ABC, 27/8/2012.- La supresión de las entidades locales menores dejaría a 2.300 núcleos de población sin autonomía. El rechazo es total.
El Gobierno de Mariano Rajoy parece haber pinchado en hueso con su propuesta -aún no «oficializada» por el BOE- de suprimir las más de 3.700 entidades locales menores existentes en el país y de las que Castilla y León acapara más de 2.200, ubicadas mayoritariamente en las provincias de León y Burgos. Al igual que la reducción del 30 por ciento de los concejales, la eliminación jurídica de estos pueblos se llevaría a cabo coincidiendo con las próximas elecciones municipales de 2015. Hasta entonces son muchos los colectivos que han mostrado su rechazo a una decisión que, a la postre, conllevará la desaparición del alcalde y las juntas vecinales con las que se organizan estos entes, que también dejarían de gestionar su patrimonio -más o menos elevado en función de los casos- para que pase a manos del municipio de cabecera.
Sindicatos, organizaciones agrarias y partidos políticos ya han puesto el grito en el cielo para tratar de frenar una medida que niegan suponga un mayor ahorro como se defiende desde el Ejecutivo. Más molestos aún se encuentran los vecinos y alcaldes consultados por ABC. Todos ellos consideran que el «mundo rural pierde» y lamentan que les «arranquen» su «independencia». Ante esta situación, pueblos burgaleses y leoneses ya han anunciado que acudirán el día 10 de septiembre a Madrid para mostrar su «posición crítica» en una manifestación organizada por la Federación Estatal de Entidades Locales Menores.
Desde el lado político, tanto los socialistas como Izquierda Unida han anunciado que presentarán una Proposición No de Ley en el Congreso para pedir la retirada de esta propuesta. En Castilla y León, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Óscar López, acusaba hace unos días a Rajoy de «echar la culpa del déficit» a las entidades locales menores. Mientras, desde el PP la respuesta ha sido tibia, aunque el presidente de la Diputación de Soria, Antonio Pardo, descartó que se produzcan «ahorros» por la supresión de estas entidades.
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