La Razón, 10/10/2012.- Valladolid- Sobre el papel, buenas noticias. En la realidad, un tirón de orejas a representantes de otras instancias de gobierno que siguen en la inservible estrategia del «y tú más» y no ceden un ápice para pactar. Si bien, el acuerdo marco sellado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el secretario general del PSOE autonómico, Julio Villarrubia, no pretende ser una respuesta a la desafección ciudadana hacia la España autonómica que ha plasmado recientemente el CIS. Es, más bien, en palabras de Juan Vicente Herrera, una acción «responsable, democrática y adecuada» que antepone el interés general al de los partidos PP -que sustenta a la Junta- y PSOE, que unidos engloban un grado de representación en las instituciones castellano y leonesas que supera el 90 por ciento.
Cinco fueron los ámbitos en los que Junta -también PP- y PSOE irán de la mano durante los próximos meses. El más destacado, por lo difícil de la situación de muchos hogares, referido a la puesta en marcha de un Plan de choque de empleo local, que se dirigirá a los municipios y a los jóvenes y se perfilará en el marco del Diálogo Social. Su presupuesto, con cargo al próximo año, será de 30 millones de euros, de los que 20 se dirigirán al ámbito municipal y el resto al colectivo juvenil. Según expuso Julio Villarrubia, «posibilitará varios cientos de puestos de trabajo» y supondrá un «mensaje a miles de personas que están en el pozo del desempleo de que se puede ver algo de luz».
Ordenación del Territorio
Otro apartado es el referido a la Ordenación, Servicios y Gobiernos en el Territorio, que se constituye en el gran reto de la Junta -junto con el empleo y los servicios públicos- hasta que concluya el año. En concreto, el documento contempla las tres peticiones planteadas por el principal partido de la oposición, referidas a la no supresión forzosa de ningún municipio ni de entidades locales menores, desechar la puesta en marcha de organismos intermedios sin raíz histórica en la Comunidad y un intento de financiación incondicionada.
En este sentido, los ayuntamientos recibirán un mínimo de 3.000 euros anuales y un máximo de 1,5 millones, según su tamaño. Para el próximo año se consignarán fondos, en ese capítulo, por mil euros básicos por municipio y catorce por habitante. Una distribución que se hará contando con parámetros como la población, el nivel competencial y las entidades menores que dependan de los consistorios, fijándose en todo caso una cuantía mínima de 2.000 euros a sumar a los mil euros de partida.
Herrera y Villarrubia pactaron que estas partidas se incrementen un 10 por ciento en las cuentas de 2014 y otro tanto en las de 2015. En el futuro se tenderá a que la financiación sea incondicionada en el mayor porcentaje posible, según reza el contrato.
Si bien, en lo que a la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, que la administración regional pretende aprobar cuanto antes, se acordó esperar a que el Estado modifique la Ley Básica de Régimen Local -previsiblemente a finales del próximo mes-, para, en los tres meses siguientes dar luz verde a un proyecto legislativo que materialice la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad. «Aquí nadie pretende correr más que nadie», avisó, no obstante, Herrera. También se impulsará la consecución de un Pacto Territorial sobre cooperación económica local (heredero del Pacto Local), que se negociará en el marco de la Federación Regional de Municipios y Provincias.
De establecerán fórmulas de cooperación entre municipios de más de 20.000 habitantes y sus alfoces y se potenciarán las mancomunidades de interés general. También se apuesta por la promoción y el fomento de las instituciones de autogobierno de la Comarca de El Bierzo, la única que reconocida legalmente en toda Castilla y León.
Otro apartado a destacar se centra en el compromiso de que la Junta «asumirá progresivamente aquellas competencias que legalmente le corresponden y sean impropias de los entes locales».
Autogobierno
El primero de los puntos del texto acordado por Junta y PSOE se ciñe a las instituciones de autogobierno de Castilla y León, que darán pábulo a un proyecto de Ley de reforma que afectará al Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el de Cuentas y el Consejo Económico y Social (CES).
En esos organismos se suprimirán los secretarios generales para que exista uno sólo, adscrito a la Presidencia de las Cortes.
De la sección presupuestaria del Legislativo dependerá su funcionamiento y el remanente de contabilidad que se registre, se derivará a las consejerías sociales de la Junta, que son Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación.
Con el reto de ahorrar costes también se ampliarán sus funciones, se agilizará la tramitación telemática y se publicará sólo en formato electrónico y en plazos más cortos de emisión los informes o consultas.
El CES mantendrá el número de consejeros, si bien dos de ellos, elegidos por la Junta, pasarán a nombrarse por los grupos parlamentarios de las Cortes. De igual manera, en la entidad presidida por José Luis Díez Hoces, se suprimen dietas de consejeros.
También con la finalidad de redimensionar la administración, se dio el visto bueno a un apartado titulado «reordenación del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad». Un conglomerado compuesto por 38 entidades en la actualidad.
