Las XII Tablas, 22 de Octubre de 2012.- El anteproyecto de ley para la racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local elaborado por el Gobierno pretendía eliminar de raíz las 3.725 entidades locales menores existentes en España. La justificación de tal medida estaba basada en la pretensión de eliminar gastos de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio financiero, y en la necesidad de que cada ente ejercitara las competencias que le fueran propias con la financiación adecuada.
Indudablemente estos principios, en abstracto, son válidos y loables. Lo que ocurre es que el Gobierno, acostumbrado como está en los últimos tiempos a arrasar con todo lo que se le pone por delante, ha hecho de las entidades locales menores un totum revolutum y pretendía acabar con todas desconociendo que algunas de ellas vienen actuando desde su creación con un respeto absoluto de los principios en los que el anteproyecto de ley basaba las razones de su eliminación.
Desconocemos la realidad financiera y económica de otras entidades locales menores, pero en este mismo medio hemos apostado por las parroquias rurales asturianas como ejemplo de buena salud económica y financiera, fruto de una excelente gestión por parte de sus órganos rectores que siempre han respetado el principio de que sólo se gasta aquello que previamente se ingresa.
Decíamos en el artículo en el que abogábamos por el mantenimiento de la parroquia rural asturiana que, además de estos aspectos financieros y fiscales, la parroquia rural se había convertido en una institución que representaba un hecho identitario de Asturias, núcleo de supervivencia de las costumbres jurídicas asturianas y que por ello, desde las instituciones públicas autonómicas debía lucharse por su continuidad.
De sabios es reconocer los errores. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a resultas de la presión ejercida desde la propia Federación de Parroquias Rurales, desde esta revista y desde otros medios, ha hecho pública una nota de prensa en la que manifiesta que las entidades locales menores recibirán el mismo trato que el resto de las Administraciones Públicas en la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que tiene previsto aprobar el Gobierno en las próximas semanas, de tal manera que sólo se suprimirán aquellas que incumplan el déficit. Es decir, las entidades locales menores sólo pervivirán si cumplen con la ley de estabilidad presupuestaria, no pudiendo gastar más de lo que ingresan y debiendo presentar sus cuentas anuales para poder ser examinadas y evitar así la opacidad.
Precisamente esto es lo que vienen haciendo desde su creación en el año 1986 todas las parroquias rurales asturianas sin excepción.
Como decíamos en el artículo citado, las parroquias rurales asturianas, además, se han mostrado como entes que hacen una excelente gestión de los montes, pastos, praderías, cotos de caza y aguas de su competencia, que debe ser adecuadamente valorada por la sociedad asturiana.
Enhorabuena, pues, a todos los núcleos de población estructurados en torno a las parroquias rurales asturianas y también, por qué no, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que acierta cuando rectifica.
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