Diario de León, 27/10/2012.- La Plataforma Omañesa en Defensa de las Juntas Vecinales denunció ayer que si el Gobierno de Mariano Rajoy lleva a efecto la supresión de las entidades locales menores en la nueva Ley de Régimen Local supondrá la pérdida de ocho millones de euros de ingresos de los pueblos leoneses que gestionan los cotos de caza. La plataforma se basa en un informe titulado El expolio de los bienes comunales de los pueblos leoneses: Los cotos de caza, en el que aseguran que en laprovincia hay 1.025 cotos privados de caza de los que 491, que representan el 48% del total, están en manos de las entidades locales menores.
Según los datos recopilados por la plataforma, de las 1.286.380 hectáreas que en la provincia se dedican a cotos de caza, 595.000 son propiedad de las juntas vecinales. «Si valoramos la renta media de los cotos en 13,55 euros por hectárea —según datos recogidos de la Federación Española de Caza—, el valor estimado de la renta actual que perciben los pueblos de León en concepto de arrendamiento de caza asciende a 8.062.250 millones de euros», señalan desde la plataforma, un patrimonio que «perderán los pueblos leoneses» si se lleva a efecto la reforma.
La plataforma defiende que, aunque el destino de «este botín que se incautará el Estado» no se conoce aún, «no será gestionado con el criterio de utilidad pública que aplican actualmente los pueblos y sus juntas vecinales». Bien al contrario, los representantes vecinales consideran que «el expolio anunciado no es más que un mecanismo extraordinario de ingresos para enjugar décifit público y dotar a municipios y diputaciones de activos y bienes de propios con los que hacer caja».
La plataforma también ha elaborado un informe similar con los montes comunales como objeto de análisis. En este caso, el estudio detalla que existen 970 montes de utilidad pública en la provincia, de los cuales 904, el 93%, pertenecen a las juntas vecinales. Consideran que el valor de cada hectárea oscila entre los 3.000 y los 6.000 euros, lo que supondría un valor patrimonial para las pedanías de entre 1.536 y 3.072 millones de euros, ya que gestionan 512.000 hectáreas en León.
A juicio de la plataforma, «las cifras del impacto económico de la supresión de juntas vecinales confirman que la aprobación de la Ley que suprime las pedanías significará el fin del mundo rural leonés».
Así, los miembros de la plataforma piden a todas las juntas vecinales que expresen su rechazo y se movilicen ante el anteproyecto que, de aprobarse tal y como figura, incapacitará a los pueblos para que gestionen «de manera eficiente, democrática y directa sus propios recursos y necesidades, y cercenará siglos de funcionamiento ejemplar a través de los concejos vecinales».
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