Los firmantes formarán un grupo de trabajo que concretará los pasos a seguir y determinará quién lleva a cabo un informe financiero y de gestión que establezca la necesidad y dimensión del futuro sector público castellano y leonés. «Serán ellos quienes decidan si ese informe se externaliza o no», clarificó Juan Vicente Herrera.
A este respecto, advirtió que el propósito de la reordenación pasa por rebajar el coste de su gasto corriente y de personal en, al menos, un 50 por ciento antes de finales del próximo año.
Consejo de la Juventud
Un último espacio para la unidad se centra en el Consejo de la Juventud, institución que aglutina a asociaciones juveniles, secciones políticas, entidades prestadoras de servicio y agrupaciones filiales de carácter provincial, comarcal y local. En este caso la acción se centra en «privatizar» en 2013 este organismo que seguirá siendo un ente público de derecho privado. Se revisará, por tanto, su actual estatus.
Juan Vicente Herrera valoró este gran acuerdo y recordó que estas alianzas no son ajenas a la Comunidad. En concreto se refirió al «consenso inconmovible fraguado» por Junta y PSOE en torno a las entidades de ahorro que operaban en Castilla y León y que contemplaba el respeto a la autonomía de las cajas, algo que «no nos llevó a los objetivos que teníamos marcados». Algo que respaldó Julio Villarrubia, quien resaltó el valor del acuerdo, el consenso y el diálogo defendido por los socialistas, y «puesto sobre la mesa en los últimos años».
Asimismo, el presidente señaló que «se ha trabajado con aportaciones decisivas» a cuatro de los asuntos que desgranó en el último Debate de Política General, como son el Plan de Estímulo para el Crecimiento y el Empleo, Sostenibilidad de los Servicios Básicos, Modelo de Ordenación del Territorio y medidas de racionalidad, a las que se sumó el plan de reducción del sector público y fundacional. «Desde el primer momento se ha trabajado de manera intensa, con respeto y la manor reserva», reconoció Herrera.
Algo que corroboró Julio Villarrubia, quien, no obstante, no renunció a presentar enmiendas a proyectos legislativos como el de Ordenación del Territorio o los Presupuestos, que se presentarán a principios de la semana próxima -«lunes o martes», precisó Herrera a este periódico-. Será entonces, en las Cuentas, donde podrán verse «las discrepancias que han impedido» más lazos de unión.
En concreto, cabe señalar, según detalló Villarrubia, los apartados fiscal y lo referente a la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, lo que no ha impedido la mano tendida en otras áreas.
Agua y caña para pescar
Aún así, hubo hermandad en la mesa en la que se firmó el acuerdo. Así, Julio Villarrubia dijo que no le dolía en prendas, «aunque a algunos no les guste», reconocer el esfuerzo llevado a cabo por Herrera. En este contexto, reseñó que desde su formación se le instó a «dar caña» al presidente, a lo que el titular de la Presidencia de la Junta confesó que desde su entorno se le había planteado algo parecido: «al enemigo ni agua».
Juan Vicente Herrera hizo un juego de palabras y recordó que «para pescar hay que tener caña y agua», para después agregar que «los acuerdos son las personas y sus circunstancias».
Sufragio directo para elegir diputados
- En un momento en el que la calle vive convulsa los avatares de la política, y cuando esa profesión que -no hay que olvidarlo- sirve para dar cuerda al engranaje socioeconómico, el pacto de ayer aporta dos lecturas. La primera, el acuerdo en sí. En un momento en el que es necesario unir fuerzas y no escudarse en siglas para mirar los problemas de perfil. Y la segunda, una propuesta que responde a un compromiso de legislatura del presidente Herrera, en la línea de adaptar la política a las demandas sociales. En el documento firmado ayer en Valladolid, Junta y PSOE se muestran de acuerdo en reformar y modernizar las diputaciones provinciales para adecuarlas al nuevo modelo de Ordenación del Territorio que se cuece en Castilla y León. Servirá para suprimir duplicidades. Y, en ese empeño, se lanza una sugerencia : los diputados provinciales se elegirán por sufragio directo. Si bien, para ello los partidos deberán mover ficha en Madrid para revisar la legislación del Estado.
Castilla y León respalda a Renault
- El presidente de la Junta. Juan Vicente Herrera, se mostró optimista de cara a que Renault aplique un nuevo Plan Industrial en sus factorías castellano y leonesas. Ante los retos de la multinacional francesa, que calificó como la primera industria de Castilla y León, Herrera cuentan con «todo nuestro respaldo» y valoró el liderazgo de la firma del rombo en nuestro país.
- Herrera sentenció que existen «serias posibilidades» de que España logre ese plan industrial para las factorías españolas, a partir de un acuerdo social, a partir de un «amplísimo sentido de responsabilidad». De igual manera confió en que el proyecto obtenga el apoyo institucional necesario, por parte de la Junta y el Gobierno central, a partir de ayudas que habrá que perfilar.
- El líder socialista, Julio Villarrubia, por su parte, tras reunirse también con José Vicente de los Mozos,fue rotundo: «creo que vamos a tener buenas noticias».
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