lunes, 1 de octubre de 2012

Ay, la reforma del territorio


ABC, TERESA SÁNCHEZ VAQUERA, Día 01/10/2012. La ciudadanía exige que se eviten las duplicidades, las confusas competencias y el derroche económico. Cuentan que el otro día el presidente Juan Vicente Herrera se puso muy serio en una reunión de los máximos dirigentes del PP de Castilla y León y les exigió disciplina de partido y la máxima lealtad interna para sacar adelante la tan necesaria reforma del territorio. Herrera dejó claro en su partido que el proyecto de ley de Ordenación del Territorio estará listo antes de que acabe al año, que respetará los municipios y que la novedad estará en la creación de las mancomunidades de interés comunitario, en un intento de esclarecer y priorizar las competencias de los servicios que prestarán ayuntamientos, diputaciones provinciales y Junta.

Dicen algunos de los asistentes que la seriedad y contundencia del presidente Herrera fue la de las grandes ocasiones. Como, por ejemplo, cuando hace dos años dio un puñetazo en la mesa para poner orden entre las díscolas cajas de ahorro de la Comunidad para reorganizar el sistema financiero y crear el pulmón financiero que necesitaba Castilla y León. De aquella reforma del sistema financiero no quedan nada más que los restos del naufragio. Precisamente los últimos restos en llegar a la playa han sido los de Caja España-Duero, de cuyo fracaso nadie se hace ahora responsable. Ni los políticos que impulsaron un proyecto mal concebido ni los consejeros que lo ejecutaron torpemente. Castilla y León, al igual que el resto de España, necesita profundas reformas, no meros maquillajes. Y la reordenación del territorio es una de esas reformas inaplazables. Pero lo que no puede ser que es que la Junta y el PP impulsen una reforma incompatible con la que el Gobierno central está diseñando a nivel nacional. O se coordinan ambos planes o la iniciativa de la Junta está abocada al fracaso.

Además, la ciudadanía exige una reforma en profundidad que evite las duplicidades, las confusas competencias y el derroche económico. La reforma debe ser profunda o no será eficaz. La reforma debe poner en cuestión las bases del actual sistema de ordenación del territorio, que, no se olviden, son del siglo XIX. Y estamos en el siglo XXI. La lógica ciudadana no entiende que se quieran mantener las mismas estructuras administrativas del siglo XIX añadiendo ese nuevo invento de las mancomunidades de interés comunitario. La administración autonómica se construyó en el siglo XX dejando intacta la administración municipal, con sus juntas vecinales, ayuntamientos, mancomunidades y comarcas. No es de extrañar que el resultado haya sido la ineficacia y el derroche por el abuso de duplicidades.

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