EL Norte de Castilla, 3/8/2012.- Las más de dos mil pedanías existentes en la actualidad en Castilla y León corren el riesgo de desaparecer si sale adelante la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que está planteando el Gobierno de España con el objetivo de disminuir el déficit autonómico. Para evitar la supresión de estas entidades locales menores, cerca de setenta pedanías de León y Burgos acaban de fundar la plataforma Juntas Vecinales. Una iniciativa con un objetivo claro: detener lo que ellos consideran un auténtico expolio y un ataque al sistema electoral español, ya que, como ellos defienden, las juntas vecinales han sido elegidas de forma democrática por todos los vecinos de los pueblos.
Así, desde la nueva plataforma consideran que se trata de una medida «injusta y sin argumentos», ya que las entidades locales menores «prestan servicios en los pueblos y lo hacen con sus propios recursos, sin generar un coste adicional». Además, arguyen que el patrimonio debe ser gestionado por los propios vecinos del pueblo, no por los Ayuntamientos de los municipios en los que estén integrados.
Este patrimonio alcanza, en algunos casos, cifras importantes, como por ejemplo el de la pedanía de Tabuyo del Monte, que asciende a unos tres millones de euros. Al margen de los bienes de los pueblos, otro problema al que habría que hacer frente sería el reparto de los terrenos comunales, ya que estas parcelas no son propiedad de la junta vecinal en sí, sino de todos los habitantes del pueblo.
Asesoramiento jurídico
Según indicó Marcos Cubelos, portavoz de la plataforma Juntas Vecinales, el objetivo es «unirnos y crear un frente común con asesoramiento jurídico suficiente para conseguir que el Gobierno no suprima las juntas vecinales; juntos tendremos más fuerza para hacerles entender que esta medida no conllevará ningún ahorro». El portavoz indicó también que, de momento, se han integrado juntas vecinales de las provincias de León, Burgos e incluso de Pontevedra, pero la idea es contar con las entidades menores de todas las comunidades autónomas de España.
Francisco Simón, alcalde de Truchas y miembro de la junta vecinal de Baillo, afirmó que la supresión de los pequeños pueblos «no tiene ningún sentido, porque las juntas vecinales no suponen ningún gasto y, además, están poniendo dinero para el mantenimiento de los pueblos». El alcalde defendió que, hasta ahora, la labor de las juntas vecinales ha sido muy positiva para su municipio, el cual cuenta con un total de 13 pedanías cuyos ingresos dependen de los cotos de caza y de los terrenos para el pasto alquilados a los ganaderos. «Somos 500 personas repartidas entre 13 pueblos y el Ayuntamiento de Truchas no puede llegar a todas, hasta ahora nos ha ido muy bien así», explicó el regidor.
Por su parte, Germán Valcarce, alcalde del anejo leonés de San Cristóbal de Valdueza, tachó esta medida de «barbaridad» y argumentó que su pedanía «no tiene deudas, como casi ninguna otra. Además ni los alcaldes pedáneos ni los vocales tienen remuneración alguna». En la misma línea se pronunció Javier Ruiz, vocal de la junta vecinal de Nofuentes, en la provincia de Burgos. «No entiendo porqué se quiere suprimir algo que no genera ningún coste, que es la administración mas eficiente y más cercana a los ciudadanos», declaró.
Por su parte, desde la Consejería de la Presidencia se indicó que la protesta no está dirigida contra la nueva ordenación del territorio propuesta por la Junta, sino contra las medidas tomadas por el Gobierno nacional y afirmó que esperarán a conocer cual es el resultado final de la reforma de la Ley de Bases antes de valorar la iniciativa vecinal.
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