modificar parte del articulado de la Ley de Bases de Régimen Local, concretamente 14 artículos que afectan a las siguientes materias:
- Delimitación competencial de los municipios
- Gestión de competencias municipales por las diputaciones provinciales
- La comarca
- Convenios y consorcios.
- Competencias y capacidad de gasto de los ayuntamientos.
Esta modificación no va destinada a fortalecer la democracia, ni el principio de subsidiariedad, ni la insuficiencia local con la que los Ayuntamientos y el resto de las entidades locales prestan sus servicios a los ciudadanos. Precisamente, se dirige a lo contrario: pretende dar por muerta la autonomía local, convirtiendo a los municipios en Administraciones vacías e inútiles, limitando su capacidad política y de gestión.
Con especial incidencia en la Provincia de León se eliminan las entidades locales menores. Con esta regulación se traspasa a los municipios todas las competencias, incluidas las reconocidas sobre su patrimonio, y de este modo la desaparición de las Juntas Vecinales de la provincia de León. Cerca de 1400 y el 34% de las entidades locales menores reconocidas en todo el Estado Español.
A la vista de los antecedentes antes expresados y el contenido del anteproyecto, la primera valoración no puede ser más que profundamente negativa y preocupante.
En consecuencia avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de IU: más autonomía, claridad competencial y más financiación.
Introducir elementos como la posibilidad de que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan verse privados de sus competencias para prestar servicios mínimos por decisión de las comunidades autónomas, atenta claramente contra el principio de autonomía local, da una preeminencia jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos que no tiene sujeción legal y relega al mundo municipal a un papel residual en el contenido político de la gestión.
Por otro lado, regular que, para llevar a cabo iniciativas públicas de carácter económico por parte de los ayuntamientos, se tenga que aprobar por los órganos de gobierno de las CCAA, con unas condiciones tan exageradas y unos sistemas de control tan exhaustivos, solamente pueden pretender que las mismas no se lleven a cabo. No debemos olvidar que el PP a través de esta reforma pretende básicamente poner coto a la actividad municipal, reducirla a la mínima expresión, llegando al extremo de exigir un estudio de mercado con objeto de que la iniciativa municipal no afecte a la concurrencia empresarial. Es decir si la actividad se ejerce desde el ámbito privado no es necesaria la actividad pública. Toda una declaración de intenciones y de intereses elevada al rango de ley.
En segundo lugar, el anteproyecto presentado realiza una radical modificación sobre el marco competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad. Desapareciendo otras de gran arraigo en León que sufren estas mismas consecuencias al ser absorbidas por estos mismos municipios.
En tal sentido hay que señalar que desaparece expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y de sanidad que vienen contempladas en el actual texto, se eliminan las relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda entre otras. Asimismo se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley de Bases de Régimen Local que contiene una cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras materias además de las estrictamente definidas.
Se incorpora el principio de una administración una competencia pero no después de un análisis de quién y cómo debería ejercerlas sino simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ampliar su ámbito de actuación en materias de interés para los ciudadanos. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas materias como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud, educación infantil etc, y se obvia conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión cuya única alternativa prevista en la Ley es su desaparición ya que se prohíbe la realización de otras competencias distintas a las señaladas legalmente.
También y bajo la excusa del control de la estabilidad presupuestaria el Estado se reserva facultades de intervención inauditas que pretenden controlar a través del gasto la capacidad política, de gestión y el programa político de los ayuntamientos.
Por tanto en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones, las juntas vecinales en cadáveres y abriendo la puerta, aún más, si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario de las Diputaciones.
En tercer lugar y en contra de la posición política que ha venido manteniendo siempre IU se refuerza el papel de las diputaciones provinciales, estructuras obsoletas, cuestionadas políticamente en muchos casos e inútiles. Se les refuerza en detrimento de las mancomunidades o consorcios constituidos voluntariamente por los ayuntamientos en el ejercicio de su autonomía local. El que las diputaciones puedan realizar los servicios mínimos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por decisión autonómica significa darles un papel político incomprensible ajeno a la estructura territorial del Estado y que solo se puede entender por razones ocultas no explicitadas.
