IU León, 20/9/2012.- El Concejal y Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Las Omañas, José Luis Fernández Campano, ha registrado esta mañana una moción en defensa de las juntas vecinales y contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración pública.
IU pide al PP de Las Omañas que defienda las Juntas Vecinales del municipio pidiendo la retirada de un anteproyecto de Ley cuya Disposición Transitoria Cuarta elimina las entidades locales menores y traspasa sus bienes y obligaciones a los Ayuntamientos. Además la Junta de Castilla y León podría quedarse con la propiedad definitiva de los montes de utilidad pública de la provincia y los ingresos que generan para las pedanías.
Estamos ante un robo en toda regla que merece una respuesta contundente por parte del Ayuntamiento de Las Omañas, que quedaría vacío de contenido y sin Juntas Vecinales si se aprobase esta Ley.
José Luis Fernández Campano. Portavoz de IU en Las Omañas
D. José Luis Fernández Campano, en su calidad de Concejal y Portavoz de I.U. en el Ayuntamiento de Las Omañas, por la presente somete al Pleno de la Corporación para su toma en consideración, si procede, la siguiente: MOCION
EXPOSICION DE MOTIVOS
El PP ha presentado un anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que pretende modificar parte del articulado de la Ley de Bases de Régimen Local, que afectan a las siguientes materias:
- Delimitación competencial de los municipios
- Gestión de competencias municipales por las diputaciones provinciales
- La comarca
- Convenios y consorcios.
- Competencias y capacidad de gasto de los ayuntamientos.
Finalmente y con especial incidencia en la Provincia de León se eliminan las entidades locales menores de la nueva ley de Bases de Régimen Local. Concretamente mediante la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Con esta regulación se traspasa a los municipios todas las competencias, incluidas las reconocidas sobre su patrimonio, y de este modo la desaparición de las Juntas Vecinales de la provincia de León. Cerca de 1300 y el 34% de las entidades locales menores reconocidas en todo el Estado Español.
A la vista de los antecedentes antes expresados y el contenido del anteproyecto, la primera valoración no puede ser más que profundamente negativa y preocupante.
La reforma prevista bajo la excusa de adecuar la Ley de Bases de Régimen Local a la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo que hace es atacar los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera. Se utiliza la reforma para dar una vuelta de tuerca al municipalismo español limitando su capacidad política y de gestión, limitando el contenido constitucional del principio de autonomía local y eliminando la definición constitucional de los ayuntamientos como parte del Estado.
En definitiva establece una jerarquía entre administraciones que en ningún caso viene reconocida en la Constitución y que rompe con la definición de la estructura territorial del Estado. Con especial incidencia en la provincia de León al coincidir con el desmantelamiento de la administración más ligada a la tradición democrática de León y que mejor vertebra las áreas rurales de la provincia.
En consecuencia avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de IU: más autonomía, claridad competencial y más financiación.
Da una preeminencia jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos que no tiene sujeción legal y relega al mundo municipal a un papel residual en el contenido político de la gestión.
Esta reforma, lejos de ser una mera adecuación legislativa a la normativa estatal lo que hace es modificar el modelo constitucional de la estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin contenido político y sin capacidad de gestión mas allá de lo que decidan las otras administraciones.
A nuestro juicio este proyecto vulnera lo establecido en el Art 142 de la Constitución española y en caso de ser aprobada habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad.
En segundo lugar, el anteproyecto presentado realiza una radical modificación sobre el marco competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad. Desapareciendo otras de gran arraigo en León que sufren estas mismas consecuencias al ser absorbidas por estos mismos municipios.
En tal sentido hay que señalar que desaparece expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y de sanidad que vienen contempladas en el actual texto, se eliminan las relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda entre otras. Asimismo se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley de Bases de Régimen Local que contiene una cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras materias además de las estrictamente definidas.
Se incorpora el principio de una administración una competencia pero no después de un análisis de quién y cómo debería ejercerlas sino simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ampliar su ámbito de actuación en materias de interés para los ciudadanos. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas materias como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud, educación infantil etc, y se obvia conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión cuya única alternativa prevista en la Ley es su desaparición ya que se prohíbe la realización de otras competencias distintas a las señaladas legalmente.
También y bajo la excusa del control de la estabilidad presupuestaria el Estado se reserva facultades de intervención inauditas que pretenden controlar a través del gasto la capacidad política, de gestión y el programa político de los ayuntamientos.
Por tanto en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones, las juntas vecinales en cadáveres y abriendo la puerta, aún más, si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario de las Diputaciones.
