Una treintena de juntas vecinales forman la plataforma en su defensa en Omaña

Leonoticias.com, 28/8/2012.-Casi una treintena de juntas vecinales de la comarca de Omaña, en la provincia de León, constituyeron el pasado fin de semana la plataforma en defensa de las juntas vecinales de Omaña, un colectivo que intentará sumar esfuerzos para hacer frente a los planes del Gobierno que, en el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local prevé eliminar las entidades locales menores, despojándolas de la titularidad de “todo” su patrimonio, así como “privando” a los vecinos de la posibilidad de gestionarlo “de manera democrática y participativa”, denunciaron a través de un comunicado.

El colectivo explicó que entre sus objetivos principales se encuentran rechazar la desaparición de las entidades locales menores de la comarca de Omaña, cuyo coste para el erario público “es cero”, mantener la personalidad jurídica, el patrimonio y competencias actuales de las juntas vecinales, defender la capacidad de gestión vecinal, democrática y participativa, sobre el patrimonio comunal de los pueblos a través de figuras como la del concejo abierto, o exigir que las juntas vecinales sean interlocutores válidos en la toma de decisiones sobre los temas que les afectan.

Los integrantes de la plataforma recordaron que la comarca de Omaña posee los ayuntamientos “con el mayor número de juntas vecinales”, no sólo de la provincia de León, sino de todo el país, como consecuencia de la “gran raigambre y tradición de gestión democrática” que “siempre” ha existido en estos pueblos a través de figuras como la del concejo. De hecho, el Ayuntamiento de Riello tiene “más pedanías que en toda la Comunidad de Andalucía”.

Desde la plataforma, que está integrada por juntas vecinales con representación de los principales partidos políticos de la comarca, lanzaron un mensaje para que se “superen” las diferencias y dudas a todos aquellos miembros que puedan adherirse a esta plataforma, ya que las consecuencias de las medidas del Gobierno serán “de suma gravedad” para los intereses de las poblaciones y, una vez aprobadas, tendrán un carácter “irreversible”.