Nosotros seguimos defendiendo la desaparición de las diputaciones provinciales, ya que en este momento sus funciones se suplantan, se confunden y en muchos casos se duplican. No puede ser creíble el discurso del PP contra las supuestas duplicidades administrativas y que se opte por reforzar las diputaciones provinciales salvo que el objetivo final no sea otro que debilitar los municipios, cuya autonomía molesta.
En cuarto lugar no se realiza ninguna mención a la financiación necesaria para asumir los retos municipales y solamente se menciona la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria por encima de todo, no se menciona ni una sola vez a los ciudadanos y sus derechos y no se aborda la insuficiencia financiera local. Bien al contrario las disposiciones transitorias previstas en el anteproyecto establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales estableciendo tres opciones para los ayuntamientos si los mismos son deficitarios: o se cierran o se privatizan o se intervienen. Filosofía de gestión del PP elevada a rango de ley.
En definitiva desde IU analizamos con extraordinaria preocupación este anteproyecto, consideramos que el mismo anula el principio de autonomía local que permitiría, en el caso de que el mismo se apruebe, interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Asimismo discrepamos profundamente del marco competencial previsto y nos oponemos radicalmente al modelo del PP de regular ayuntamientos controlados políticamente, sin capacidad de gestión, y elimina las administraciones más cernazas al ciudadano como las entidades locales menores. Cuyas competencias deben reforzarse, su capacidad democrática potenciarse y su proceso de toma de decisiones alimentarse; poniendo como ejemplo la experiencia de los Concejos Abiertos de la tradición leonesa de las juntas Vecinales.
Pero sobre todo nos oponemos a este anteproyecto porque es malo para los intereses de los ciudadanos de nuestro país que a diario utilizan miles de servicios municipales de carácter educativo, de salud, de empleo de vivienda, deportivos, culturales, en materia de igualdad, de promoción de la infancia o la juventud, de carácter social , de atención a los dependientes, etc… servicios que con este anteproyecto están abocados a desaparecer, desapareciendo en consecuencia su prestación a los ciudadanos.
Esta contrarreforma supone un paso más en el objetivo del PP de debilitar el Estado, de reducir el espacio de lo publico.
En esta época de crisis provocada por otros que no han sido los ayuntamientos españoles esta propuesta de reforma provocará más pobreza, más desigualdad y menor cohesión social, a cambio, eso sí, de una sacrosanta estabilidad presupuestaria que por cierto los ayuntamiento han cumplido siempre porque legalmente siempre se les ha exigido.
POR ELLO, EN IU-ASTORGA, EXIGIMOS:
- Que el Ayuntamiento de Astorga inste al Gobierno de España a la retirada inmediata de la Propuesta de Modificación del Articulado de a Ley 7/1985 Reguladora de la Ley de Bases de régimen Local en relación con las competencias de las entidades Locales. Instará del mismo modo al cumplimiento del Artículo 142 de la ConstituciónEspañola para la defensa de la Autonomía Municipal.
- Que el Ayuntamiento de Astorga inste al Gobierno de España a respetar la tradición democrática de los territorios que todavía disfrutan de una ordenación territorial fundamentada en la existencia de Entidades Locales Menores; como es el caso de las Juntas Vecinales de la Provincia de León. Conservando las mismas en la Leyde Bases de Régimen Local y respetando sus competencias.
- Que el Ayuntamiento de Astorga inste al Gobierno de España a modificar el régimen de ordenación del territorio; iniciando un proceso de eliminación de las Diputaciones Provinciales a favor de las Comarcas.
- Que el Ayuntamiento de Astorga inste al Gobierno de España a iniciar un Proceso de Negociación de un Pacto Local con la FEMPque permita la financiación correcta de los Municipios, la pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y la desaparición definitiva de las competencias impropias que deben asumir por la actuación irresponsable de las Comunidades Autónomas y el propio Gobierno Central. Se negociará igualmente la adaptación de la Ley de Régimen Local y Haciendas Locales a esta nueva realidad.
IZQUIERDA UNIDA de ASTORGA
CON LA GENTE DE IZQUIERDA
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