En tercer lugar y en contra de la posición política que ha venido manteniendo siempre IU se refuerza el papel de las diputaciones provinciales, estructuras obsoletas, cuestionadas políticamente en muchos casos e inútiles. Se les refuerza en detrimento de las mancomunidades o consorcios constituidos voluntariamente por los ayuntamientos en el ejercicio de su autonomía local. El que las diputaciones puedan realizar los servicios mínimos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por decisión autonómica significa darles un papel político incomprensible ajeno a la estructura territorial del Estado y que solo se puede entender por razones ocultas no explicitadas.
Nosotros seguimos defendiendo la desaparición de las diputaciones provinciales, ya que en este momento sus funciones se suplantan, se confunden y en muchos casos se duplican. No puede ser creíble el discurso del PP contra las supuestas duplicidades administrativas y que se opte por reforzar las diputaciones provinciales salvo que el objetivo final no sea otro que debilitar los municipios, cuya autonomía molesta.
En cuarto lugar no se realiza ninguna mención a la financiación necesaria para asumir los retos municipales y solamente se menciona la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria por encima de todo, no se menciona ni una sola vez a los ciudadanos y sus derechos y no se aborda la insuficiencia financiera local. Bien al contrario las disposiciones transitorias previstas en el anteproyecto establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales estableciendo tres opciones para los ayuntamientos si los mismos son deficitarios: o se cierran o se privatizan o se intervienen. Filosofía de gestión del PP elevada a rango de ley.
En definitiva desde IU analizamos con extraordinaria preocupación este anteproyecto, consideramos que el mismo anula el principio de autonomía local previsto en el Art 142 de la Constitución que permitiría, en el caso de que el mismo se apruebe, interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Asimismo discrepamos profundamente del marco competencial previsto y nos oponemos radicalmente al modelo del PP de regular ayuntamientos controlados políticamente, sin capacidad de gestión, y elimina las administraciones más cernazas al ciudadano como las entidades locales menores. Cuyas competencias deben reforzarse, su capacidad democrática potenciarse y su proceso de toma de decisiones alimentarse; poniendo como ejemplo la experiencia de los Concejos Abiertos de la tradición leonesa de las juntas Vecinales.
Pero sobre todo nos oponemos a este anteproyecto porque es malo para los intereses de los ciudadanos de nuestro país que a diario utilizan miles de servicios municipales de carácter educativo, de salud, de empleo de vivienda, deportivos, culturales, en materia de igualdad, de promoción de la infancia o la juventud, de carácter social , de atención a los dependientes, etc… servicios que con este anteproyecto están abocados a desaparecer, desapareciendo en consecuencia su prestación a los ciudadanos.
Esta contrarreforma supone un paso más en el objetivo del PP de debilitar el Estado, de reducir el espacio de lo publico.
En esta época de crisis provocada por otros que no han sido los ayuntamientos españoles esta propuesta de reforma provocará más pobreza, más desigualdad y menor cohesión social, a cambio, eso sí, de una sacrosanta estabilidad presupuestaria que por cierto los ayuntamiento han cumplido siempre porque legalmente siempre se les ha exigido.
MOCION
“El Ayuntamiento de Las Omañas insta al Gobierno de España a la retirada inmediata del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sosotenibilidad de la Administración Local que modifica la Ley 7/1985 Reguladora de la Ley de Bases de régimen Local en relación con las competencias de las entidades Locales. Instará del mismo modo al cumplimiento del Artículo 142 de la Constitución Española para la defensa de la Autonomía Municipal.
“El Ayuntamiento de Las Omañas insta al Gobierno de España a respetar la tradición democrática de los territorios que todavía disfrutan de una ordenación territorial fundamentada en la existencia de Entidades Locales Menores; como es el caso de las Juntas Vecinales de la Provincia de León. Conservando las mismas en la Ley de Bases de Régimen Local y respetando sus competencias.
“El Ayuntamiento de Las Omañas insta al Gobierno de España a modificar el régimen de ordenación del territorio; iniciando un proceso de eliminación de las Diputaciones Provinciales a favor de las Comarcas.
“El Ayuntamiento de Las Omañas insta al Gobierno de España a iniciar un Proceso de Negociación de un Pacto Local con la FEMP que permita la financiación correcta de los Municipios, la pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y la desaparición definitiva de las competencias impropias que deben asumir por la actuación irresponsable de las Comunidades Autónomas y el propio Gobierno Central. Se negociará igualmente la adaptación de la Ley de Régimen Local y Haciendas Locales a esta nueva realidad.
En León, a 20 de septiembre de 2012.
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