Desde que el pasado 13 de julio el Consejo de Ministros diera a conocer el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que prevé suprimir las históricas entidades locales menores, parte de las 3.723 pedanías españolas han comenzado a organizarse para plantar batalla. En León, que aglutina a más de la tercera parte de las juntas vecinales del país (1.234), también ha surgido un movimiento para crear primero la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, después la plataforma autonómica, y desde ellas liderar el proceso de puesta en marcha de una asociación similar a nivel nacional.
Uno de los promotores es el académico de Derecho Administrativo Carlos González-Antón, quien asegura que ya han establecido contactos con más de un centenar de entidades locales de la provincia, además de con la denominada ‘plataformajuntas vecinales’ de facebook, cuyo portavoz es el pedáneo de Magaz de Abajo, Marcos Cubelos.
El reto que se fijan «es superar las rivalidades partidistas para unir a las juntas vecinales con una sola voz que reivindique su valor histórico y como ejemplo de Democracia real, ya que sus presidentes son elegidos por designación directa de los vecinos», explica.
Es más, los impulsores de la federación ya han fijado la fecha del 5 de septiembre para constituir la organización provincial y la autonómica, como paso previo para fundar la nacional. Para ello han hablado con Álava, Extremadura, Asturias, Andalucía, Valencia y Galicia, donde ya funcionan federaciones locales. «León, con 1.234 entidades, debe liderar este movimiento, para lo cual es necesario una actuación rápida y agrupada de las juntas vecinales, y que aprueben antes del 5 de septiembre su disposición a asociarse», matiza González-Antón, que está dando forma a los estatutos. También han habilitado una dirección de correo electrónico (constitucion@concejos.org), donde se puede solicitar toda la información para sumarse a la plataforma que se formalizará en la primera semana de septiembre.
Las juntas leonesas poseen la mayor parte de los montes de utilidad pública de la provincia, el terreno agroganadero, los cotos de caza, las choperas ribereñas y reciben compensaciones por ceder suelo a explotaciones fotovoltaicas, mineras, estaciones de esquí, residencias de ancianos y palas eólicas. En conjunto, disponen de un patrimonio abundantísimo que se completa con edificios de escuelas, casas del pueblo y dispensarios médicos, entre otros. Son amas de la mayor parte del suelo leonés (55%), que han defendido con uñas y dientes durante siglos y difícilmente van a ceder de forma amistosa a los ayuntamientos, como propone ahora el Ejecutivo central. Confían, además, en unir esfuerzos y llegar a confluir con la otra rama que también está en marcha de la mano de la asociación Faceira y el catedrático de Historia, Laureano G. Rubio, «porque defendemos lo mismo»
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